Algunos sectores mediáticos y políticos llevan tiempo afirmando que el juicio del 11-M es la gran farsa nacional, porque el sumario sobre el que se sustenta está falseado de forma deliberada por la complicidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el PSOE, el juez instructor y la fiscal. En definitiva, que el atentado del 11-M se planificó por un conjunto de fuerzas ocultas para desalojar al PP de la Moncloa.
Por simple silogismo, la sentencia que dicte el tribunal de este juicio, presidido afortunadamente por un magistrado serio y solvente, no sólo no será aceptada ni compartida por aquellos que defienden estas tesis, salvo que coincidiera con sus planteamientos, sino que será vapuleada y desprestigiada hasta extremos que aún no podemos ni imaginar.
Allá cada cual con sus teorías. No obstante, estos ataques demoledores a asuntos judiciales de trascendencia social, como el sumario y el juicio del 11-M, son un botón de muestra del fuego cruzado al que desde hace muchos meses está sometida la justicia española.
El desencuentro de sectores políticos y mediáticos sobre uno de los pilares básicos del sistema democrático está ya cobrando un perfil ominoso. Numerosas resoluciones judiciales están sujetas a priori y a posteriori a una burda polémica en la que lo importante es si los jueces son progresistas o conservadores, amigos del Gobierno o de la oposición, o nacionalistas o constitucionalistas. Y lo que es más llamativo, los mismos que un día elogian, por ejemplo, al Supremo por su coraje e independencia al dictar una sentencia que les gusta, al día siguiente son capaces de insultar al mismo tribunal y calificar otra de sus sentencias de asquerosa, infame y repugnante, simplemente porque les desagrada.
Ahí están las hemerotecas, audiotecas y videotecas para comprobar las interpretaciones dispares y disparatadas, solo explicables si están influenciadas por algún otro tipo de intereses, de algunas de esas resoluciones o como los órganos judiciales son sometidos a una presión brutal para que inclinen la balanza hacia un lado determinado. Ahí está, valga la redundancia, la instrucción del sumario del 11-M y el propio desarrollo de la vista; el esperpéntico caso del ácido bórico, con dos resoluciones antagónicas tomadas en breve tiempo por dos jueces distintos; el agotador y cambiante proceso judicial al terrorista De Juana Chaos; los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre las herriko tabernas o la asociación proetarra Segi; la comparecencia del lendakari ante el Consejo Superior de Justicia Vasco, en contra de la doctrina marcada por el Supremo, o las recientes polémicas en el Tribunal Constitucional y el nombramiento del ministro de Justicia. Si se sigue considerando la justicia española como un trozo de poder a conquistar, y no como un importante servicio público necesitado de saneamiento y reforma, se está haciendo un flaco servicio al país y a sus ciudadanos.
En una democracia estable, la justicia y sus administradores deben actuar como intérpretes de la ley, sin que su origen social, ideológico u otros condicionamientos, desvíen su atención. No se les puede pedir a los jueces que renuncien a su condición humana y a su libertad de pensamiento, ¡solo faltaría!, pero sí que su teórica sólida formación jurídica atienda a una escrupulosa aplicación de la ley, haciendo abstracción de presiones, banderías e intentos de volcar hacia un lado la sentencia correspondiente.
Por su parte, la sociedad, sin exclusiones, tiene que favorecer un clima de racionalidad y serenidad que permita la correcta aplicación de la justicia, cuyas resoluciones pueden y deben ser criticadas. Algo, por cierto, obvio y evidente en un sistema democrático. Pero lo que resulta grotesco son los ataques personales y profesionales, desmedidos, crueles, feroces y ofensivos, que se están produciendo hacia los administradores de la justicia, buscando, al parecer, torcer su voluntad y buen hacer.
El actual espectáculo de politización y minusvaloración del poder judicial debería cesar. Pero el panorama no puede ser más desalentador. Al margen de lo que estamos observando con el juicio del 11-M, basta leer las andanadas que el PP le dedicó al nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, --"ultra y sectario"-- incluso antes de tomar posesión, y la respuesta inoportuna de éste a correo seguido sobre los populares y el Consejo General del Poder Judicial, para confirmar algo que hoy casi todos los ciudadanos intuyen: la Justicia tiene en España graves problemas de funcionamiento y uno de ellos es la creciente politización de la judicatura.
EL Tribunal Constitucional, otra institución clave en España, anda también estos días bastante erosionada por la discutible y polémica recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que, curiosamente deja a los magistrados conservadores en mayoría en el estudio de la constitucionalidad del Estatut de Catalunya, al que se oponen el PP y el Defensor del Pueblo, el antiguo dirigente socialista Enrique Múgica.
La justicia es un enfermo crónico y una asignatura pendiente en la democracia española. Una reciente encuesta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó sobre la justicia en España reflejaban una desconfianza muy alta de la ciudadanía hacia los tribunales. Teniendo en cuenta el papel tutelar que la Constitución atribuye al Poder Judicial, debería verse como un síntoma de la baja calidad que el ciudadano percibe de nuestro sistema democrático.
La Constitución consagra la independencia del Poder Judicial, pero este objetivo es papel mojado si sus administradores, la clase política y el conjunto de la sociedad no contribuyen a que así sea.
Miguel Ángel Liso, Director editorial del Grupo Zeta.