Por Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos (EL CORREO DIGITAL, 25/07/06):
El modelo norirlandés constituye para algunos una coartada con la que legitimar determinados comportamientos hacia ETA. Abundan interpretaciones de dicho proceso que destacan las concesiones de los gobiernos británico e irlandés ante la expectativa de concluir con el terrorismo del IRA. Esas concesiones han permitido que el terrorismo extrajera réditos políticos, realidad incompatible con la solemne negativa a aceptar que el terrorismo de ETA extraiga un precio político como consecuencia de la negociación con el Estado, pero sin embargo realidad de la que ciertos defensores de la estrategia gubernamental se sirven para anticipar y justificar que el Gobierno español realice concesiones en aras de un supuesta practicidad necesaria para solucionar el conflicto vasco. Aunque la resolución del Congreso de 2005, pilar de la actual política antiterrorista, destaca que «la violencia no tiene precio político» y que «la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia», esta salvaguarda podría no serlo si se continúan abandonando exigencias en apariencia firmes. Por un lado, es evidente que el diálogo con ETA va a comenzar a pesar de que el Gobierno reconoce que la organización terrorista no ha mostrado «actitudes inequívocas» de su hipotética «clara voluntad para poner fin al terrorismo», tal como exigía la resolución del Congreso. El incumplimiento de dicha resolución ha ido acompañado del diálogo entre el PSE y Batasuna, todo ello como consecuencia de las amenazas de dirigentes de la formación ilegalizada que precedieron a estos cambios de actitud, provocando por ello lógicos interrogantes sobre los motivos por los cuales se aceptó la coacción del entorno terrorista. Este hecho objetivo cuestiona el argumento de quienes insisten en que ahora no se va a ceder ante ETA cuando no se hizo mientras la banda estaba más fortalecida. La realidad insoslayable es que ETA no ha desaparecido ni ha dado una sola muestra 'inequívoca' del carácter irreversible de su tregua, pero el Gobierno sí ha abandonado exigencias previas aparentemente firmes. ¿Por qué entonces esta actitud ante ETA precisamente cuando más la ha logrado debilitar el Estado?
El referente norirlandés demuestra lo perjudicial que resulta recompensar un movimiento táctico de la organización terrorista como su declaración de tregua sin ir más allá, exigiendo a la banda tanto su desaparición como su desarme. Por el contrario se insiste desde algunos ámbitos en lo poco realista que resulta exigir dichas demandas. Así va construyéndose un discurso en el que lo normal y lo necesario -evitar el chantaje de una organización terrorista que contribuya a incentivar el mantenimiento de una coacción que se entienda eficaz por parte de quienes la practican- va adquiriendo la categoría de una reclamación supuestamente nada realista o razonable. Mediante esta estrategia, en la que se avanza paso a paso manejando con cuidado las reacciones de la opinión pública, se corre el riesgo de ir cediendo terreno paulatinamente a la organización terrorista, cesión que a pesar de ser negada en el discurso público resulta ineludible en la realidad. Quienes abogan por dicha estrategia la defienden por varios motivos. Unos, desde su fe en la creencia de los beneficios de dicho pragmatismo, porque confían en que de ese modo se garantizará el final del terrorismo de ETA. Otros precisamente por todo lo contrario, pues consideran que así se conseguirá perpetuar la coacción de ETA mientras se fortalece a su brazo político, constituida aquélla en la mejor baza de sus representantes políticos para extraer concesiones a cambio de una promesa de disolución de la banda en la que poco interés tienen sus dirigentes, pues al movimiento terrorista en su conjunto le reporta unos beneficios que con la violencia no obtenían, pero que sí logran con la expectativa de su desaparición en el futuro.
