El clima económico se está deteriorando y muchas señales indican que ha empezado una fuerte ralentización de la tasa de crecimiento de la economía española; incluso parece posible una recesión a finales de este año o principios de 2009. ¿Qué debería hacer el nuevo Gobierno en estas circunstancias?
Ante todo: evitar el pánico y dejar de lado cualquier polémica sobre responsabilidades políticas presentes o pasadas. Después de 14 años de crecimiento sostenido, una ralentización, incluso una recesión, es algo casi "fisiológico" en cualquier economía de mercado. Las economías que no sufren estos problemas son las que nunca crecen, como la italiana que está en crecimiento cero en 2008.
Sin la crisis financiera de Estados Unidos, es posible que la ralentización hubiera tardado algún tiempo más en materializarse, un año a lo sumo. Pero tampoco tiene mucho sentido buscar una relación causal entre las políticas económicas del primer Gobierno de Zapatero (o las de su predecesor) y el deterioro económico actual. No veo razonable establecer alguna relación de causalidad directa y no creo que, de buena fe, algún experto pueda argumentar que ésta o aquella medida de política económica sea la responsable de las dificultades que empezamos a padecer. Todos los ciclos de desarrollo económico tan largos y sostenidos, como el experimentado por España desde 1994, acaban de manera casi "natural". Probablemente este ciclo también haya llegado a su fin.
Los ciclos de crecimiento se acaban normalmente cuando las oportunidades de generar beneficios en los sectores más dinámicos -la construcción y el turismo en el caso español- se agotan debido a que los costes de producción aumentan más rápidamente que los precios de venta, y donde las ganancias de productividad son tan bajas que no compensan la subida de los costes. En estas circunstancias la ralentización se refleja en que una parte de las inversiones ya comenzadas no resultan rentables y deben ser abandonadas. En 2007-08 esta caída de la rentabilidad en los sectores claves ha sido más aguda y rápida debido a la inestabilidad en los mercados financieros internacionales, inestabilidad que ha afectado también la capacidad de financiación de las empresas españolas. Expresado de forma coloquial: hay que cerrar bastantes empresas porque no son rentables y porque los precios de los bienes que producen han bajado más de lo esperado. Como consecuencia, trabajadores e inversiones deben buscar negocios distintos, y más rentables, lo que implica quedarse en el paro o con pocos rendimientos por algún tiempo.
Existen, por tanto, dos problemas de corto plazo y algunos más de plazo más largo. Los de corto plazo son claros. El primero, varios inmuebles valen menos de lo que se esperaba. Es importante favorecer una liquidación ordenada de los mismos, compatibilizando la rapidez con la estabilidad de los precios. Algunas constructoras y algunos bancos ya están tomando medidas en esta dirección, y sería útil que el Gobierno pudiera jugar un papel de "facilitador" en estas actividades de recontratación privada. Hace falta repartir las pérdidas de manera equilibrada para minimizar su impacto agregado. España tiene una ventaja respecto a EE UU, ya que un gran porcentaje de las hipotecas emitidas aquí sigue siendo propiedad de los bancos que las financiaron. Éstos tienen incentivos a renegociar con sus clientes para evitar quiebras. El mismo argumento se utiliza para el caso de las constructoras, muchas de las cuales son probablemente viables pero se encuentran con un problema de falta de liquidez. Es posible diseñar incentivos fiscales que favorezcan estas recontrataciones y que, al mismo tiempo, no generen problemas de riesgo moral.
El segundo problema inmediato, un número sustancial de trabajadores se encontrará en el paro y los sueldos de otros subirán menos de lo esperado, o incluso bajarán. Para suavizar esta fluctuación cíclica de la renta disponible están a nuestra disposición el seguro de desempleo y los impuestos. Se trata de utilizarlos inteligentemente, sin dejarse dominar por la obsesión del superávit fiscal. Pretender un superávit en 2008, 2009 y, posiblemente, en 2010 sería un grave error. Una reducción generalizada del IRPF sobre la renta procedente de los salarios (no necesariamente uniforme para todos los niveles de renta) es una medida muy recomendable en estas circunstancias. De un solo golpe, esta medida alivia las fluctuaciones de la renta disponible, reduce los costes laborales y genera un incentivo adicional a la oferta de trabajo y a la contratación de trabajadores.
