¿Qué hacer en Navarra?

Por Víctor Manuel Arbeola, ex presidente del Parlamento navarro (ABC, 31/07/06):

SEGÚN la reciente encuesta encargada por el Parlamento de Navarra, un 75 por ciento de los navarros se muestran contrarios a la unión con el País Vasco, mientras que un 15 por ciento se declaran partidarios de la misma y un 10 por ciento no opina u oculta su opinión. Por otra parte, el grado de satisfacción de los navarros con la autonomía de nuestra comunidad foral es altísimo, excepto entre los votantes de Batasuna y Eusko Alkartasuna. Aunque, eso sí, un alto número de encuestados (62 por ciento) crea necesario que Navarra tenga más competencias.

Si hemos de creer otra reciente encuesta llevada a cabo por la revista «Época», el 92 por ciento de los que votan al PSN/PSOE se sienten orgullosos de ser españoles, dentro de una media navarra del 73,2 por ciento; muy cerca del 94,9 por ciento de los votantes de UPN y no lejos de los del CDN (100 por cien). En cuanto a la unión de Navarra al País Vasco, los mismos votantes socialistas se oponen en su inmensa mayoría (77 por ciento), y sólo les superan en esa oposición los seguidores de UPN (94,1 por ciento) y los de CDN (100 por cien).

Éste me parece el fondo ideológico-político de los dos sondeos, aunque en otras cuestiones más laterales y coyunturales las respuestas aparezcan más diferenciadas.

Lo decisivo, y eso vienen diciéndonos todas las elecciones desde 1977, es que a los navarros nos gusta el nombre de nuestra comunidad -«Navarra constituye una comunidad foral»-, nos gustan nuestro autogobierno, nuestras instituciones, nuestros derechos y deberes garantizados, nuestra integración solidaria en España y en la Unión Europea.

Nadie de nosotros imaginaba que la Transición democrática, tan celebrada por todos dentro y fuera, y los veinticinco años floridos de nuestra Constitución de la concordia, que veníamos de festejar, iban a derivar en una desaforada, cuando no disparatada, carrera de proyectos estatutarios o «constitutarios», sin un criterio claro y riguroso propuesto por las Cortes o por el Gobierno de la Nación, sin consenso a veces entre los dos grandes partidos, pensando unos en cambiar soterradamente el ordenamiento jurídico español y algunos otros, en no ser menos que el vecino, dejar alta la sigla mayoritaria en la región o asegurarse unos cuantos años más la cabina de mando de la nave comunitaria. ¡Y a esto se llama «política territorial»!

Así que, queramos o no, henos a todos, aquí y ahora, metidos en la vorágine de la reforma. Pero, aunque así no hubiera sido, y todo hubiérase hecho con orden y concierto, seguro que, más pronto o más tarde, habríamos acordado las reformas necesarias «recomendadas» por la existencia de la Unión Europea, la globalización económico-cultural, la inmigración y los serios cambios habidos en España y en cada comunidad. Suelen ser éstos los principales lugares comunes motivantes que aparecen en los preámbulos de los nuevos proyectos. También en el del informe presentado por la ponencia constituida en el Parlamento de Navarra, que ha querido, sin prisas ni plazos fijos, potenciar nuestro autogobierno, completando y actualizando la ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (1982), nuestro popular «Amejoramiento».

Y así la ponencia ha propuesto incluir la iniciativa parlamentaria para la reforma de la ley (hoy sólo en manos del Gobierno); la participación popular mediante referéndum del texto aprobado por los parlamentarios forales; la capacidad plena del presidente del Gobierno foral para disolver el Parlamento y la de éste para regular su régimen de sesiones..., amén de otras facultades menores y competencias pendientes de traspaso. Puntos todos de debate para que, si un día son ampliamente aprobados, el Gobierno de Navarra los negocie con el Gobierno de la Nación y del Estado, en la más pura tradición foral. De todos modos, esa reforma y ese posible referéndum serán fruto del consenso y no del disenso entre los partidos denominados constitucionalistas, y ojalá que entre todos.

Y lo mismo habrá de hacerse con la reforma de la «dichosa» Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, verdadera «crux» jurídico-política entre los políticos navarros y no navarros. Un mapa autonómico, aunque estable, no es nunca eterno. No lo ha sido ni en Suiza, que hace años vio el Cantón de Berna dividido en dos. La reforma de la Constitución española, cuando sea posible y necesaria, deberá contemplar la posible modificación, por más o por menos, de ese mapa. Como mínimo, lo mismo que entonces se dejó escrito, hipotética y excepcionalmente, para Navarra habrá que escribirlo para cualquier comunidad que modifique su estatus. Y la consensuada Disposición, que un día hubo de cumplir su papel, dejará de tener sentido, si es que alguno todavía tiene.

Mejor aún, si los nombres de las comunidades autónomas -que no «autonomías» y mucho más que «territorios»- se incluyeran, como recomendó el Consejo de Estado, en el Título Preliminar antes que en el Título VIII de la Carta Magna. En el primer caso, como se sabe, cualquier cambio del mapa autonómico requeriría el procedimiento agravado de reforma, mientras, en el segundo, bastaría una mayoría de tres quintos.

Tal y como está el patio en la «España centrífuga», más que «plural», mucho me temo que lo mejor no sea por ahora posible. Razones de sobra hay por tanto para que también en Navarra vayamos preparando nuestra aportación a la reforma constitucional en lo que singularmente nos atañe, con la mayor diligencia y consenso posibles entre los partidos defensores de la Constitución y del Amejoramiento.

Con ese consenso, a punto de celebrar las bodas de plata de nuestro autogobierno, hemos fortalecido, ampliado y democratizado nuestro viejo régimen foral; hemos alcanzado altas cotas de progreso y bienestar colectivos; hecho posible la alternancia pacífica; superado obstáculos de varios géneros, y el peor de todos: el terrorismo etarra.

Esta es nuestra fuerza segura y serena. No tenemos otra mejor.