10-N: hacia un nuevo orden desigual

Nuestra casta política nos convida, fruto de su incapacidad empática, a un nuevo festín sufragista a razón de 140 millones de euros. Estamos, de nuevo, ante la cábala metódica del jurista belga Víctor D’Hondt y su bipartidismo imperfecto. Su traslación al 10-N nos devolverá a la casilla de inicio: la necesidad de una coalición. A ello sumamos el imperativo de unos Presupuestos Generales viables. Su diseño es clave para soportar el “Estado Social y Democrático de Derecho” del artículo 1.1 de nuestra Constitución (CE).

Ese modelo y sus valores delinean, desde la Segunda Posguerra Mundial, la base democrática de la convivencia política occidental. Sólo con él, nucleado presupuestariamente, se sale de la precariedad ideológica y económica. No debemos caer en el mercadeo del voto predispuesto por nuestros líderes quienes omiten, en sus mítines, su expresión. Es hora de explicarlo brevemente.

Lo que defiende ese modelo estatal es la igualdad de derechos para todos. Ese anhelo no se alcanza efectivamente debido, mayormente, a las notorias diferencias sociales entre la población. Por ello, la finalidad principal de ese ente estatalista es la consecución del bienestar de sus ciudadanos. Es ésta una de sus finalidades, además, de la de garante de la Paz Social.

Este ideal de Estado funciona si hay presupuesto. A la par, su fomento es un logro suprapartidista que nuestros candidatos relegan, a sabiendas, en sus rondas de postureo ególatra notarizadas, en palacio, por Felipe VI. No hay sentido de Estado y, tampoco, hay margen, con ese divismo, para la labor mediadora y arbitral de la Corona (art. 56.1 CE). En ese sistema resulta consensuado hallarnos ante un juego de contrapesos de las dos funciones estatalistas: la asistencial y la interventora en la economía general.

Los modelos de crecimiento no son ajenos a esa tensión bifronte. De esta manera, la primacía del mercado sobre el Estado, y su papel regulador, suele blandirse como catalizador del crecimiento económico. Pero cuando las crisis irrumpen, es cuando la potestad reguladora estatal primaría para reflotar el deterioro socio-económico con una estructuración netamente asistencial. No obstante, ese rescate debe enfrentarse a que, eventualmente, una excesiva ausencia de control conlleva, como contrapartida, un aumento de las desigualdades sociales.

Los años 80 y 90 supusieron, una gran tasa de desempleo y el bienestar era una meta imposible, pues la distribución de la renta no era igualitaria. El reajuste de 2012, fue otra muestra tras el desplome bancario español. El artículo 1 CE apuntalaría, por tanto, que la verdadera dimensión del Estado Social es, precisamente, su veta asistencial. Y desde ese hontanar, se articula la exigencia primordial de un efectivo reconocimiento y garantía del catálogo de los derechos sociales. Ese conjunto, dota a sus titulares de la facultad de exigencia al Estado de una actuación positiva para su consecución. En ese listado aparecen dos grupos diferenciados.

En primer lugar, brillan los derechos sociales de libertad inherentes a la esfera de la autonomía del individuo (p.ej. el derecho de libre sindicación y huelga). El Estado debe garantizarlos a ultranza. Su quebranto implicaría una aplaudida política legislativa interventora de máximos.

En segundo, surgirían los configurados como deberes o poderes genéricos del Estado más que como derechos subjetivos accionables ante los tribunales (sin abrazar las teorizaciones de Schmitt). Me refiero aquí a los derechos sociales de prestación que incluyen el derecho a la educación; al trabajo; a la Seguridad Social; protección de la salud, etc. Aquí se habilita a la legislación y a la Administración Pública para el establecimiento de una tutela de una Justicia Social efectiva para acabar con las situaciones de “menesterosidad”. Ese es su fin supremo. Por tanto, todas las normas constitucionales –en materia social– deben armonizarse en ese objetivo (fruto de los arts. 139 y 9.2, ambos de la CE). Siempre, sin perjuicio, de que, en ese campo, se parta de un mínimo garantizado por el Estado Central promotor del bienestar social (art. 149.1.1).