¿Hacen falta más medidas de emergencia en el corto plazo? Si la situación no empeora dramáticamente, no veo razones para actuaciones más drásticas por parte del Gobierno. Otro asunto, obviamente, son las acciones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la actividad de inspección y regulación de la banca española por parte del Banco de España.
Los asuntos de largo plazo siempre son los mismos y se resumen todos en una palabra: productividad. Reactivar el proceso de liberalización (en particular, en el ámbito de las profesiones y del comercio), fomentar la inversión en actividades de alto valor añadido, mejorar la calidad de la fuerza de trabajo española, hacer subir nuestra inversión en I+D y la calidad del capital humano, siguen siendo los objetivos principales. Desde la entrada en la Unión Europea los progresos han sido notables en cada uno de estos terrenos; también es verdad que, desde el segundo Gobierno de Aznar, el afán reformador parece haberse parado en una complacencia con los resultados alcanzados. Las nuevas circunstancias nos ofrecen una oportunidad de dar un salto sustancial hacia adelante.
Finalmente, me gustaría referirme a tres elementos que deben abordarse en un proceso de reforma a largo plazo: la fiscalidad del trabajo, las universidades y la inmigración. Con independencia de la reducción cíclica defendida anteriormente, sería apropiado realizar una reducción y simplificación permanente de los impuestos sobre los salarios. Éstos siguen siendo demasiado altos, en particular para los trabajadores más productivos pero también para los de renta más baja, frente a la competencia internacional. Hace falta mirar a los irlandeses, y aprender de su experiencia. La decisión de que parte de la reducción cíclica de los impuestos mencionada antes se transforme en permanente, la podemos tomar una vez que se reactive el proceso de crecimiento. Esta reducción no debe implicar, en ningún caso, un déficit permanente del sector público, sino, simplemente, un déficit cíclico. Si no encontramos la voluntad política para bajar impuestos a principios de una recesión, cuando el superávit fiscal es mayor del 2% y la deuda pública bastante menor del 40% del PIB, nunca lo encontraremos. La ralentización debe ser entendida como una oportunidad: simplificar (dos tramos) y reducir la carga fiscal en 3-4 puntos del PIB, dejando para los presupuestos de 2010 la decisión de qué parte va a ser permanente y qué parte temporal.
Adicionalmente, se debería llevar a cabo un proceso real de modernización de la Universidad española, entregando a las universidades la más completa libertad económica y académica. Las universidades públicas pueden seguir siendo públicas, pero su calidad puede mejorar sustancialmente si apostamos por una liberalización que aporte autonomía financiera a las públicas y competencia real desde las privadas. El sistema de universidades públicas del Estado de California (al cual pertenecen instituciones de tanto prestigio como Berkeley, UCLA y UCSD, que compiten a su vez con otras privadas como Stanford) con su financiación mixta, su completa independencia y su enorme calidad, es el ejemplo que España podría imitar en un horizonte de medio plazo. Existen las condiciones para este cambio. Solamente hace falta la voluntad política de superar lo que, a este punto, parece más un "tabú" ideológico que una verdadera imposibilidad de hacerse real.
La inmigración ha sido, sin duda, uno de los motores que ha permitido a España disfrutar de más de 14 años de crecimiento sostenido y puede serlo otra vez. Hacen falta cambios radicales en la política de inmigración, en particular si deseamos atraer a trabajadores altamente cualificados. Éstos vendrán no sólo si simplificamos su proceso de asimilación legal y laboral, sino también si somos capaces de atraer a España empresas dispuestas a contratar mano de obra cualificada. El ejemplo irlandés es parcialmente imitable: ventajas fiscales a empresas de alto valor añadido que se localicen en España es una política que debería ser considerada muy seriamente en el proceso de búsqueda de una nueva fase de crecimiento de largo plazo.
Michele Boldrin, catedrático de la Washington University en St. Louis y director de la Cátedra Repsol en FEDEA.