Por Héctor Silveira Gorski e Iñaki Rivera Beiras, profesores de universidad y miembros del OSPDH de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 05/07/06):
Desde la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de extranjeros han estado internados en "centros públicos de carácter no penitenciario" a la espera de ser expulsados por no tener los documentos requeridos para residir en el territorio. Sólo en el año 2003 fueron internados 19.595 extranjeros en los 10 centros de internamiento de extranjeros (CIE) existentes en Algeciras, Barcelona, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Tenerife y Valencia, con una capacidad total para 2.105 extranjeros. Estos centros, junto con los otros campos de detención e internamiento de extranjeros en los aeropuertos, puertos y ciudades europeas y los construidos, con fondos europeos, en países africanos, como Libia y Mauritania, son uno de los pilares de la política de repatriación de la Europa fortaleza. En 2005 España expulsó a 11.002 extranjeros y repatrió a 121.062. Gran parte de ellos estuvieron en algún CIE para ser expulsados o en algún otro campo a la espera de ser devueltos, retornados o readmitidos.
La aplicación de la política de repatriación y la proliferación de estas cárceles administrativas en la Unión Europea y en los países fronterizos son una lacra para la sociedad europea. Cada año miles de extranjeros arraigados son detenidos, internados y expulsados por no tener los papeles en regla. España los expulsa, cuando debería y podría imponerles una sanción pecuniaria. Privar de libertad y expulsar a una persona únicamente por ser un indocumentado quiebra el paradigma inocente-culpable, sin el cual no es posible entender la convivencia en la sociedad moderna. Pero es que además las propias leyes fabrican excluidos, como sucede con aquellos que tras ser internados no pueden ser expulsados. Estos se convierten en alegales por voluntad del legislador, el cual los excluye del ámbito de actuación ordinaria de la Administración. A ello se suma que durante los procedimientos de expulsión los indocumentados ven generalmente quebrados sus derechos de tutela judicial efectiva y disponen de escasas garantías jurídicas frente al amplio grado de discrecionalidad que tienen las fuerzas de seguridad cuando aplican las leyes de extranjería, cosa que hacen de forma laxa y diferente según el órgano y la zona. Ante esta quiebra de la legalidad, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona recomendaba en el Informe sobre los procedimientos de expulsión (2003) la necesidad de mejorar sustancialmente la intervención de los jueces, abogados y funcionarios policiales. Estos últimos deben tener en cuenta, tal como establece la ley, las circunstancias personales del extranjero -arraigo, medios de vida- a la hora de incoar el procedimiento sancionador. Ello abriría la puerta a un incremento de las sanciones pecuniarias. Los abogados tienen que asistir al extranjero a lo largo de todo el procedimiento de expulsión. Y los jueces de instrucción no pueden desinteresarse de la suerte del extranjero en los CIE alegando que están ante una medida administrativa. Los CIE son cárceles administrativas que, aunque estén bajo la dirección del Ministerio del Interior, no pueden dejar de tener un control jurisdiccional, especialmente cuando muchos de ellos, como el de la Verneda en Barcelona, Moratalaz en Madrid y Capuchinos en Málaga, no cumplen, como ha denunciado el Defensor del Pueblo, las condiciones mínimas para mantener personas recluidas y presentan graves deficiencias de funcionamiento. Algo mejorarían las condiciones de internamiento de los extranjeros si los abogados, pero especialmente los jueces, se implicaran de otra forma y en mayor grado en un asunto en el que están en juego la dignidad y los derechos fundamentales.
De ahí que la suerte de estos extranjeros dependa también de la implicación de la sociedad civil, la cual tiene que exigir que estas cárceles administrativas no sigan funcionando como agujeros negros en un Estado de derecho. Como cualquier otra institución de reclusión, han de ser transparentes en sus actuaciones, hacer públicos los procedimientos y los medios a través de los cuales aplican el internamiento y garantizan los derechos de los internados, y estar abiertos a mecanismos de supervisión tal como establece el protocolo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en vigor en España desde el pasado 22 de junio.
El desafío es enorme ante la institucionalización de una cultura político-administrativa que configura la inmigración clandestina como un cuasidelito y que no duda en utilizar el internamiento y las expulsiones como instrumentos de amenaza y control sobre los extranjeros. El internamiento en CIE desempeña un importante papel simbólico ante una sociedad europea que, preocupada por su seguridad y bienestar, esconde la cabeza ante la creación de nuevos muros. Esta política autoritaria y excluyente no tiene visos de cambiar, sino que se consolida como la vía que seguir, tal como se recoge en la propuesta de directiva sobre los procedimientos y las normas comunes para el retorno de irregulares presentada por la Comisión Europea en septiembre de 2005. En ella se mantienen las expulsiones y se abre la puerta para que el internamiento pueda llegar hasta los seis meses.
Una sociedad democrática no puede permitir que el Estado de derecho deje de actuar como garante de los derechos, libertades y garantías de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de extrema necesidad como pueden estar los inmigrantes indocumentados, refugiados y desplazados. La convivencia depende del respeto que toda persona, sea nacional o extranjera, reciba de forma íntegra de las instituciones públicas, de su reconocimiento como miembro de un grupo étnico o cultural y en cuanto a su consideración como potencial ciudadano. Los CIE son hoy la expresión de una Europa fortaleza que necesariamente tendrá que derruir sus muros en aras de la convivencia en una sociedad democrática.