La corrupción blanca

Por José Vidal-Beneyto, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y editor de Hacia una sociedad civil global (EL PAÍS, 11/11/06):

Los líderes de todas las formaciones políticas francesas, desde la extrema derecha (Le Pen y Megret) hasta el partido comunista (Robert Hue), pasando por las múltiples variantes de la derecha (Alain Carignon, François Léotard, Jean Tiberi, Méhaignerie) y por los socialistas más notables (Roland Dumas y Dominique Strauss-Kahn) han tenido que ver con alguna de las formas más usuales de la criminalidad corruptora: malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, abuso de bienes sociales, creación y financiación de empleos ficticios, etcétera. Aunque estas vilezas individuales sean con todo menos vituperables que las conspiraciones colectivas en las que las principales fuerzas políticas de un país, en plena armonía mafiosa, se ponen de acuerdo para timar a los ciudadanos.

En Alemania el ejemplo paradigmático es el caso Flick, en el que una gran empresa obtuvo una decisiva desgravación fiscal, que apoyaron todos los lideres de los grandes partidos contra sustanciosas contribuciones a sus tesorerías. Jean Montaldo, un periodista francés, especialista en las noticias de la ciénaga ha contribuido a nuestra ilustración con sus obras Mitterrand y los 40 ladrones (1994), Los hampones de la República (2001), Mercado de ladrones (2003) y ahora Chirac y los 40 mentirosos (2006). El tema fundamental de su último libro es la corrupción colectiva multipartidos a la que califica como Pacto Nacional de corrupción que presenta en base a dos casos concretos: los empleos ficticios localizados en el Servicio Público de Viviendas Protegidas de París y los contratos para la construcción de edificios públicos, en especial liceos en el área de L’Île de France, o sea en la Región parisiense. Apoyados en operadores amigos, los Hermanos Sananés, el RPR crea un instrumento ad hoc, la sociedad Patrimonio de Ingeniería a la que se confía la selección de las empresas escogidas para suscribir con la Administración regional los contratos de construcción. El mecanismo del fraude es sencillo: una serie de sociedades del ramo, y de modo principal la sociedad Coteba del grupo Générale des Eaux, luego Vivendi, en connivencia con Sananés, presentan ofertas superiores a las que propone Patrimonio de Ingeniería, con lo que el adjudicatario es siempre con toda justicia este último.

Claro que todo tiene un precio que además es fijo: el 2% del volumen de los contratos de obra a repartir entre las principales fuerzas políticas. Volumen impresionante de 24.000 millones de francos, una tarta que tenía que estimular los apetitos tanto de las empresas como de los partidos: RPR, UDF, PS, PCF. Pero tantos a comer hacen siempre mucho ruido y a pesar de la batuta encubridora de Christine Lor, responsable de los liceos en el Consejo Regional, el escándalo fue mayúsculo. Ahora bien, sus consecuencias fueron en cambio irrelevantes: muchos procesamientos, alguna condena de segundo nivel, pero la venturosa e inexplicada desaparición de la documentación relativa a las subastas de adjudicación impidió que se siguiera judicialmente adelante. Claro que el impacto en la opinión pública fue grande y se intentó neutralizarlo mediante un conjunto de disposiciones que impidieran la financiación ilegal de los partidos, considerada como la gran responsable de todas estas perversiones. Para ello el Gobierno de Chirac promulgó en 1988 la Ley de financiación de los partidos, y la ley de Rocard, que estableció la posibilidad de contribuir a la financiación de los partidos mediante aportaciones deducibles de los impuestos, completó el dispositivo. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Los políticos deciden entonces acumular el tradicional 2% y la posibilidad de convertir esa gabela obligatoria para participar en el reparto, en voluntaria en el nuevo marco de Rocard. Dado que el volumen de las obras públicas aumentó en los años noventa, la desinteresada ayuda de las empresas a los partidos aumentó también consecuentemente pero además con una impunidad legalmente garantizada y con una reducción de impuestos.

Pero nada más desconsolador que el relato de Olivier Toscer -Argent Public, Fortunes Privées, Denoel, 2002- sobre el origen de las fortunas de los dos reyes franceses del lujo. Dos inmensos imperios industriales, creados en muy poco tiempo casi desde la nada, gracias a la generosidad de los gobiernos y al dinero de los ciudadanos, que han hecho de sus protagonistas los exponentes máximos del triunfo económico, y de la visibilidad People. Bernard Arnault comienza con poco éxito en la actividad inmobiliaria, pero pronto descubre que la recuperación de empresas a la deriva, con la ayuda del Estado es una verdadera mina de oro. Arnault consigue del primer ministro Laurent Fabius que se le atribuya, por un franco simbólico, todo el patrimonio del Grupo Boussac, el primer conglomerado textil de Francia, al que el Gobierno de Pierre Mauroy había concedido ya tres años antes una subvención de mil millones de francos, para salvarlo de la bancarrota y evitar que se quedasen sin empleo más de 20.000 trabajadores. Arnault vende el sector textil, que es el menos rentable y el más problemático por ser el que emplea más mano de obra, pero conserva las joyas de la corona: en la alta costura Christian Dior, Kenzo, Céline, Christian Lacroix; en perfumes Guerlain y Givenchy; en joyas Chaumet; en accesorios Louis Vuitton; así como los grandes almacenes el Bon Marché o Sephora. Hoy su grupo LVMH es el número uno mundial en la industria del lujo y desde ella ha dado el salto a la comunicación -La Tribune, Investir, etcétera- y al negocio del arte (Tajan).

François Pinault, al que se conoce como el multimillonario del presidente por su estrecha permanente vinculación con Jacques Chirac, es un modesto comerciante en madera, de ascensión tan meteórica como la de su competidor Arnault, y su sistema el mismo: comprar empresas importantes al borde del naufragio, conseguir ayudas estatales para reflotarlas, despiezarlas, sanear la empresa mediante la reducción drástica del personal y quedarse con los pedazos más sabrosos. Pinault comienza comprando siempre por un franco simbólico la sociedad Isoroy, la primera sociedad francesa de contraplacado, a dos dedos de la suspensión de pagos. El Gobierno le otorga una subvención de 38 millones de euros, el gran empresario racionaliza la producción y vende el resto a un grupo alemán por 145 millones de euros, evidentemente sin retornar un euro al Estado, a pesar de la cláusula de devolución que prevé que en caso de que la subvención se traduzca en ingresos importantes la empresa atributaria está obligada a devolverla. Hoy el considerable patrimonio de François Pinault comprende entre otras empresas la FNAC, la Redoute, Conforama, los grandes almacenes Le Printemps, la firma de subastas de arte Christie’s, la marca Gucci, el semanario Le Point, una impresionante colección de cuadros exhibidos en el Palazzo Grassi, etcétera. El pacto nacional de los corrompidos y el silencioso transvase del dinero público a las fortunas privadas -esa criminalidad de guante blanco- han instalado la corrupción en el corazón mismo de la vida publica francesa. Al igual que sucede en muchos otros países, sin excluir el nuestro.