¿Obligados a confiar en ETA?

Por Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos (EL CORREO DIGITAL, 22/01/07):

Días antes de que ETA volviera a asesinar en Barajas, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, escribía una carta en la que reproducía errores que han permitido consolidar en ciertos sectores de nuestra sociedad actitudes que dificultan la erradicación de la violencia terrorista. Su tradicional carta de adviento, titulada ‘Busca la paz y corre tras ella’, utilizaba una retórica aparentemente vacía que resultaría irrelevante si no aportara ideas claves con las que sostener un peligroso sistema de valores y comportamientos frente al terrorismo. La influencia social y política de la Iglesia vasca acentúa la importancia de un mensaje que recibió amplia cobertura mediática. Destacaba en el mismo el habitual recurso a los eufemismos eludiendo cualquier alusión explícita al terrorismo perpetrado por ETA y a la constante amenaza de esta organización terrorista sobre la sociedad a la que Uriarte se dirigía. A través de tan deliberada omisión se encubría la verdadera y patente realidad de una sociedad cuyos deseos de paz -término, éste sí, profusamente empleado por el obispo- se topan con un obstáculo fundamental: la intimidación de una organización terrorista que priva de libertad a los ciudadanos mediante la aplicación del terror.

Esta deformadora ausencia que relativiza el dolor de las víctimas del terrorismo y las consecuencias políticas de la violencia sirve para redefinir el auténtico problema al que se enfrenta el País Vasco, manipulación que permite proponer fórmulas que se presentan como resolutorias cuando, por el contrario, lo que hacen es beneficiar los intereses de la organización terrorista y su entorno. Así ocurre porque la eliminación referida complementa la deshumanización de las víctimas del terrorismo a la que también recurre el terrorista, facilitándose la equiparación de violentos y amenazados en la asignación de responsabilidades para alcanzar la paz.

Uriarte distribuía equitativamente la culpa y la responsabilidad por las dificultades que atravesaba «el camino hacia la paz» entre representantes políticos democráticamente elegidos y una organización terrorista, reclamando de ambos ‘interlocutores’, colocados en el mismo plano de legalidad y moralidad, que recuperasen la «confianza mutua». Con ese fin planteaba: «Recuperar la confianza reclama ofrecer signos inequívocos de una auténtica voluntad de paz. Tales signos producen una distensión, bien necesaria en estos momentos. El cese total de la kale borroka y algunas medidas penitenciarias de carácter humanitario serían unas primeras señales prometedoras». Repárese en la injusticia que supone demandar de un Gobierno democrático «signos inequívocos de una auténtica voluntad de paz» y «distensión» frente a una banda terrorista que ha continuado amenazando a lo largo de su declaración de «alto el fuego». El obispo subrayaba este maniqueo esquema de perversos parangones al exponer lo siguiente: «El diálogo suele bloquearse con frecuencia porque los interlocutores, condicionados por el entorno, no renuncian a aspiraciones maximalistas o no se apean de posiciones excesivamente rígidas. La paz posible reclama una pronta renuncia a ambas actitudes. La grandeza de ánimo para recortar aspiraciones y el coraje para flexibilizar posiciones desatascan los bloqueos que, si se prolongan, pueden acabar arruinando los procesos. Comprendemos que resultan muy costosas las dos actitudes requeridas. Pero la paz es un bien superior que merece y necesita estas renuncias».

Sin duda el cumplimiento de la legalidad es una «aspiración maximalista» de irrenunciable cumplimiento para un gobierno democrático, sin que por tanto sea rigurosa su equiparación a las ambiciones absolutistas y criminales de una organización terrorista que encuentra en el ‘diálogo’ propuesto un rentable sustituto a la estricta aplicación de la ley que tanto la debilita. Asimismo mediante esa profusa utilización de términos positivos como ‘paz’ y ‘diálogo’, tan frecuentes también en el discurso del lehendakari, se volvía a soslayar que son las constantes demostraciones de violencia de ETA el único obstáculo que se erige en ese «camino hacia la paz» inalcanzable mientras se continúe ignorando la injusticia que supone exigir a quienes se ven privados de su libertad lo mismo que se reclama de aquéllos que les amenazan. Decepcionante ha de resultar para los amenazados que esta autoridad eclesiástica propugnara el olvido y la indulgencia apelando a la ansiedad colectiva de una sociedad deseosa de ver el final del terrorismo, ejerciendo de ese modo una sutil coacción al augurar su conclusión siempre y cuando el Estado aceptara ‘renuncias’ que deben leerse como concesiones a una organización terrorista y, por tanto, como incentivos para su perpetuación.

