Quien haya leído los Lineamientos de la política económica y social, el documento a debatir en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en abril del próximo año, habrá notado la escasa, por no decir nula, innovación institucional que propone el mismo. Para tratarse de un congreso postergado durante ocho años y que intenta afrontar la prolongada crisis económica y política de Cuba, la "actualización del socialismo" que impulsa el Gobierno de Raúl Castro procede con una cautela reveladora de la falta de consenso dentro de las élites habaneras. No es en las instituciones sino en el lenguaje donde habría que encontrar los pocos avances que puede experimentar la política cubana a partir de la próxima primavera.
De acuerdo con las reformas a los artículos 3º, 11º y 137º de la Constitución cubana, en el verano de 2002, el socialismo en la isla es "irrevocable". Esas reformas, como es sabido, fueron introducidas en respuesta al Proyecto Varela, impulsado por el Movimiento Cristiano de Liberación, la organización opositora que encabeza Oswaldo Payá y que proponía una iniciativa de ley, respaldada por más de 11.000 ciudadanos, que condujera a una ampliación de las libertades públicas en la isla. El Proyecto Varela no demandaba la "revocación" del socialismo o la restauración capitalista, pero la respuesta del régimen al mismo fue que "Cuba no volvería jamás al capitalismo".
Tan solo este episodio describe la ambigüedad semántica con que el Gobierno cubano ha manejado, históricamente, conceptos centrales de su ideología como "revolución" o "socialismo". Dado que en ningún documento del Partido Comunista de Cuba o artículo de la Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002, se establece qué es el socialismo, la irrevocabilidad del mismo se vuelve también ambigua y, por tanto, aprovechable en un escenario de permanencia y cambio. Pero la ausencia de una definición explícita del socialismo genera una automática identificación del mismo con la estructura ideológica e institucional del régimen. Los tres elementos centrales de dicha estructura son el partido único, la ideología "marxista-leninista y martiana" y la economía de Estado.
Por su tono pragmático y su escasa densidad ideológica, los Lineamientos, título verticalísimo donde los haya, podrían abrir la puerta a una redefinición más explícita del concepto de socialismo en Cuba, al menos, en el tercer elemento. Digo podrían, porque este documento tampoco abandona esa tradicional opacidad conceptual de los líderes cubanos, que les ha permitido crear un aparato de legitimación simbólica sumamente
eficaz. Al cabo de medio siglo, esos viejos políticos saben que, para preservar el poder, es mejor que los significantes estén vacíos, ya que una ideología refinada puede convertirse en un arma de doble filo.
Esa mínima fisura, por donde podría avanzar una reformulación ideológica, aparece en la propia retórica del documento -menos manipuladora y demagógica-, en el énfasis en la dependencia de la economía cubana del exterior capitalista -comercio, inversiones, créditos, turismo, tecnología...-, en el "reconocimiento y estímulo" a las formas no estatales de propiedad -empresas mixtas, cooperativas, usufructos, trabajo por cuenta propia y "otras" no definidas aún-, en la insistencia con que se plantea la eliminación o reducción de subsidios estatales y, sobre todo, en la propuesta de una política fiscal y de precios no concebida para limitar al sector no estatal sino para fomentarlo.
Desde mediados de los años noventa, las tímidas aperturas al mercado de la economía cubana se han dado acompañadas de un constante boicoteo del poder político, basado en presiones tributarias, restricciones jurídicas y confiscaciones arbitrarias. Esa competencia desleal del Estado se ha manifestado, también, en el lenguaje político de los máximos líderes, empezando por el propio Fidel Castro. Los Lineamientos, que no solo son un gesto a la comunidad internacional sino un documento interno del Partido Comunista, abordan el tema del mercado en la economía cubana con una naturalidad hasta ahora inédita, aunque acote que "en la actualización del modelo económico debe primar la planificación".
Hay también otras modulaciones retóricas que vale la pena comentar, sin convertir la hermenéutica de las mismas en una hoja de ruta para la transición. El pasaje más ideológico del texto dice, apenas, que "solo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución". Pero a renglón seguido hace algo que ningún otro texto oficial había hecho: definir el socialismo. Socialismo, dice, "es igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo". Es cierto que el artículo primero constitucional afirma que Cuba es un "Estado socialista organizado... para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad", pero esta definición atribuye el contenido del socialismo a los fines del Estado y no a los derechos de la ciudadanía.
La nueva definición del socialismo cubano -igualdad de derechos y oportunidades- es idéntica a la definición de cualquier economía de mercado, Estado de derecho o democracia política del mundo. No hay aquí el menor intento de distinguir el "modelo cubano" dentro de la comunidad internacional ni de remitir su singularidad a la experiencia histórica de la isla. Así definido, el socialismo sería un sistema globalizado en el que la "separación de funciones estatales y empresariales" o la mayor autonomía de estas últimas responden a la incorporación en la isla de la racionalidad del capitalismo mundial.
Algunos analistas han vuelto a insistir en que los Lineamientos denotan la aproximación de Cuba al modelo chino o al "socialismo del siglo XXI" latinoamericano. Habría que recordar, una vez más, que el mismo no se abre al pluralismo político ni a la pequeña y mediana empresa privadas, aunque la forma en que este límite se manifiesta es, también, mucho más discreta que en toda la tradición del discurso oficial. No es la propiedad privada o la contratación de trabajadores lo que se proscribe, sino la "concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales". De manera que los Lineamientos, concebidos oficialmente como plataforma de permanencia, pueden ser utilizados por opositores y reformistas para presionar a favor del cambio.
Rafael Rojas es historiador cubano. Ha ganado el primer Premio de Ensayo Isabel Polanco con Repúblicas de aire.