Poco después de que las investigaciones policiales desmantelaran un red de extorsión etarra activa incluso después de la declaración de alto el fuego, se producía en Irlanda del Norte una interesante noticia para el proceso de finalización de ETA al demostrar las nefastas consecuencias de una impunidad como la que algunos propugnan, si bien refiriéndose a ella con otro nombre. Richard O'Donnell, activista de Sinn Fein y antiguo preso del IRA, era condenado a cuatro años y medio de prisión después de declararse culpable del intento de extorsión a un empresario. El acusado amenazó a la víctima con «meterle en un agujero» si no pagaba al IRA una cantidad económica. Este «respetado republicano», tal como el concejal de Sinn Fein de la zona definió al acusado, era un miembro activo del IRA, vínculo que utilizó para reclamar una importante cantidad de dinero. Como esta información confirma, y como tiende a ignorarse en nuestro país, el IRA sigue presente. Cierto es que no mantiene su campaña tradicional de asesinatos sistemáticos, pero continúa involucrado en actividades ilegales, incluyendo entre otras la recopilación de «inteligencia que pone al servicio de la estrategia política de Sinn Fein», como reconocen las autoridades. Un informe elaborado recientemente por un comité del Parlamento británico reafirmaba la preocupante implicación de los grupos terroristas norirlandeses en redes de crimen organizado. Las causas y las consecuencias de tan peligroso escenario fueron resumidas con precisión por el diario 'News Letter' en su editorial del 6 de julio. En él se culpaba al Gobierno por haberse mostrado tolerante hacia las actividades de las organizaciones terroristas, dañando de ese modo la confianza de las fuerzas de seguridad en su propio trabajo. Por ello exhortaba al Ejecutivo a no quedarse de brazos cruzados ignorando lo obvio, utilizando como pretexto un supuesto pero ineficaz pragmatismo político.
Ante las tentaciones de determinadas personas por facilitar una impunidad de ETA y de su entorno excusando la tolerancia hacia actividades obviamente delictivas bajo pretexto de avanzar hacia 'la paz', lo sucedido en Irlanda del Norte alerta sobre actitudes similares en nuestro país. Dicho modelo confirma que la integración del movimiento terrorista en el sistema democrático exige que el terrorista deje de serlo renunciando a la amenaza que el mantenimiento de su presencia implica. Por ello el éxito de la política antiterrorista y una verdadera paz requieren evitar la reproducción de un discurso público mediante el cual se intenta conformar una realidad poco coincidente con la verdadera realidad en la que se asumen como realistas los planteamientos de la organización terrorista. Así se aprecia al aceptarse en algunos sectores la necesidad de legalizar a Batasuna aunque ETA continúe existiendo, o al admitirse el diálogo con ETA pese a no realizarse en las condiciones que el propio presidente del Gobierno impuso, o al considerarse necesario que la democracia pague un enorme precio político como el de constituir una mesa extraparlamentaria mientras ETA sigue sin desaparecer. Esa dinámica, justificada eufemísticamente como una necesaria flexibilidad con el fin de lograr la paz, alimenta una peligrosa espiral de condescendientes actitudes hacia la organización terrorista y su brazo político, generando negativas consecuencias para la erradicación de la amenaza terrorista y para la gobernabilidad.
El bloqueo institucional y la profunda polarización política y social que hoy domina el escenario norirlandés corrobora cuán contraproducente termina siendo esa maleabilidad de los principios. Por ello la réplica de ese defectuoso modelo difícilmente adelantará el final de ETA. La integración de quienes deseen dejar la violencia reclama en primer lugar que exista esa voluntad de iniciar el tránsito hacia la democracia que hoy ETA y Batasuna siguen sin demostrar. En segundo lugar obliga a exigir los mismos requisitos que el resto de los partidos respetan, pues injusto resulta recompensar al terrorista eximiéndole de las obligaciones que cualquier ciudadano tiene por el hecho de haber hecho uso de la violencia. Ninguna igualdad de condiciones existe cuando se dispensa a un partido vinculado a una organización terrorista un trato privilegiado como consecuencia precisamente de dicha vinculación, como queda evidenciado al provocar cambios de actitud del Gobierno y del PSE como los descritos. La experiencia histórica nos demuestra que aquellos terroristas que han deseado dejar atrás la violencia lo han hecho ante la negativa de expectativas de éxito o de beneficios como los que algunos desean ahora para quienes todavía no han demostrado su voluntad de renunciar a la violencia. Acomodar el sistema democrático a los terroristas en lugar de obligarles a adaptarse a las condiciones de la democracia impide la consecución de la paz y la normalización política.