Hace casi medio siglo, más precisamente 47 años, que 118 españoles, de los cuales 80 venían del interior de España y 38 procedían del exilio, se reunieron en Múnich, en el marco del Movimiento Europeo, para proclamar la vocación europea de la España democrática. Un admirable exiliado catalán, Enric Adroher, al que llamábamos Gironella, fue decisivo para su organización. El franquismo, de alguna manera, se había acogido unos meses antes a esa condición, cuando al solicitar la admisión en la CEE había admitido que ello implicaba que España fuese una democracia como exigía la Comunidad y había establecido la doctrina formulada en enero de 1962 por el eurodiputado Birkelbach.
Pero el dictador, cuya aceptación había sido simple estratagema, no podía tolerar que en Múnich se hubiera sellado la reconciliación de las dos Españas y se hubieran pactado las condiciones del establecimiento de un régimen democrático. Su reacción fue implacable e inmediata. Suspendió el art. 14 del Fuero de los Españoles, lo que equivalía a cancelar la libertad de circulación de los ciudadanos y obligaba a los que se desplazaron a la capital bávara a elegir entre un lejano confinamiento durante dos años o el exilio.
La prensa franquista Arriba, Pueblo, Abc, Ya y sus secuaces de provincias -encuadrados por los intelectuales de asalto del Régimen Adolfo Muñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Emilio Romero, Jaime Capmany y un largo etcétera- , acompañados por los juanistas de Franco, partidarios de Don Juan pero desde el franquismo, con Torcuato Luca de Tena a su cabeza, promovieron una inmunda campaña de prensa contra los participantes en la reunión de Múnich, a la que calificaron insultantemente de Contubernio. Nosotros asumimos el insulto y lo convertimos en nuestro banderín de enganche. La campaña fue seguida de manifestaciones en la calle, orquestadas por los falangistas y la Guardia de Franco, en las que enarbolaban pancartas que reclamaban que se hiciera efectivo el título de este artículo: "Los de Múnich, a la horca".
La ausencia de los comunistas -que ni fueron invitados contra la opinión de algunos de los organizadores, yo entre ellos, y de los representantes de los grupos políticos más radicales de la iz-quierda- hizo que el espectro de las fuerzas políticas allí presentes correspondiera a opciones centristas, cuyas formaciones más significativas fueron la democracia cristiana, los socialistas, los demócratas liberales y las derechas nacionalistas, vasca y catalana. El actual suplantamiento ideológico de la derecha y la extrema derecha en la Comunidad madrileña hace difícil de entender que en Múnich la derecha democrática -que entonces llamábamos también civilizada- fuese la más visible y casi dominante, y deja colgado en el aire el inquietante interrogante de cuál sería hoy en Madrid el destino de los 13 represaliados del Contubernio que aún quedamos vivos. Todo esto está ampliamente narrado en un excelente conjunto de textos y testimonios, recogidos en el libro Cuando la transición se hizo posible (Tecnos, 1993), con una valiosísima aportación documental de 218 páginas.
Es evidente que las resonancias del episodio de Múnich, que apenas ha estado presente tanto en la perspectiva institucional como mediática, no pueden ser las responsables de la atonía política española en la cuestión europea, ni de la indiferencia ante las próximas elecciones. En nuestro país, como en el resto de Europa, lo que desalienta a los electores y determina su desafección podría agruparse en tres grandes causas. En primer lugar, la consensualización blanda que preside todos los comportamientos y decisiones en la Unión, tanto de la Comisión como del Parlamento, lo que elimina cualquier perfil diferencial y hace imposibles las opciones claras y movilizadoras. Pues estos actores principales de la acción institucional europea han convertido la política de la Unión en una pasta muelle e indiferenciable, en la que nada mata y todo engorda, lo que hace muy difícil apasionarse por ningún tema o debate.