Sin embargo, las mejoras específicas de esa asistencia son tarea de los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas (148.1. 20). Se consagra, así, una política asistencial de mínimos. Esa es la pauta constitucional. No hay otras reglas de juego. El problema es que los presupuestos que la nutren se exceden de ese límite –confundiendo los 2 bloques de derechos– al invertir el gasto público en sectores a fondo perdido. El fracaso es palpable: no se ralentiza la latente desigualdad entre los estratos de la sociedad.

Nuestra casta política nos convida, fruto de su incapacidad empática, a un nuevo festín sufragista a razón de 140 millones de euros. Estamos, de nuevo, ante la cábala metódica del jurista belga Víctor D’Hondt y su bipartidismo imperfecto. Su traslación al 10-N nos devolverá a la casilla de inicio: la necesidad de una coalición. A ello sumamos el imperativo de unos Presupuestos Generales viables. Su diseño es clave para soportar el “Estado Social y Democrático de Derecho” del artículo 1.1 de nuestra Constitución (CE).

Ese modelo y sus valores delinean, desde la Segunda Posguerra Mundial, la base democrática de la convivencia política occidental. Sólo con él, nucleado presupuestariamente, se sale de la precariedad ideológica y económica. No debemos caer en el mercadeo del voto predispuesto por nuestros líderes quienes omiten, en sus mítines, su expresión. Es hora de explicarlo brevemente.

Lo que defiende ese modelo estatal es la igualdad de derechos para todos. Ese anhelo no se alcanza efectivamente debido, mayormente, a las notorias diferencias sociales entre la población. Por ello, la finalidad principal de ese ente estatalista es la consecución del bienestar de sus ciudadanos. Es ésta una de sus finalidades, además, de la de garante de la Paz Social.

Este ideal de Estado funciona si hay presupuesto. A la par, su fomento es un logro suprapartidista que nuestros candidatos relegan, a sabiendas, en sus rondas de postureo ególatra notarizadas, en palacio, por Felipe VI. No hay sentido de Estado y, tampoco, hay margen, con ese divismo, para la labor mediadora y arbitral de la Corona (art. 56.1 CE). En ese sistema resulta consensuado hallarnos ante un juego de contrapesos de las dos funciones estatalistas: la asistencial y la interventora en la economía general.

Los modelos de crecimiento no son ajenos a esa tensión bifronte. De esta manera, la primacía del mercado sobre el Estado, y su papel regulador, suele blandirse como catalizador del crecimiento económico. Pero cuando las crisis irrumpen, es cuando la potestad reguladora estatal primaría para reflotar el deterioro socio-económico con una estructuración netamente asistencial. No obstante, ese rescate debe enfrentarse a que, eventualmente, una excesiva ausencia de control conlleva, como contrapartida, un aumento de las desigualdades sociales.

Los años 80 y 90 supusieron, una gran tasa de desempleo y el bienestar era una meta imposible, pues la distribución de la renta no era igualitaria. El reajuste de 2012, fue otra muestra tras el desplome bancario español. El artículo 1 CE apuntalaría, por tanto, que la verdadera dimensión del Estado Social es, precisamente, su veta asistencial. Y desde ese hontanar, se articula la exigencia primordial de un efectivo reconocimiento y garantía del catálogo de los derechos sociales. Ese conjunto, dota a sus titulares de la facultad de exigencia al Estado de una actuación positiva para su consecución. En ese listado aparecen dos grupos diferenciados.

En primer lugar, brillan los derechos sociales de libertad inherentes a la esfera de la autonomía del individuo (p.ej. el derecho de libre sindicación y huelga). El Estado debe garantizarlos a ultranza. Su quebranto implicaría una aplaudida política legislativa interventora de máximos.

En segundo, surgirían los configurados como deberes o poderes genéricos del Estado más que como derechos subjetivos accionables ante los tribunales (sin abrazar las teorizaciones de Schmitt). Me refiero aquí a los derechos sociales de prestación que incluyen el derecho a la educación; al trabajo; a la Seguridad Social; protección de la salud, etc. Aquí se habilita a la legislación y a la Administración Pública para el establecimiento de una tutela de una Justicia Social efectiva para acabar con las situaciones de “menesterosidad”. Ese es su fin supremo. Por tanto, todas las normas constitucionales –en materia social– deben armonizarse en ese objetivo (fruto de los arts. 139 y 9.2, ambos de la CE). Siempre, sin perjuicio, de que, en ese campo, se parta de un mínimo garantizado por el Estado Central promotor del bienestar social (art. 149.1.1).

