Justo Fernández Rodríguez es sindicalista (LA RAZON, 18/07/04).
Esa fue la frase del ministro del Interior, Ángel Acebes, la noche del 11 de marzo, cuando los responsables de la investigación del atentado de Atocha tenían suficientes datos para orientarla hacia el terrorismo islamita. Ésta es una de las conclusiones que podemos sacar de las diferentes comparecencias ante la Comisión parlamentaria, creada, en teoría, para clarificar las responsabilidades políticas, la incompetencia, las manipulaciones y las mentiras que rodearon la tragedia de Madrid.
Pese a la escasa confianza que podíamos tener, dadas las negativas experiencias de otras comisiones de investigación, pocos dudaban de la necesidad de crearla y, aunque los intereses partidistas puedan oscurecer sus objetivos iniciales, mediante interpretaciones sectarias y actuaciones censurables, tengo la impresión de que va a ser difícil que triunfen las maniobras para ningunearla o que se impongan las teorías conspiratorias, organizadas, coordinadas y ejecutadas por los mismos, con algún adosado, que las puesieron en práctica, hace unos años, para facilitar el triunfo electoral de José María Aznar y que no engañan ni a los niños.
Tres eran las principales preguntas que se hacían la mayoría de los ciudadanos: ¿Tenía conocimiento el Gobierno de la amenaza real de un atentado terrorista islámico en España? ¿El Gobierno adoptó las medidas necesarias, en medios humanos y técnicos, para hacer frente a la nueva amenaza, reiterada, una y otra vez, por el propio presidente Aznar? ¿El Gobierno retrasó, manipuló o falseó la información de que disponía por intereses electorales? El desarrollo de los trabajos de la Comisión hasta ahora ha constestado sí a la primera y la tercera y no a la segunda, ratificando lo que millones de españoles, por supuesto, «miserables», según el Sr. Acebes, sabíamos antes de que la Comisión se constituyera.
Después del atentado de Casablanca, el Gobierno de José María Aznar tenía conocimiento, no sólo de la amenaza cierta del terrorismo islamita, sino de la probable inmediatez de un atentado. Algunos expertos no se explican la descoordinación de las fuerzas de seguridad. Tampoco puede explicarse cómo en España, con más de 30 años de terrorismo etarra, cualquier delincuente o terrorista pueda apoderarse o adquirir importantes cantidades de dinamita, de una explotación minera, sin dificultades.
Y mucho menos que después del atentado el Gobierno se empeñara en hacernos creer, sin ninguna prueba concluyente, que había sido obra de ETA, por razones de conveniencia electoral, organizando una estrategia de presión sobre los medios de comunicación nacionales y extranjeros, los organismos internacionales y los representantes diplomáticos españoles. Aznar llamó a los directores de los principales medios de comunicación para que no tuvieran dudas. La ministra de Exteriores instó a todos los embajadores españoles para que insistieran en la autoría de ETA. Los representantes españoles ante la ONU forzaron una resolución en la que se responsabilizaba a la organización terrorista vasca para, unos días después, verse obligados a pedir disculpas por la manipulación. No importaba que ETA, por radio y documentalmente, negara su responsabilidad o que Al Qaeda reivindicara el atentado a primera hora de la mañana del día 12.
El Gobierno de José María Aznar, sin dejar que la oposición participara, convocó una manifestación el día 12 a las siete de la tarde inponiendo un lema: «Con las víctimas, con la Constitución y contra el terrorismo», el mismo utilizado en otras manifestaciones contra ETA, cuando miles de españoles podían ver, leer u oír en los principales medios de comunicación internacionales o de Internet que los responsables pertenecían a alguna célula de Al Qaeda.
Los intentos de algunos ciudadanos de saber, antes de acudir a las urnas, quiénes eran los responsables y si el Gobierno mintió por intereses electorales, superan el legalismo formal de una jornada de reflexión destinada a que los políticos no la utilicen para hacer propaganda. Tampoco el Gobierno se mostró muy escrupuloso. Por la mañana, en un diario de tirada nacional, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, mientras pensaba que «se trata de ETA», pedía el voto para el Partido Popular.
Ahora, sabemos que la autoría de ETA fue cuestionada por varios responsables y expertos policiales desde las primeras horas, pese a los intentos de crear confusión, deslizando intencionadamente que la marca de la dinamita utilizada en Atocha era titadyne, habitualmente empleada por ETA y de lo que nadie quiere responsabilizarse. Dirigentes del Partido Popular continúan intentando mantener la probable relación entre Al Qaeda y ETA, pese a que todos los informes y los expertos rechazan la veracidad de tal posibilidad.
Es posible que la necesidad electoral de que fuera ETA contaminara la actuación del Gobierno de Aznar. Y somos muchos los que creemos que si nos engañaron en el caso del «Prestige», si lo hicieron con las «armas de destrucción masiva», si tampoco lo dudaron ante la tragedia del Yak-42, ¿por qué no iban a intentar engañarnos con los autores del atentado del 11-M si les interesaba electoralmente?