¿De qué monarquía hablamos?

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 04/10/07):

La política española empieza a caer en un vicio que hasta hace poco parecía reservado a la política catalana: inventarse falsos problemas. El riesgo de este vicio es que estos problemas ficticios acaben convirtiéndose en verdaderos. Situados en esta peligrosa senda, ahora el turno le ha tocado a la monarquía. Ciertamente, pocos temas ofrecen tantas posibilidades para la demagogia fácil: quizás este es el motivo de haberlo escogido como espacio de debate. Intentaremos, en este artículo, aportar algunos gramos de razón.

¿Por qué es un problema ficticio? Porque, según muestran las encuestas, desde los comienzos de la democracia tanto el Rey como la monarquía apenas son cuestionados por los españoles; es más, la Corona siempre ha sido la institución política más valorada en todos los sondeos. Sólo un 2% de españoles considera que la monarquía debe ser reformada en la Constitución.

Por tanto, el ruido mediático ni de lejos se corresponde con la opinión pública.

¿Cuáles son las principales críticas a la monarquía? Una primera, la más demagógica, es que se trata de una institución económicamente muy costosa para el erario público, es decir, para el bolsillo de los ciudadanos. También es la crítica más fácilmente desmontable: basta con acudir a los presupuestos generales del Estado y ver que, exactamente, es la institución más barata, con mucha diferencia. Concretémoslo en el proyecto de presupuestos para el año próximo que se está tramitando en el Congreso: a la Casa del Rey se destinan 8,66 millones de euros; al Ministerio de la Presidencia, 358,33 millones; a las Cortes Generales, 232,53 millones; al Tribunal Constitucional, 26,27 millones; al Consejo General del Poder Judicial, 72,86 millones; al Consejo de Estado, 11,75 millones; al Tribunal de Cuentas, 57,16 millones. Los números hablan por sí solos. ¿Es una institución cara?

La otra crítica tiene más calado pero, a mi modo de ver, es el producto de una confusión. La crítica se suele formular así: “Yo soy un demócrata y, por tanto, un republicano: la monarquía nunca puede ser democrática”. Primera objeción: ni todas las repúblicas son democráticas, ni todas las monarquías, antidemocráticas, ello es evidente si echamos una mirada al mundo. Incluso algunas de las sociedades más igualitarias del mundo son monarquías parlamentarias: es el caso de Dinamarca, Holanda, Suecia y Noruega. Y no hace falta añadir, porque las tenemos in mente, una larga lista de monarquías y repúblicas que son todo lo contrario de una democracia. Luego la equivalencia entre democracia y república es confusa.

La confusión viene de nuestra historia, tanto europea como española. Ciertamente, desde la Revolución Francesa las repúblicas se enfrentaron a unas monarquías que no eran para nada demócratas, es decir, unas monarquías que consideraban que el poder estaba en el rey – no en el pueblo- porque así lo decían la historia y la tradición. Los derechos históricos de los reyes se resistían a ceder ante los derechos democráticos de los ciudadanos. Así fue en España.

Hasta que cayó Alfonso XIII sólo se podía ser plenamente demócrata si se era republicano. El constitucionalismo histórico español del siglo XIX, con más o menos intensidad, siempre reconoció a los reyes algún poder político.

Pero esto ya no es así. En nuestra Constitución el Rey no posee poder político alguno, ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial, ni de ningún otro tipo. Si lo tuviera, al no ser un cargo electivo, no estaríamos en una democracia política. El Rey es titular de la Corona, nombre que adopta la jefatura del Estado en España y, dado que es un cargo hereditario, no puede tener poderes políticos propios, sólo tiene deberes, cumplir con determinados actos debidos y ejercer potestades meramente formales. Como jefe del Estado, es el símbolo de su unidad y permanencia. El responsable de sus actos políticos es siempre otro – el presidente o algún ministro, en ciertas ocasiones el presidente del Congreso-, porque no es él quien toma las decisiones políticas.

Por ello, el rey de España es un rey sin poderes políticos porque el titular originario de estos poderes es el pueblo y quien los ejerce en su nombre son los órganos legitimados por la voluntad popular. La forma de Estado en España no es una monarquía sino un Estado social y democrático de derecho, como dice el art. 1.1 de la Constitución. La monarquía es una forma de gobierno, en concreto, una forma de gobierno parlamentaria (art. 1.3) en la que el jefe del Estado es un rey. Si en lugar de una forma de gobierno la monarquía fuera una forma de Estado no viviríamos en una democracia, sino en una dictadura.

Por tanto, tranquilos los que se sienten republicanos: se puede ser demócrata y monárquico sin contradicción alguna. La actual monarquía se inicia con la Constitución, no es continuadora de la de Alfonso XIII, mucho menos de la de Felipe V.

Hoy la contradicción no está, ni puede estar, entre monarquía y república, sino entre democracia y dictadura. Desde este punto de vista, la crítica a la monarquía no tiene fundamento. Sólo la tendría si el Rey dejara de cumplir con sus obligaciones constitucionales, intentara tener influencia allí donde no tiene poder, es decir, si por canales indebidos abusara de su condición de jefe del Estado. En ocasiones, algunos se lo han pedido. El Rey, afortunadamente, nunca ha caído en esta tentación.