Se dirá, y es cierto, que la mayoría de las decisiones y disposiciones que se toman en el ámbito europeo no son específicamente políticas, sino que más bien afectan a temas de la vida cotidiana -alimentación, higiene, etc.- y a materias de carácter socioprofesional -condiciones de seguridad en la práctica de los oficios, por ejemplo transporte, y en la condición de los productos fabricados, etc.- en las que cabe menos antagonismo y en las que la convergencia es mucho más practicable, pues depende fundamentalmente de razones técnicas y del sentido común, por lo que su consonancia política es muy modesta.
Pero no siempre es así, ya que si pensamos en cuestiones como la energía o la emigración, que son mucho más problemáticas y discutibles y cuya incidencia política es capital, encontramos, sin embargo, un amplio consenso comunitario. Por todo ello, y renunciando a responder al indecidible interrogante de qué porcentaje de la estructura reguladora de la vida de los europeos se decide en los Estados miembros y cuál procede de la Unión, asunto al que el fervor de los candidatos ha agregado exageraciones y confusiones sin cuento, no es posible concluir que a Europa corresponde el 80%, como aseguran los políticos frente a la opinión de diversos institutos y centros de investigación que lo limitan al 20%. En cualquier caso, la inexistencia de grandes líderes que encarnen a Europa, la ausencia de una línea de acción exterior conocida y valorada, así como la de una política de seguridad y defensa conjunta, efectiva y tranquilizadora, priva a Europa de las más obvias señas de identidad colectiva y hace muy difícil a sus ciudadanos que puedan identificarse con ella.
En el segundo grupo hay que incluir la renacionalización de la gran mayoría de las opciones y actividades de la Unión Europea, que tanto debe a la obsesiva obstinación de Reino Unido e Irlanda por disminuir su dimensión comunitaria, es decir, por hacer imposible la Europa política. A partir del 1 de enero de 1973, con su incorporación a la Unión, esta labor de zapa se interioriza y se practica desde dentro. Es decir, el enemigo se mete en casa.
Entre los innumerables ejemplos que podrían darse de la empecinada oposición británica a una verdadera construcción europea, que muchos de nosotros cifrábamos en la Europa federal, el más patente y de insalvables consecuencias ha sido la acelerada e imparable secuencia de la ampliación. A ella ha contribuido de manera decisiva la promoción que ha aupado, desde detrás de la cortina, Reino Unido de grupos subregionales de apoyo -el báltico, el del hinterland germánico, el euroeslavo- a los países candidatos, absolutamente determinantes para el éxito de la operación. Lo dramático del resultado no es que hayamos pasado de 6 a 27 Estados miembros, sino que la heterogeneidad histórica y cultural y la distancia socio-económica entre unos y otros hace extraordinariamente difícil cualquier política conjunta y colectiva y empuja a una irremediable colonización nacional de la estructura y espíritu de la Unión. Y así, cuando los nuevos Estados miembros seleccionan candidatos para ocupar los altos puestos directivos que les corresponden en la Comisión, no lo hacen por su formación o su entusiasmo europeístas, sino por su fiabilidad nacional y como recompensa a los servicios prestados a su país.
Y, finalmente, el tercer grupo concierne los comportamientos y los modos derivados del peso de la rutina y la burocratización de sus prácticas profesionales. Refiriéndome a mi experiencia personal en la Comisión hace unos 20 años, éramos bastantes los que no teníamos horario y se nos podía encontrar con frecuencia en el despacho los días de fiesta o después de cenar. Hoy, en cambio, acceder al despacho de uno, fuera del horario oficial, exige ir acompañado de dos agentes de la seguridad que te abren la puerta y te dejan encerrado hasta que les llamas para que te dejen salir. Lo que no anima, claustrofobias aparte, a hacer horas extraordinarias, ni es un ejemplo alentador para la afirmación europea, más bien es, en sus consecuencias últimas, una práctica dulce de los de Múnich, a la horca.
José Vidal-Beneyto, director del Colegio Miguel Servet de París y presidente de la Fundación Amela.