¿Plural o singular?

Por Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona (EL PAÍS, 27/07/07):

En su discurso en el debate de política general en torno al estado de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero no utilizó ni una sola vez la expresión “España plural”, otrora tan querida por él. Fue el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Agustí Cerdà, el primero en utilizarla, sólo para reprochar al presidente del Gobierno que su España plural “acaba siendo tan singular como la del Partido Popular”. En su réplica, Zapatero rechazó el debate nominalista: “Dejemos de hacer tantos bautismos y vayamos a las cosas funcionales, reales y de contenido”.

En el primer Consejo de Ministros tras el debate de política general, el Gobierno aprobó una cosa funcional, real y de contenido: el real decreto por el que se crean el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales, cuya finalidad es garantizar que los ciudadanos de las comunidades autónomas con una lengua oficial propia puedan dirigirse a la Administración General del Estado en dicha lengua. No se trata de un simple eslabón en el desarrollo de la España plural, sino de un jalón indubitable, un verdadero hito que acaso merece el calificativo de “histórico”. La primacía del castellano ha sido una de las señas de identidad del Estado-nación español que sentó sus bases tras la Guerra de Sucesión, se erigió como tal a lo largo del siglo XIX y alcanzó el paroxismo durante la dictadura de Franco, cuya política territorial, por decirlo así, se resume en la conocida frase pronunciada en el fragor de la guerra: “El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española”. La Constitución de 1978 puso un fin relativo a esta secuencia histórica: fin, porque reconoció a las “demás lenguas españolas” y estableció su oficialidad en las comunidades autónomas; pero relativo, porque mantuvo el castellano como lengua exclusiva del Estado.

El real decreto aprobado el pasado 6 de julio, pues, viene nada menos que a completar el cierre de esa secuencia histórica: el castellano va a seguir siendo la única lengua española oficial del Estado, pero, más allá de las proclamas jurídicas, la Administración General del Estado va a acoger en su seno las demás lenguas españolas como no había hecho antes ninguna Administración de la España moderna. Para los que todavía creen que el monolingüismo es una condición necesaria para el funcionamiento (o incluso la existencia) de una comunidad política, la iniciativa del Gobierno supone un retroceso histórico en toda regla, además de un germen de disgregación irremediable. Pero semejante argumentación no puede tener mucho crédito en un Estado miembro de la Unión Europea, una organización que funciona razonablemente bien a pesar de (¿o debería ser “a causa de”?) reconocer la friolera de 23 lenguas oficiales.

El real decreto del 6 de julio está en la lógica del Estatuto de Cataluña, cuyo artículo 33.5 establece el derecho de los ciudadanos catalanes a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal. Un criterio práctico para distinguir a plurales de singulares consiste en verificar la actitud respecto a dicha disposición. En su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto, el Partido Popular sostiene que el derecho establecido simplemente “no existe” en lo que concierne a la relación con instituciones estatales no radicadas en el territorio de Cataluña, dada la estricta territorialidad de la cooficialidad lingüística -un argumento irremediablemente falso, en la medida en que está reglamentariamente establecido desde hace 13 años que los ciudadanos españoles pueden dirigirse por escrito en las “demás lenguas españolas” al Senado, una institución estatal ciertamente no radicada en Cataluña-. (Reflexión obvia: si un simple reglamento puede instituir derechos que desbordan “la estricta territorialidad de la cooficialidad lingüística”, ¿cómo no va a poder hacerlo una Ley Orgánica del Estado?). En el bando plural, las cosas son bastante distintas. El famoso dictamen sobre el Estatuto encargado por el PSOE a cuatro catedráticos de Derecho Constitucional ni siquiera menciona el asunto; en su escrito de enmiendas, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso se ciñó a una cuestión de matiz, sin poner en duda la legitimidad del derecho a relacionarse en catalán con los órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal.

Ahora bien, la inesperada luz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la recta final de la legislatura no cambia las sombras que han caracterizado una gestión ambivalente en lo tocante a la diversidad lingüística de España. En 2005, el Comité de Expertos que supervisa la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias consideraba que en España seguía siendo necesario “crear conciencia acerca de las lenguas regionales o minoritarias”, por cuanto “los medios de comunicación españoles apenas prestan atención a la diversidad lingüística del país, y la mayoría de la población castellanoparlante y, en especial, las comunidades autónomas no afectadas no son conscientes de que España es un país plurilingüe”. Dos años después, el redoble de esfuerzos que recomendaba el Comité de Expertos para paliar el déficit señalado es literalmente imperceptible. De hecho, el Gobierno ha dedicado la legislatura a ignorar la mayoría de medidas sobre pluralismo lingüístico que el Congreso le instó a aplicar en 2004, una de las cuales era precisamente “fomentar un conocimiento general de la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado español”. Eso sí, los que exigen mayor pluralidad a José Luis Rodríguez Zapatero, como Agustí Cerdà, deberían predicar con el ejemplo en su propia casa. En 2005, el Comité de Expertos antes citado señalaba que también era necesario “mejorar la comprensión mutua para promover las virtudes del plurilingüismo y de la diversidad lingüística y, en los grupos lingüísticos tanto mayoritarios como minoritarios, la idea fundamental de una coexistencia pacífica y armoniosa”. Mal se contribuye a esa idea fundamental cuando se invoca la “guerra lingüística” contra el castellano, como hizo recientemente el secretario general de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, en una alocución estrictamente insensata.