Cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España disponía de unas estructuras de seguridad interior muy desarrolladas y altamente eficaces en materia de lucha contra el terrorismo. No en vano, la actual democracia española se ha visto afectada desde su mismo inicio por las actividades de distintas organizaciones terroristas de origen endógeno, aunque ninguna de ellas ha persistido tanto a lo largo del tiempo ni ocasionado tantas víctimas o consecuencias sociales como ETA. Esta banda armada, inspirada ideológicamente en el nacionalismo étnico, persigue tanto la independencia política como la uniformidad cultural para un País Vasco en el que incluyen cuatro provincias españolas y tres demarcaciones del suroeste francés. Haciendo frente a la misma, en un contexto marcado por los procesos de democratización y descentralización territorial, es como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han perfeccionado, durante más de tres décadas, sus capacidades para prevenir y combatir el terrorismo dentro del Estado de derecho. Es más, cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo, ETA se encontraba en uno de los peores momentos de su trayectoria, si no decididamente el peor de todos, debido principal aunque no exclusivamente a la eficacia de la policía española.
Ahora bien, las estructuras nacionales de seguridad interior no estaban igualmente adaptadas para hacer frente a los desafíos del mucho más novedoso terrorismo relacionado de manera directa o indirecta con al–Qaeda, un fenómeno que se configura y extiende por gran parte del mundo durante los años 90 del pasado siglo. Sin embargo, esta es una afirmación que debe ser convenientemente matizada. Recuérdese, por ejemplo, que en apenas dos días los servicios del Cuerpo Nacional de Policía dedicados a la información exterior pudieron identificar a buena parte de los principales autores materiales de la matanza en los trenes de cercanías que circulaban a primeras horas de aquel día con destino a la madrileña estación de Atocha, deteniendo a unos y localizando finalmente el piso de la cercana localidad de Leganés donde terminaron por suicidarse otros menos de un mes después, el 3 de abril, al percatarse que la policía los había localizado y rodeaba el inmueble en que habían buscado refugio. Esta operación, aunque no consiguió aprehender a los terroristas, que ante esa posibilidad optaron por inmolarse causando el mayor daño posible, impidió muy probablemente que quienes cometieron los atentados del 11 de marzo perpetraran otros, dentro o fuera de Madrid, en los meses siguientes.
Es menester asimismo recordar que, en el otoño de 2001, concretamente a partir del mes de noviembre de este año, la policía española desmanteló por orden del juez Baltasar Garzón –el conocido magistrado de la Audiencia Nacional que ya en aquellos momentos destacaba en ese órgano por prestar atención al problema del terrorismo global y su incidencia para España– la célula de al–Qaeda que se había establecido en nuestro país durante la década precedente, cuyos ligámenes con la célula de Hamburgo, en la que se integraban buena parte de quienes perpetraron los atentados de Nueva York y Washington en septiembre de aquel mismo año, se hicieron manifiestos muy poco después de sucedidos. Esas y otras actuaciones policiales fueron posibles porque los correspondientes servicios policiales de información habían investigado sobre ese entramado de terrorismo internacional desde el inicio de los 90 y pudieron presentar ante los tribunales suficiente evidencia incriminatoria en relación con el mismo. Antes de que ocurriese la masacre del 11 de marzo, contando desde enero de 2001, las FCSE habían detenido a unas cuantas docenas de individuos por su implicación en actividades terroristas de orientación yihadista. Además, para esa fecha habían iniciado distintas investigaciones que culminaron, a partir del último trimestre de este año, en sucesivas nuevas operaciones policiales contra el terrorismo global y en la práctica de numerosas detenciones.
Por tanto, la policía española estaba mal adaptada para hacer frente a los riesgos y amenazas del actual terrorismo global no tanto porque este fenómeno fuera mal conocido en relación con nuestro país por los pocos funcionarios que se ocupaban del mismo, sino precisamente por esto último, porque eran sólo unos pocos los funcionarios que se ocupaban del mismo, siendo además muy precarios los medios con que contaban para llevar a cabo su labor. En este sentido, hay que destacar la labor llevada a cabo en aquellos años por el entonces responsable de la Unidad Central de Información Exterior del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario Mariano Rayón y por el luego también comisario Rafael Gómez Menor. Las cosas hubieran sido probablemente de otro modo si con la debida oportunidad se hubiese tomado la decisión de conceder al problema del terrorismo global la relevancia que merecía desde al menos mediados los años 90, pero especialmente tras los atentados del 11 de septiembre en EEUU y aún más si cabe tras los de Casablanca en mayo de 2003, uno de cuyos blancos fue español. Una decisión que, debidamente informada por los servicios de inteligencia y por las unidades policiales de información, era en última instancia política. Pero que no tomó el Gobierno español que por entonces formaba el Partido Popular (PP). Quien fuese su presidente, José María Aznar, reconoció, en el epílogo de un libro de memorias publicado al poco de abandonar su cargo, tras las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004, que “quizás los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista”. Habrá quien piense que es fácil hacer ahora estas consideraciones y traer a colación citas como esa, a posteriori, después de ocurrido lo ocurrido. En mi caso, sin embargo, debo recordar que en enero de 2003 concluí un libro en el que afirmaba textualmente esto: “al–Qaeda ha utilizado el territorio español como una de sus principales bases europeas. Es probable que sus ciudadanos y gobernantes se conviertan en blanco del terrorismo global”.
Fernando Reinares, investigador principal de Terrorismo Internacional y director del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano, y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.
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