Por José María Ruiz Soroa, abogado (EL PAÍS, 19/06/06):
Verán, lo que yo creo es que, si queremos decir algo con sentido del espectáculo que presenciamos, conviene en primer lugar dejar de enredarse en los falsos dilemas, por mucho que sean los que más centran la atención pública. Dilemas falsos son esencialmente dos: el discurso de "estás a favor o en contra de la paz" y la discusión sobre "ser pragmático o rígido en la aplicación de las normas jurídicas".
Estar a favor del fin de la violencia no implica necesariamente estar a favor del proceso recién iniciado, como el reduccionismo de los portavoces del Gobierno pretenden. Y, al revés, criticar el proceso no significa preferir la violencia a su cese. Lo que sucede es que se puede defender el fin de la violencia de muchas formas: una es la de la negociación, otra la de profundizar las medidas que la han posibilitado. Ninguna de ambas se funda en ciertos y seguros principios morales, así que convendría dejar a la ética tranquila en lugar de usarla como garrote argumental.
El dilema entre el pragmatismo realista (ser flexible en la aplicación de la ley) y el purismo de los principios sagrados del Estado de Derecho (ceder es contrario a la democracia) no es al final sino un recurso argumental. Lo demuestra, mejor que mil comentarios, una sencilla comprobación: los defensores respectivos de una u otra posición mantenían en estos últimos años posturas simétricamente contrarias a las que defienden hoy. Quienes han descubierto ahora el artículo 3 del Código Civil y el principio de que las leyes han de interpretarse teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que se aplican, defendían exactamente lo contrario hasta ayer mismo. Defendían que el hecho de padecer un terrorismo sanguinario no justificaba el que la legalidad se interpretase en su contra, y se oponían a la Ley de Partidos o al nuevo cómputo de la redención de penas en aras del garantismo más purista. Ahora ensalzan el pragmatismo. Y los del otro lado al revés. Un dilema, entonces, falso por sectario.
Así las cosas, ¿desde dónde enjuiciar lo que sucede? ¿Dónde buscar criterios útiles? Quizás sea conveniente dejar de lado criterios sustantivos y aplicar la metodología de la acción racional estratégica, porque es la que mejor nos permite atisbar los problemas de un proceso como el iniciado. Un proceso en el que, tanto o más que las estructuras de los problemas sociales y políticos tratados, cuentan las iniciativas, las estrategias y la suerte de sus actores al definir el proceso mismo y sus comportamientos dentro de él. Es lo que William H. Riker llamaba "herestética", es decir, el arte de manipular políticamente una cuestión a través de la definición de los actores, sus posiciones, las agendas y los marcos de tratamiento.
En este sentido, hay un punto esencial previo para poder analizar con mínima claridad el proceso iniciado de cese de la violencia, y, desgraciadamente, ese punto no está totalmente despejado. Podría formularse así: ¿hay un solo proceso en marcha o hay dos imbricados el uno en el otro? En concreto, el proceso de final dialogado puede ser un proceso autónomo, pero también podría estar conectado a uno más amplio que tendría por meta el establecer las bases políticas de un bloque de gobierno permanente en España del que estaría excluido la derecha. Hay síntomas de que puede existir este proceso amplio y de que se solapa de continuo con el otro, lo cual emborrona la percepción de los hechos.
En cualquier caso, el proceso se ha dibujado inicialmente con dos actores principales (Gobierno y ETA-Batasuna) y una serie de subactores reducidos al papel de observadores interesados. El Gobierno asume la representación de todos éstos (que se la otorgan siempre que no ponga en juego sus propios intereses y visiones particulares) y ETA-Batasuna se presentan como un bloque unido. La agenda es la cuestión de la violencia, y su marco la "mesa de las armas". Sin embargo, no bien iniciado el proceso, se produce una aparente crisis que provoca un cambio sustancial de agenda: la "mesa política", que inicialmente se contemplaba como diferida al futuro, se admite con carácter simultáneo y solapado a la otra. La crisis la provocan, aparentemente, las dificultades de Batasuna para controlar a ETA si se aplazan las issues políticas. Pues bien, un cambio de agenda tan temprano y de esta magnitud pone en cuestión una serie de cosas. En primer lugar, arroja serias dudas sobre la solidez de las bases en que se apoyaba todo el diseño. Sería muy grave que no existiera un control suficiente de los terroristas por parte de Batasuna, tal como se pensaba. Y por otro lado, parece que el Gobierno no controla plenamente el proceso, hasta el punto de que se ha visto obligado a alterar su itinerario y agenda sobre la marcha. Síntomas preocupantes ambos.
Podríamos estar ante el inicio de un fenómeno muchas veces constatado en todo proceso de negociación, el de que el proceso atrapa en su propia dinámica a sus actores y se llega a convertir en un fin en sí mismo, más allá de los objetivos sustantivos para los que se inició. Las apuestas políticas efectuadas se convierten en hipotecas que es muy gravoso rescatar, lo que genera una huida hacia delante que sostiene el proceso por falta de alternativa.
Por otro lado, sucede que el diseño de las dos mesas operando simultánea y solapadamente tiene problemas estructurales que no parecen haber sido debidamente considerados. Uno de ellos es el de la asimetría de los actores que se sientan: en un caso, sólo Gobierno y terroristas; en el otro, todos los partidos (lo que incluye al Gobierno y a los terroristas). La inevitable contaminación entre mesas genera una dinámica reactiva de los actores infrarrepresentados. Es decir, que los partidos presentes sólo en la "mesa de la política" cuestionarán e intentarán intervenir en la "mesa de las armas", desde el momento en que a través de ella se les condiciona. No podrá el Gobierno pretender el monopolio del contenido del diálogo con ETA cuando los frutos de ese diálogo se trasladan directamente a los intereses políticos de quienes están sentados en la otra mesa. Los perjudicados por esa traslación intentarán derribar ambas mesas, no sólo una. Que es lo que sucede con el Partido Popular.
Un formato más adecuado, en mi opinión, hubiera sido el de enmarcar las cuestiones políticas en una mesa nacional española y no en una exclusivamente vasca. Una issue tan global como la del derecho de secesión de parte del territorio español, que es lo que tarde o temprano se va a discutir, encuentra su marco adecuado en el nivel multilateral español, planteada con carácter general (federal), no en el particular y bilateral vasco. Lo que sucede es que ese planteamiento exige un entendimiento previo entre los dos grandes partidos nacionales, lo que es contradictorio con la atisbada posibilidad de que estemos en realidad asistiendo a la construcción de un bloque de exclusión perdurable de uno de ellos. Con lo que, al final, la cuestión principal es la definición de lo que está pasando: si hay un solo proceso o dos.