El Mundo es el único periódico español que no ha tirado la toalla en el intento de llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación del 11-M. He seguido con atención sus últimas revelaciones. Por de pronto ya no se puede afirmar que el explosivo utilizado en la criminal masacre fuera Goma 2 Eco, como afirma la sentencia de la Audiencia Nacional. Y esto hace tambalear todo el armazón de la «verdad» oficial.
La referida sentencia comienza atribuyendo la autoría de los atentados -eso sí, sin justificar por qué lo hace- a los miembros de una célula de musulmanes islamistas espontáneamente organizada para sumarse a la Yihad y castigar a los españoles por su intervención en Afganistán e Irak. Siete de ellos saltaron por los aires en un piso de Leganés el 3 de abril de 2004. El octavo, Jamal Zougam, está vivo y cumple una condena de 35.000 años de cárcel como autor material de los atentados. Dos testigos declararon haberle visto en los trenes. De las revelaciones de EL MUNDO se desprende que podrían haber incurrido en falso testimonio y la Justicia está sobre el asunto. Por otra parte, siempre me pareció extraño que Zougam fuera visto en los trenes y nadie testificara en cambio haberse topado con algún otro miembro de la célula islamista.
Pero hay otro aspecto inquietante del 11-M que parece haber quedado definitivamente enterrado. Resulta que todos cuantos tuvieron algo que ver en el atentado, según la versión oficial, o eran confidentes de los cuerpos de Seguridad o estaban estrechamente vigilados. Y eso plantea la cuestión de saber qué es lo que falló en el funcionamiento de los servicios del Estado para que los terroristas pudieran conseguir su criminal objetivo. No se trata de poner en cuestión el papel de la judicatura, de la Fiscalía, del CNI, de la Guardia Civil o de la Policía. Pero sí la actuación de algunos de sus miembros.
Resulta que Suárez Trashorras, el asturiano condenado a 38.000 años de cárcel como cooperador necesario de los autores de la masacre al haberles proporcionado los explosivos, venía siendo denunciado por distintas fuentes como traficante de dinamita desde bastante antes del 11-M. La Guardia Civil de Asturias y la Unidad Central Operativa (UCO) del benemérito cuerpo tuvieron noticias fidedignas de que el narcotraficante de Avilés había organizado un negocio clandestino de venta de dinamita robada.
Por si fuera poco, resulta que el propio Suárez Trashorras era confidente del jefe de Estupefacientes de Avilés. Recuerdo la impresión que me produjo su declaración en la comisión del 11-M, donde le interrogué en nombre del Grupo Popular. Dijo que unos meses antes del atentado le habían informado desde la Policía de Gijón que su confidente podía estar involucrado en tráfico de explosivos, razón por la que después de hacerle una severa admonición decidió apartarse de él. Su testimonio me impactó. Acabábamos de saber poco antes en la Comisión que la UCO había llegado a tener en sus manos una muestra de la dinamita robada, proporcionada por su confidente Rafá Zouhier, y ahora conocíamos que Suárez Trashorras era colaborador e incluso amigo del jefe de Estupefacientes de Avilés, que sabía de la existencia de El Chino y sus compinches. Entonces no pude menos que decir que me sentía entristecido, porque a pesar de haber estado tan cerca de Suárez Trashorras y de sus amigos los «moritos», como él compareciente llamó a El Chino y compañía, bien por negligencia o porque aquellos habían sido más inteligentes, la dinamita llegó a sus manos. Al término de su comparecencia, el mando policial se derrumbó y pidió perdón a las víctimas. Eso sí, a su regreso a casa fue recibido como un héroe por sus compañeros, que me acusaron de haberle sometido a un interrogatorio durísimo y hasta algún sindicato policial consideró la posibilidad de querellarse contra mí.
Luego vinieron las contradicciones de algunos de los responsables de los cuerpos de Seguridad del Estado. El coronel jefe de la UCO declaró que habían informado de todo cuanto sabían a sus compañeros de Asturias, dejando después la investigación en sus manos. Esto fue rotundamente negado por el general de la Guardia Civil de Asturias, que declaró que siguieron trabajando conjuntamente durante un año, si bien unos meses antes del atentado cesó dicha colaboración por considerar que no se llegaba a ningún resultado. La posibilidad de que en estas declaraciones y en otras se hubiera podido cometer falso testimonio movió al presidente del tribunal, Gómez Bermúdez, a prometer a las víctimas del 11-M que mandaría a algunos «caminito de Jerez», promesa que no llegó a cumplir.
Un año antes de los atentados, el abogado de José Ignacio Fernández, un narcotraficante a quien llaman Nayo, que se hallaba en prisión preventiva, se entrevistó con el entonces fiscal jefe para informarle en nombre de su cliente de la existencia de un zulo en un monte asturiano donde Suárez Trashorras guardaba la dinamita robada. El fiscal trasladó a la Guardia Civil la denuncia y se llevó a cabo la inspección ocular del lugar. Pero el intento fracasó porque «no iban a registrar todo el monte». Nayo, condenado por tráfico de drogas, huyó de España y se oculta en la República Dominicana, donde fue localizado por EL MUNDO. De manera sorprendente ninguna autoridad judicial se ha preocupado hasta el momento de pedir a las autoridades de aquel país su extradición a España.
Otro penoso episodio ocurrió también en Avilés. Un capitán de la Guardia Civil de Oviedo se entrevistó con alguno de los fiscales de la localidad con el fin de judicializar la investigación sobre Suárez Trashorras, comenzando por la intervención telefónica del presunto vendedor de dinamita. El capitán informó después que había proporcionado a los fiscales datos suficientes como para instar el pinchazo de los teléfonos, pero éstos replicaron que se trató de una conversación informal en un café de Avilés y que no se les proporcionaron datos relevantes.
En cuanto a la judicatura, diré tan sólo que el juez Baltasar Garzón que, según declaró ante la Comisión parlamentaria, llevaba en su juzgado el peso de la lucha contra el terrorismo islámico, tenía controlados a casi todos los miembros de la célula terrorista. No sirvió de nada sin que ni él ni nadie haya explicado el porqué del fracaso.
Como miembro de la Comisión del 11-M y con el pleno respaldo del PP declaré más de una vez que mientras no pudiéramos acceder a las entrañas del Ministerio del Interior muchas de las preguntas inquietantes del 11-M quedarían sin respuesta. Comprendo que todos los esfuerzos gubernamentales estén concentrados en resolver lo que en estos momentos nos angustia a todos. Pero algo habrá que hacer para que esta promesa popular no se desvanezca para siempre.
Jaime Ignacio del Burgo es autor del libro 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta (La Esfera de los Libros).