¿El catalán en Europa?

Previsiblemente, en la próxima campaña para las elecciones europeas los partidos catalanistas volverán a reclamar la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea. Sin duda, el catalán ocupa una posición anómala en el entramado de lenguas continental. Demográficamente más potente que lenguas como el esloveno, el estonio, el irlandés, el letón, el lituano o el maltés, se ve, sin embargo, privado de los beneficios de la oficialidad. Como sucedáneo, se le dispensa un trato especial del que ciertamente no gozan otras lenguas regionales o minoritarias, pero que tampoco es para echar demasiadas campanas al vuelo. El ejemplo más reciente de este trato es el acuerdo firmado el pasado mes de abril por Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, y R. Grass, secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En virtud de este acuerdo, los ciudadanos españoles que lo deseen podrán comunicarse en catalán-valenciano, gallego y euskera no exactamente con el tribunal, sino con una oficina del Ministerio de Política Territorial que dirige Manuel Chaves, que se encargará de traducir al castellano los escritos destinados al tribunal y de nuevo al catalán-valenciano, gallego y euskera las respuestas que emita en castellano la citada institución.

Un argumento que se esgrime con frecuencia contra la plena oficialidad del catalán-valenciano en las instituciones europeas es el de la pendiente resbaladiza. Si aceptamos la oficialidad del catalán-valenciano (y la del gallego y el euskera), reza el argumento, nos tocará aceptar también la del asturiano, el bretón, el frisón, el gaélico escocés, el friulano, el galés, el ladino, el occitano, el sardo y así casi hasta el infinito.

Este fue el argumento que vino a defender el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, en su visita a Catalunya del mes de enero pasado. Pöttering advirtió que en las instituciones de la UE "debe haber un límite al uso de lenguas para no hacer inviable el sistema". La pregunta es dónde o cómo debería establecerse el límite. Hasta ahora, el criterio para ser una lengua oficial europea es claro: basta con ser lengua oficial de un Estado miembro. Aplicando ese criterio, hemos pasado de un núcleo originario de 6 estados y 4 lenguas oficiales a los 27 estados y 23 lenguas oficiales. Y, aplicando este criterio, en los próximos años podríamos pasar de 27 estados y 23 lenguas a más de 30 estados (Albania acaba de añadir su candidatura a las de Croacia, Macedonia y Turquía) y un mínimo de 27 lenguas.

Y todo ello sin olvidar el posible ingreso de Kosovo, Bosnia, Montenegro y Serbia y acaso también el de Islandia, Moldavia y Ucrania, que podría llevarnos a casi 40 estados y más de 30 lenguas oficiales. En otras palabras, en la Unión Europea no parece haber límites al uso de las lenguas siempre que las lenguas en cuestión sean lenguas estatales.

Hasta ahora, los partidos catalanistas no han impugnado este criterio; más bien, han propuesto ampliarlo haciendo extensiva la oficialidad europea a las lenguas que sean oficiales en parte de algún Estado miembro. Como respuesta al argumento de la pendiente resbaladiza, no es especialmente eficaz. Aplicando este criterio ampliado, deberían ser oficiales de las instituciones europeas no solo el catalán-valenciano, el gallego y el euskera, sino también el croata (reconocido en Austria), el frisón (Holanda), el galés (Reino Unido), el ladino (Italia), el mirandés (Portugal), el occitano (España), las lenguas sami (Finlandia y Suecia), los idiomas sorabos (Alemania), etcétera. Y tras el posible ingreso de los países antes mencionados, cabría añadir lenguas como el ruteno (oficial en la Voivodina serbia) o el gagauzo (oficial en una región autónoma de la república de Moldavia). Es decir, la lista se dispararía igualmente.

Más que alargar la lista de lenguas oficiales de esta manera, acaso sería preferible cambiar de criterio. Un criterio no político sino demográfico podría rezar así: "Cualquier lengua europea con más de un cierto número de hablantes debería ser una lengua oficial de las instituciones europeas". Este es el criterio que defiende el único partido español que se ha pronunciado a favor de una reducción del número de lenguas oficiales. En su programa electoral, la candidatura que encabeza Fernando Sosa Wagner propone nada más y nada menos que pasar de 23 a 5 lenguas oficiales (alemán, castellano, francés, inglés e italiano). Es decir, situar el listón demográfico en los 40 millones de hablantes: una propuesta tan interesante como irreflexiva e irrealizable.

Una alternativa sin duda más recomendable sería superar la rígida noción actual de oficialidad y pactar entre todos un sistema más flexible que combine dos principios: la conveniencia práctica de simplificar los procesos comunicativos dentro de la Unión y el imperativo moral de reconocer en grado adecuado todas las lenguas, sean o no oficiales de los estados miembros. Si los partidos catalanistas desearan hacer una contribución catalana a la construcción europea, estaría bien que utilizaran la próxima campaña electoral para proponer un nuevo modelo de organización lingüística de la Unión Europea pensando en todos los europeos, en lugar de repetir el consabido ritual de reclamar la oficialidad de una lengua concreta.

Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.