¿Qué quiere decir Europa?

Por Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra (EL PERIODICO, 19/02/05):

Habría sido de desear que en el debate sobre si debemos aprobar o no la Constitución europea se discutiera también qué queremos decir cuando hablamos de Europa. En España, durante la dictadura se identificaba Europa con libertad, democracia y bienestar social. Tal identidad se mantuvo en el inicio de la democracia, cuando los primeros gobiernos democráticos definieron como objetivo político que España convergiera con la Europa social, reduciendo considerablemente el enorme déficit en este campo, heredado del franquismo.

Cuando el dictador murió en 1975, el gasto público social de España (14% del PIB) estaba ocho puntos por debajo del promedio de los países que más tarde constituyeron la Unión Europea de los Quince (22% del PIB). Tal déficit fue reduciéndose hasta alcanzar su menor diferencial en 1993, cuando la distancia entre el gasto público social de España y el de la UE-15 fue de cuatro puntos del PIB (España 24% del PIB, UE-15 28%). A partir de aquel año, sin embargo, la definición de lo que era Europa cambió. El objetivo de los gobiernos PSOE (1993-1996) y PP (1996-2004) pasó a ser la reducción del déficit del presupuesto del Estado para converger monetariamente con Europa a costa de que los mayores ingresos estatales (resultado de un mayor crecimiento económico y una mayor recaudación fiscal) fueran a disminuir tal déficit presupuestario en lugar de continuar reduciendo el déficit social que España tenía y continúa teniendo con la UE-15.

De ahí que cuando el déficit presupuestario se eliminó, en el 2001, el déficit de gasto público social alcanzara ocho puntos (20% del PIB en España, 28% en la UE-15), el mismo déficit de ocho puntos del PIB que España tenía con la Europa social en 1975, cuando el dictador murió. Cuando el presidente Aznar fue dando lecciones de ortodoxia fiscal a los líderes europeos (mostrando su reducción del presupuesto como ejemplar), éstos le podrían haber contestado que ello se había conseguido a costa de que las escuelas públicas, los centros de atención sanitaria, las pensiones, las escuelas de infancia, las ayudas a las familias y muchos otros servicios y transferencias públicas (que tienen un enorme impacto en la calidad de vida de los españoles) disponían de cada vez menos recursos en relación con el promedio de los países de la UE-15. Las consecuencias de estos enormes déficits las vemos estos días en la sanidad y la educación.

PERO LA situación es incluso peor. España no sólo gasta en los servicios y las transferencias del Estado del bienestar menos de lo que destina la media de los países de la UE-15 sino que invierte mucho menos de lo que le correspondería por el nivel de desarrollo económico que tiene. Así, si nos centramos en sanidad podemos ver que para que el español tipo tuviera los mismos recursos sanitarios que el europeo de igual nivel de riqueza, el Estado español tendría que destinar 21.723 millones de euros más de los que se gasta al año. Converger con Europa tendría que significar que deberíamos aumentar el gasto público sanitario con esta cantidad. Quisiera aclarar que no estoy hablando de converger con los países que más han desarrollado su Estado del bienestar (los nórdicos) sino con la media de los que tienen igual nivel de desarrollo que España.

Es interesante señalar que tanto en España como en Catalunya los programas electorales de los partidos gobernantes se han comprometido a converger con el gasto público social per cápita de los países de la UE-15 (PSOE) o con el porcentaje del PIB en gasto público social de las regiones o países de igual desarrollo económico (tripartito catalán). El cumplimiento de estas promesas exigiría un aumento muy notable del gasto público social (más de un 3% superior al crecimiento del PIB por año). Esperemos que lo hagan.

La resistencia hacia el cumplimiento de estas promesas procede de voces conservadores, liberales y socioliberales que tienen a su disposición grandes cajas de resonancia que señalan que las arcas del Estado están casi vacías. La respuesta es muy sencilla: que las llenen de nuevo, puesto que el Estado tiene la capacidad para hacerlo. Aquellas voces olvidan que converger con Europa quiere decir también converger con la carga fiscal de la Unión y ahí hay todavía mucho terreno para converger. Si en lugar de que los ingresos por impuestos directos (IRPF) representen el 10,7% del PIB fueran el 13,0% (el promedio de los países de la UE-15), España tendría en sus arcas más de 96.000 millones de euros que, junto con la necesaria y urgente corrección del delito fiscal, permitirían converger con el gasto público social europeo.

YA SÉ QUE se me dirá inmediatamente que hay un “agotamiento fiscal” entre la población española, responsable de que muchos políticos tengan pánico a la palabra impuestos. No hay evidencia, sin embargo, de que los españoles seamos menos reacios a pagar impuestos que otros países de Europa, siempre y cuando estén de acuerdo con los objetivos de los programas para los cuales se pide una mayor recaudación. Todas las encuestas señalan que la mayoría de ciudadanos en España subrayan su voluntad de pagar más impuestos si se les garantiza que van a sanidad, educación o pensiones. Este apoyo disminuye en la medida que suben los ingresos del individuo, siendo entre el 30-35% de la población de renta superior (entre los que están los creadores de opinión) donde hay menor apoyo a la subida de impuestos para tales fines. Los gobiernos progresistas tienen que ser más sensibles, sin embargo, a la opinión del 60-65% de renta inferior de la población que al sector más pudiente de la ciudadanía. Esperemos que su compromiso de converger con Europa les lleve a ello.