¿Andalucía perjudicada? Falso

Por Luis Ángel Hierro, profesor de la Universidad de Sevilla y Diputado socialista en el Congreso de los Diputados (EL PAÍS, 22/04/06):

Cuando en el Parlamento de Cataluña se aprobó el proyecto de Estatuto catalán tuve ocasión de señalar en este mismo periódico algunos reproches que, desde una perspectiva andaluza, se podían realizar al sistema de financiación proponía dicho proyecto. De hecho, incluso me comprometí públicamente a no votar el estatuto catalán si no se producían cambios sustanciales en el mismo. En estos momentos, una vez aprobado el Estatuto en el Congreso de los Diputados, con el voto favorable del que suscribe, parece oportuno hacer un repaso de los cambios realizados, para que así quede claro por qué el mismo ya no tiene implicaciones negativas para Andalucía ni para el Estado.

En efecto, cualquiera que disponga de conocimientos suficientes sobre los sistemas de financiación autonómica podrá apreciar un cambio sustancial entre el Estatuto catalán que entró en el Congreso de los Diputados y el que ha salido del mismo, cambio que puede resumirse como sigue:

– Se elimina el principio de bilateralidad en la financiación y se somete a lo establecido en la LOFCA y desaparecen los principios de cercanía y subsidiariedad en caso de conflicto normativo (art. 202).

– La Generalitat ya no se apropia de todos los tributos como se pretendía sino sólo de los cedidos (art. 203) y las potestades regulatorias e inspectoras que pretendían extenderse a todos los tributos se limitan a los tributos cedidos totalmente (art. 204). Es decir en ambos artículos se reproduce lo que ya existe ahora.

– No es el Estado el que participa en los tributos recaudados en Cataluña como se pretendía, sino que es la Generalitat la que participa en los tributos estatales según las necesidades de gasto (art. 208), como ya ocurre ahora.

– La Generalitat ya no “contribuye a la solidaridad” para que se puedan prestar los servicios en otras Comunidades según los criterios establecidos en el Estatuto, sino que sus recursos se ajustan “en más o menos por su participación en los mecanismos de nivelación y solidaridad” y es el Estado el que fija la nivelación y solidaridad (art. 208). Es decir, se elimina la pretensión de que la nivelación de servicios sea solidaridad.

– Asociado a ese criterio de solidaridad se pretendía que la nivelación se basase en la población, mientras que ahora son las necesidades de gasto, que fijan las participaciones en los tributos, las que toman como criterio de referencia la población (art. 208). Ello es lo mismo que reconocer implícitamente que la garantía de suficiencia se basa en la población. Es decir, el mismo sistema que ahora se encuentra vigente.

– La pretensión de que en Cataluña sólo existiese la Agencia Tributaria Catalana se elimina y ahora esa Agencia sólo se encargará de los tributos cedidos totalmente y la Agencia Tributaria del Estado de los cedidos parcialmente y el resto (art. 205). Por tanto todo igual que ahora salvo en lo relativo al Impuesto sobre patrimonio.

– La pretensión de resolver todas las reclamaciones económico administrativas de los contribuyentes queda limitada por la potestad del Estado de unificación de criterios (art. 206).

– Y el endeudamiento y el déficit de la Generalitat queda sometido no sólo a la normativa europea como se pretendía sino también a la normativa del Estado (arts. 217 y 218). Es decir también como ahora.

En definitiva, la pretensión que existía de convertir la financiación de Cataluña en un sistema de cupo encubierto ha desaparecido y la de que los servicios que se prestan en otras Comunidades sea gracias a la magnificencia solidaria de Cataluña también, con lo que el sistema propuesto en su día queda totalmente desmontado y ajustado casi literalmente a lo que ya existe. “Limpio como la patena”, como prometió el presidente Zapatero.

No obstante, es cierto que el Estatuto introduce algunos cambios que van a tener reflejo en algunos aspectos del nuevo sistema de financiación que se negocie entre todas las Comunidades Autónomas. Muchos de los cuales no sólo no son preocupantes, sino que son buenos para Andalucía y sus ciudadanos.

Por ejemplo, el traspaso de las competencias en materia de reclamaciones económico administrativas va a ser positivo, ya que muchas veces ocurría que los Tribunales Económico Administrativos mantenían claras confrontaciones con las interpretaciones de las Haciendas autonómicas. Algo totalmente incoherente ya que estos órganos no son entes judiciales sino administrativos y en principio deben interpretar las normas fiscales con los criterios de la Administración a la que se reclama.

También es bueno que a medio plazo termine existiendo una Agencia Tributaria única consorciada que recaude todos los tributos, incluidos los municipales si fuese posible, en cada Comunidad Autónoma, ya que se racionalizarían todos los procedimientos, se disminuirían los costes y se facilitaría el acceso de los contribuyentes.

Finalmente, también es positivo que se incluya entre las competencias de las Comisiones Mixtas Estado-Comunidad Autónoma la negociación de la participación en los fondos estructurales europeos, ya que no se pierde nada en los fondos tradicionales, cuyo reparto viene predefinido por la Unión Europea, y sin embargo permite a la Comunidad Autónoma participar en la distribución del Fondo de Cohesión que hasta ahora había sido distribuido discrecionalmente por el Estado.

En consecuencia, es falso que Andalucía salga perjudicada. Más al contrario, la realidad es que si se reproducen ciertos artículos en el Estatuto de Andalucía los andaluces saldremos ganando, ya que se mejorará la gestión y se podrán reducir situaciones discriminatorias como las sufridas durante el Gobierno de Aznar con el Fondo de Cohesión.

De hecho, la única prevención que debemos tener es que en nuestro Estatuto se igualen las competencias en materia de financiación y se incluyan variables de reparto de recursos que sean importantes para Andalucía, para que al final la LOFCA las recoja todas y se pueda construir un sistema de financiación suficiente para todas las Comunidades Autónomas.

Siendo así, resulta sorprendente que por parte de algunos se nos acuse de haber aprobado “algo malo para Andalucía” precisamente en materia de financiación autonómica. Ello denota bien un desconocimiento total de lo que es la financiación autonómica, bien un intento político de manipular a la opinión pública. En el primero de los casos, más valdría hablar menos de lo que no se conoce, en el segundo lo mejor sería que nos viésemos en las próximas elecciones y así los ciudadanos podrían decir quien ha defendido más a Andalucía, si ellos o el PSOE de Andalucía.