¿Está España mejor dotada frente a Al Qaeda?

Por Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano (EL PAÍS, 09/09/06):

Cinco años después del 11 de septiembre, transcurridos dos años y medio desde el 11 de marzo, cabe preguntarse si los españoles estamos hoy más seguros frente a la persistente amenaza que suponen tanto Al Qaeda como las organizaciones asociadas con esta estructura terrorista o las células inspiradas por los dirigentes de la misma. Tras los atentados de Nueva York y Washington, el Gobierno, con el Partido Popular en el poder, se convirtió en un decidido aliado de la guerra al terrorismo promovida por las autoridades de Estados Unidos y obtuvo importantes logros para sus posiciones en materia de cooperación antiterrorista dentro de una Unión Europea. Pero, comprensiblemente centrado en que todo ello redundara en beneficio la lucha contra ETA, subestimó los riesgos que conllevaba para nuestros propios ciudadanos e intereses el actual entramado de terrorismo global. España disponía entonces de un sistema antiterrorista muy desarrollado y altamente eficaz en la represión de organizaciones terroristas autóctonas y circunscritas en sus atentados al territorio nacional. Ahora bien, se trataba de instrumentos y agencias mal dotados, tanto en términos de efectivos y medios como de conocimiento especializado, para prevenir y combatir el terrorismo yihadista.

Ese terrorismo no será el mayor problema público de España, ni siquiera el primero relacionado con la seguridad pública, habiendo muchas y acuciantes cuestiones sociales por resolver o numerosos ciudadanos que cotidianamente son víctimas de formas menos espectaculares pero harto lacerantes de criminalidad. Sin embargo, constituye un desafío extraordinariamente serio por sus efectos potenciales y una amenaza considerable por su magnitud real, capaz de incidir gravemente sobre lo predecible de las conductas individuales y colectivas que sustentan el orden en que vivimos. Imagínense por un momento las consecuencias de que Al Qaeda consiguiera perpetrar un grave atentado con ingredientes bacteriológicos o, como parece incluso más probable, radiológicos, en alguna populosa ciudad europea, que podría ser española. Es, por cierto, lo que ha venido reclamando desde Internet uno de los más notorios propagandistas del terrorismo yihadista, precisamente de origen sirio pero naturalizado español, detenido el pasado año en suelo paquistaní. Es sólo un ejemplo, especialmente ilustrativo por su verosimilitud, de la importancia que tiene elevar los estándares nacionales de seguridad frente al terrorismo global, lo que en gran medida significa adaptar convenientemente nuestras estructuras de seguridad interior.

La experiencia acumulada en la lucha contra otros terrorismos es una ventaja comparativa en el caso español, pero no necesariamente se transfiere con inmediatez ni facilidad a la lucha contra Al Qaeda y sus ramificaciones locales o regionales, aunque proporcione lecciones insoslayables. Sabemos, por ejemplo, que para prevenir atentados, desmantelar redes terroristas y desbaratar tramas de financiación es preciso disponer de información bien recogida, mejor analizada y convenientemente diseminada. No es de extrañar que, en España, la adaptación de las estructuras de seguridad interior a los retos del terrorismo yihadista haya tenido como uno de sus ejes básicos precisamente el de potenciar las capacidades de inteligencia policial. Básicamente, en lo que va de legislatura, invirtiendo en el reforzamiento de los correspondientes servicios centrales de información operativa y multiplicando el número de efectivos destinados a la lucha contra el mismo, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil. Ya pueden empezar a evaluarse con fundamento los resultados de esa ampliación de recursos humanos y materiales, tanto en líneas de investigación ya concluidas o abiertas con posterioridad como en detenciones realizadas, procesamientos judiciales y sentencias condenatorias.

Pero el examen de lo ocurrido antes de los atentados de Madrid puso también de manifiesto deficiencias que afectan a la seguridad interior, son una constante del modelo policial español y se refieren, sobre todo, a la coordinación entre cuerpos. A finales del verano de 2004 inició su funcionamiento efectivo, para progresar en la superación de esa anomalía, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, donde trabajan conjuntamente, gracias al intercambio de información procedente de sus respectivas agencias estatales de seguridad, expertos de la policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia.

Estrechamente relacionada con esta innovación se encuentra una decisión cuyo fundamento está tanto en el mismo principio del interés público que subyace a aquélla como en el principio específico de disponibilidad de la información. Me refiero a la nueva gestión de bases de datos policiales que asegura a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un acceso rápido, conjunto y compartido. Todo ello implica avances muy significativos, perfectibles sin lugar a dudas, en el sistema antiterrorista español y contribuyen a que podamos sentirnos más seguros ante Al Qaeda y el terrorismo global. Aunque cualquiera familiarizado con aquel sector sabe de la contundencia política y el tiempo aún requeridos para vencer resistencias que emanan de subculturas corporativas y rivalidades institucionales. Ayer mismo el Consejo de Ministros unificó el mando de la Policía y la Guardia Civil en una sola dirección general.

Sabido es, por otra parte, que el actual terrorismo yihadista constituye un fenómeno globalizado, por lo que el rendimiento de las iniciativas gubernamentales destinadas a contenerlo y erradicarlo sería muy limitado en ausencia de una efectiva cooperación internacional. Desde hace algo más de dos años, España ha fortalecido la cooperación policial antiterrorista sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, del Magreb y con Estados Unidos, además de ampliarla a países relevantes de otras latitudes con poblaciones mayoritariamente musulmanas. El proceder, a este respecto, ha estado hasta ahora basado más en lo acuciante de las circunstancias que en una planificación a medio y largo plazo. Estos y otros tantos novedosos desarrollos en materia de prevención, protección e intervención antiterrorista a los que por razones de espacio ni siquie-

ra aludo en este artículo muestran de cualquier modo que, desde la masacre del 11 de marzo, el Gobierno español ha avanzado muy sustancialmente en la adaptación de nuestras estructuras de seguridad interior a los desafíos procedentes de Al Qaeda y sus entidades allegadas. Estos esfuerzos deberían enmarcarse en una estrategia nacional frente al terrorismo global que se elabore de manera consensuada y se formalice con carácter integrado, multifacético e interministerial.

En todo caso, las autoridades responsables de la seguridad interior en nuestro país han venido trabajado en la línea adecuada para que los españoles estemos más seguros ante la amenaza de Al Qaeda de lo que estábamos y, me consta, lo han hecho en diálogo permanente con los representantes de las comunidades musulmanas establecidas en España, en cuyo seno parece haber un pequeño pero significativo porcentaje de individuos que expresan actitudes favorables hacia los propósitos y procedimientos del terrorismo yihadista.

Así las cosas, que España no haya sufrido un nuevo atentado puede ya considerarse un logro. Es cierto que, fuera de zonas en abierto conflicto armado, el actual terrorismo internacional suele operar con una cadencia de atentados espaciados temporalmente entre sí. Pero planes para cometer nuevas atrocidades los ha habido desde que el Gobierno socialista tomó posesión y han sido frustrados por la policía.

Ahora bien, importa recordar, llegados a este punto, que queda mucho por hacer para alcanzar el óptimo deseado en términos de personal cualificado y equipamiento tecnológico, que vivimos en una sociedad interdependiente y con muchas vulnerabilidades constitutivas susceptibles de ser explotadas por Al Qaeda, que nuestros estándares nacionales de seguridad dependen también de los que tengan otros países del mismo entorno geopolítico, o que una protección absoluta frente al terrorismo internacional sólo sería imaginable a costa de derechos y libertades que precisamente es fundamental salvaguardar.