Sin embargo, las mejoras específicas de esa asistencia son tarea de los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas (148.1. 20). Se consagra, así, una política asistencial de mínimos. Esa es la pauta constitucional. No hay otras reglas de juego. El problema es que los presupuestos que la nutren se exceden de ese límite –confundiendo los 2 bloques de derechos– al invertir el gasto público en sectores a fondo perdido. El fracaso es palpable: no se ralentiza la latente desigualdad entre los estratos de la sociedad.

Los últimos borradores –como el gatillazo del Programa de Estabilidad 2019-2022– eran tan cortoplacistas y fantásticos que, a su vista, la UE no se deslumbró. Se pretendía un estacazo fiscal para financiar un gasto público sin inversiones en sectores productivos (que la amorticen parcialmente de vuelta). La eficiencia es, de este modo, sacrificada por una pseudo-equidad inversora como locuaz cortina de humo. Se mezcla dolosamente –para inflar lo presupuestario– la libertad con la prestación. Para la primera bastaría con una legislación ejecutable en los tribunales y, para la segunda, su desarrollo maximalista por las Comunidades Autónomas.

Nuestras partidas presupuestarias estatales deben, igualmente, enclavarse en sus coordenadas internacionales. Ese mercado resulta sesgado por numerosísimas variables de influencia social, política y económica. Son todas ellas quienes, al final, construyen los ciclos de crisis o bienestar. Hoy estamos ante una futurible recesión.

El oráculo del Foro Económico de Davos, nos advierte –en su Global Risks Report de 2019– de varios aprietos cíclicos: falta de cohesión europea; la guerra comercial China-EE.UU y el proteccionismo nacionalista. Trump personifica esto último. Es un apéndice de la doctrina Wilson y su destino manifiesto: “América para los americanos”. Todo ello con su intención de disminuir su participación en la OTAN y un deshielo de las relaciones bilaterales con Rusia. A ello, le siguió la ruptura con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (representativo del 40% de la economía global).

A esos indicadores sumo los aposentados en la desigualdad económica y la polarización social. Esas son algunas de las lacras del nuevo orden mundial. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico evidencia esa desigual tendencia regresiva sobre las rentas y estratos sociales. Sus Income Inequality and Poverty updates, de 2019, así lo refrendan

La UE necesita recuperar su influencia tras el chasco del proyecto de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. El brexit, tampoco allana el camino hacia un mundo más multilateral (al menos en términos arancelarios). Para esa consolidación comunitaria nuestra armonización presupuestaria es esencial. Su solvencia –afianzada en los programas políticos– debiera ser desarrollada por unos economistas capaces. ¿No deberían saltar a la arena electoralista?.

¿No será la hora de programas y presupuestos económicos verídicos con el orden internacional? La plusvalía siempre debiera retroalimentarse: debe recompensar –en el reparto del beneficio– a quien arriesga su capital y a quien presta su trabajo dependiente. Aunque para muchos éste, según se posicione una de las partes, será siempre un sofisma partidista. Otro más sería que la sedación presupuestaria apoyase a la I+D+i más disruptiva y competitiva. No vale el salvavidas (desinversor) de las tasas Tobin y Google.

La clase que nos pretende dirigir sigue el lema de que “la poltrona con vistas al hemiciclo lo es todo”. De lo económico no hay noticias más allá de ser interventores. Su consigna, es violar ese antedicho mínimo constitucionalista de prestación enmascarándolo con el libertario. Su explicación al censo electoral es esencial. En su lugar, nos embaucan con la táctica joseantoniana. El mensaje para ese destino histórico patriótico reside, en desplazar problemas de fondo –como el analizado– anunciando eternamente que valores y derechos universales están siendo soliviantados. Es la eterna divulgación divisoria de: los azules y rojos; los alarmistas cordones sanitarios; el amamantamiento de los chiringuitos públicos inservibles; la beatificación de los empleos públicos (con el 15% de nuestro mercado laboral) superadores de la media de la Eurozona, etcétera.

Ojalá un partido liberal de verdad –inexistente en España– fuera la bisagra para la gobernanza. No nuestros insolidarios nacionalismos limítrofes. Después del 10-N más de lo mismo. O igual… tendríamos que enterrar, con un tañido campanil, el sistema del difunto Sr. D’Hondt.

Jorge Vila Lozano es abogado y doctor en Derecho.

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