Por Javier Arteta, periodista (EL PAÍS, 13/06/06):
Según el Estatuto de Autonomía, el lehendakari ostenta "la más alta representación del País Vasco y la ordinaria del Estado en este territorio". Parece, sin embargo, que, a juzgar por su forma de actuar, el señor Ibarretxe no se lo acaba de creer del todo y se ha convertido en un virtuoso de su propia deslegitimación. Porque ha renunciado a ser representante de un Estado que desea abandonar, siguiendo el ejemplo de Montenegro. Y renuncia, igualmente, al Estatuto que le permite ser lehendakari; y como, además, resulta que su plan de nuevo Estatuto carece, tras el rechazo en el Congreso de los Diputados, de virtualidad jurídica alguna, nos encontramos con que el señor Ibarretxe ha decidido conformarse con volver a ser un simple chico de Llodio, sin más capacidad representativa que la que pueda tener yo.
Porque un lehendakari sin Estatuto es un imposible; un contrasentido equiparable al que podría representar un presidente del Gobierno de España empeñado en seguir en su puesto después de haber dicho que la Constitución es una antigualla que no responde a los deseos de la población española. Dicho de otro modo: un lehendakari que discute la legalidad que le sustenta debería dimitir por pura coherencia, porque no está en condiciones de representar a nadie. Y menos aún, si nos adentramos por los andurriales políticos en los que el señor Ibarretxe se ha perdido. Me refiero, claro está, al meollo de su política: la defensa de lo que denomina "libre decisión de los vascos".
¿Qué puede significar una reivindicación tan apasionada y tan constante? Sólo una cosa: que los vascos (y vascas) no han podido hasta la fecha ejercer realmente su capacidad de decisión y que en Euskadi, por tanto, no hay democracia. Y si esto es así, habría que hacerse varias preguntas a cual más comprometida. Como, por ejemplo: ¿Han sido una completa farsa los procesos electorales vividos a lo largo de más de un cuarto de siglo en el País Vasco? ¿Nos han estado engañando los nacionalistas durante tanto tiempo, haciéndonos creer que gobernaban en nuestro nombre? ¿Estaban impuestos por Madrid los lehendakaris que hasta el momento hemos tenido el gusto (o el disgusto) de disfrutar (o padecer)? ¿No será Juan José Ibarretxe un verdadero usurpador de un poder que los vascos, incapacitados para decidir, no hemos podido darle? Y, si es así, ¿con qué autoridad quiere imponernos sus planes?
Y, sobre todo, ¿por qué insiste en imponerlos de acuerdo con criterios que su partido, y él mismo, han rechazado abiertamente en otras consultas? Pues conviene recordar que el plan Ibarretxe, de triste memoria, en su artículo 13, prevé ya la posibilidad de iniciar un proceso de secesión de Euskadi, validado en un referéndum cuyos resultados se sustentarían "en la mayoría absoluta de los votos declarados válidos". Casualmente, ése fue el sistema por el que la Constitución Española fue aprobada en Euskadi por la ciudadanía vasca; y por una mayoría de votos afirmativos aún más holgada, puesto que rozó el 70 %. ¿Por qué entonces, faltando a la verdad, el nacionalismo y el propio Ibarretxe se han venido empeñando en asegurar que los vascos no aprobaron la Constitución? O, para cargar la pregunta de actualidad, ¿por qué los resultados del referéndum constitucional carecieron de validez para Euskadi y sólo un hipotético referéndum secesionista como el que ahora se propone expresaría la libre decisión de los vascos?
De modo que, ya para recapitular, volveremos a la pregunta del principio. ¿A quién representa Ibarretxe? De acuerdo con lo que se empeña en defender, a nadie. Al margen de la Constitución y del Estatuto de Gernika, no pasa de ser un simple ciudadano particular. Y si, además, reclama una capacidad de decisión que supuestamente Madrid nos ha venido negando, no faltará quien le discuta su autoridad moral para hacerlo, ya que, a fin de cuentas, no deja de ser un lehendakari impuesto por quienes no nos dejan ni movernos y tanto agobian a un consejero tan belicoso como Joseba Azkarraga. Aparte de que no faltarán tampoco quienes, con buena lógica, se pregunten por qué lo que deciden los vascos puede aceptarse o no en función de que le guste o no al nacionalismo.
Y la autodeslegitimación del lehendakari aumenta con esa insistencia suya en los poderes taumatúrgicos de la sociedad vasca, única protagonista a su entender de todo lo bueno que ocurre por Euskadi: como es, por ejemplo, el alto el fuego permanente y el actual proceso de paz. Ha sido la sociedad vasca quien ha hecho desistir a ETA, y no la fuerza y la determinación del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.
Si esto es así, ¿para qué necesitan los ciudadanos vascos instituciones? Y, ya puestos, ¿para qué necesitan un lehendakari que ejerza la máxima representación institucional? Si, como afirma Ibarretxe, lo que importa no es la opinión de uno o de otro, sino la posición de la sociedad vasca, ¿qué podría importarle a la sociedad vasca la opinión del lehendakari?