Este tipo de discurso parece inspirado en la propaganda de Elkarri, que tan hábilmente logró presentarse como un bienintencionado y neutral ‘mediador’ en el ‘conflicto vasco’, en contra de toda evidencia y pese a defender una agenda política coincidente con la del nacionalismo institucional. Estos actores han banalizado el coste humano del terror propagando una ideología comprensiva de la violencia etarra mediante la tergiversación de su etiología, o sea, el absolutismo ideológico de individuos fanáticos que persiguen la imposición violenta de un ideario nacionalista en contra de la voluntad de la sociedad. Se ha construido así una equidistancia entre demócratas y terroristas, que lógicamente deslegitima a los primeros ante tan desigual referente, provocando la desmoralización de quienes sufren la intimidación de los violentos y la injusta incomprensión de aquéllos que deberían mostrar una solidaridad declarada pero que las comparaciones referidas invalidan. Así ocurre porque, como el comunicado de Uriarte sugería, los autodenominados ‘mediadores’ inventan una ETA generosa y razonable, asumiendo como realistas sus planteamientos mediante la comparación de una organización terrorista con un Gobierno democrático y reclamando concesiones de éste para reparar «la pérdida de confianza mutua».

Como demuestra la dilatada experiencia en negociaciones con ETA que nuestro país puede exhibir, y a la que los ‘mediadores’ parecen ajenos, no es un Gobierno democrático el que ha de generar confianza en una organización terrorista, sino ésta la que debe demostrar a quienes ha asesinado y amenazado su voluntad de aceptar las reglas de la democracia. Así se deducía de las declaraciones del ministro Jordi Sevilla en enero de 2005 al advertir a ETA de que una tregua sería ya «insuficiente», pues «si quieren ser creíbles tienen que decir dónde y cuándo abandonan las armas» (EL CORREO, 23-1-2005). Tan coherente declaración ha sido ignorada por responsables políticos que, seducidos por la propaganda terrorista, han obviado el condicionante que supone sufrir décadas de terrorismo y las lógicas reticencias que en amplios sectores victimizados genera el compulsivo acto de fe que se ha requerido de ellos al dudar con toda razón de las falsas intenciones de paz de la banda.

Así lo ilustraban, por ejemplo, las críticas que recibieron el pasado mayo quienes acertaron al definir como hipócritas unas declaraciones de Batasuna nada relevantes a pesar de ser sobrevaloradas por el Gobierno, como resumía un artículo publicado en ‘Gara’ el 9 de mayo con el significativo título ‘¿Qué buenos son ahora los de Batasuna!’: «No era la primera vez que Batasuna se solidarizaba con quienes habían padecido las consecuencias de un ataque de kale borroka o de una acción de ETA, tampoco era inédito que ese tipo de hechos fueran calificados de ‘muy graves’. La novedad en torno a las palabras de Joseba Permach del pasado 24 de abril sobre lo acontecido horas antes en Barañain y en Getxo estuvo en la reacción del Gobierno español y de determinados medios de comunicación. Lo que meses antes se habría tachado de insuficiente, se calificaba de ‘recorrido del camino en la buena dirección’».

La difusión de responsabilidad que emana de las reclamaciones y equiparaciones de Uriarte evoca a las tácticas de Batasuna y ETA, formaciones que han insistido en su presentación del Gobierno español como responsable de las dificultades por las que atravesaba ‘el proceso’ al negarse a ‘dar pasos’ como los exigidos por la organización terrorista. Por ello la retórica del obispo y de otros ‘mediadores’, presentando como realistas, necesarias y razonables ‘renuncias’ del Estado y de la sociedad que resultan contraproducentes, irracionales e injustas, expone similitudes con la propaganda con la que el entorno terrorista intenta deslegitimar a quienes respetan la legalidad pese a sufrir su amenaza. Poco o nada ha contribuido tan peculiar y engañosa ‘cultura de la paz’ a acercar el final del terrorismo. Por tanto, y puesto que a pesar de los últimos asesinatos cometidos por ETA todavía hay personas que continúan apelando al ‘diálogo’, demandando que la sociedad confíe en quienes apoyan y justifican la violencia, oportuno parece recordar los negativos efectos de semejantes trampas.