Por Emilio Silva Barrera, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (EL PAÍS, 07/11/06):
En el documental Las fosas del silencio, de Montserrat Armengou y Ricard Belis, una mujer que asiste a una misa por los muertos franquistas de la guerra de 1936-1939 es preguntada por las actuales exhumaciones de fosas comunes. Responde: "Esto que están haciendo es una campaña orquestada por el diablo. Lo están estropeando todo. ¡Y nosotros, que les habíamos perdonado!".
Lo que esa mujer define como una "campaña orquestada por el diablo" es la labor iniciada por una modesta asociación que nació en El Bierzo leonés y que desde hace seis años, sin apoyo del Estado pero con el de numerosos voluntarios, trabaja para ayudar a los familiares de los republicanos y las republicanas asesinados, generalmente, por pistoleros falangistas. Para empezar, a esos familiares se les negó el básico y humanitario derecho a darles una sepultura digna.
Cuando la mujer del documental afirma que las exhumaciones de fosas comunes de los desaparecidos republicanos lo están "estropeando todo", lo que está explicando es que "todo" estaba arreglado. Esa sencilla frase está contando muchas cosas de la historia de este país y no sólo de la solución que la dictadura ofreció a sus partidarios, sino de la facilidad con la que los franquistas que hicieron carrera bajo su corrupción política ingresaron luego en la democracia, sin que fueran derogadas leyes que iban mucho más allá de las reparaciones a las que tiene derecho cualquier víctima de la violencia.
Al terminar la guerra, los dirigentes franquistas promovieron numerosas y costosas medidas para reparar y ensalzar a las víctimas de los republicanos. En la Gaceta Oficial del 1 de septiembre de 1939, aparece la Ley sobre provisión de plazas de la Administración del Estado, que reservaba el 80% de los puestos básicos de una administración pública "depurada" y repleta de vacantes a mutilados, ex combatientes y familiares de los muertos franquistas en la guerra de 1936-1939. Los boletines oficiales de la posguerra están sembrados de medidas similares: becas, concesión de estancos, miles de puestos en la policía o para el ejercicio del magisterio... Las autoridades franquistas promovieron la exhumación de fosas comunes, pero exclusivamente de los muertos franquistas. Las labores eran llevadas a cabo por funcionarios públicos que documentaron esas muertes y fueron reconocidas públicamente por autoridades religiosas y militares.
Los agentes políticos de la transición tenían como principal objetivo la consecución de una democracia formal, pero dejaron en el tintero el problema de las miles de familias españolas que habían sido reprimidas durante cuarenta años, convertidas en una casta inferior, al servicio de unos vencedores para los que este país fue un botín de guerra.
En los últimos años, sin embargo, la memoria reprimida de los hombres y mujeres que padecieron el franquismo ha incrementado su labor para conquistar los espacios públicos que merecen quienes fueron perseguidos por sus ideas democráticas. Eso ha abierto un hueco en las agendas políticas y un debate sobre el pasado que nos civiliza y normaliza con respecto a otras democracias europeas asaltadas, igual que la nuestra, por el fascismo, en la primera mitad del siglo pasado.
Como respuesta, el Gobierno ha redactado un Proyecto de Ley de Memoria Histórica que debería comprometerse con quienes defendieron la existencia de gobiernos democráticos y reparar las injusticias que padecieron. Pero la ley que prepara el Gobierno pasa de puntillas por muchas de las cuestiones básicas.
El Gobierno no se responsabiliza, por ejemplo, de la búsqueda de los desaparecidos, una obligación asumida en la Resolución de la ONU 47/133, de 18 de diciembre de 1992, que dice en su Artículo 2, punto 2: "Los Estados actuarán a nivel nacional, regional, y en cooperación con las Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas". Pero el proyecto gubernamental delega esa responsabilidad en colectivos formados por voluntarios, que en una democracia no deben ser quienes tengan que garantizar los derechos.
Tampoco asume la anulación de los juicios sumarísimos, que tuvieron como consecuencia el fusilamiento, encarcelamiento o destierro de miles de personas y que fueron instruidos por seudotribunales que no ofrecían ni las más básicas garantías para lo que actualmente conocemos como un juicio.
Así el proyecto de ley trata de mantener una equidistancia y asegura que la política no debe construir la historia, como si no se diseñaran políticamente los libros de texto en los que la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista ocupan un breve espacio al final del temario; lo que tiene como consecuencia, como explicaban los resultados de una encuesta ofrecida por este diario el pasado 18 de julio, que el 35,5% de los españoles declare no haber estudiado en sus centros de enseñanza nada acerca de ese periodo.
Setenta años después y con una democracia recuperada hace tres décadas, el Gobierno debe intervenir en ámbitos públicos para construir la justicia que fue negada durante tanto tiempo. Se trata, además, de poner límites a una cultura política franquista que ha sobrevivido hasta nuestros días y que enuncia que detrás del simple ejercicio de los derechos humanos está "una campaña orquestada por el diablo", o que la legítima búsqueda de la justicia divide a los españoles.
Mientras se delegue esa tarea en generaciones venideras, la cultura política de este país se verá resentida por las consecuencias del franquismo y la ciudadanía no podrá dedicarse simplemente al conocimiento de su pasado porque tendrá tareas pendientes con respecto a él. Es hora, pues, de que los pocos hombres y mujeres que sobrevivieron a los horrores del franquismo reciban un reconocimiento institucional que nunca han tenido y ofrezcan públicamente su memoria para que los jóvenes entiendan que aplastar la libertad, perseguir a quienes la defienden y negar la existencia de los derechos humanos es, precisamente, "estropearlo todo".