14-M, terrorismo y democracia

José Ramón Montero es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid; Ignacio Lago Peñas es profesor de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (EL PAIS, 29/12/04).

Los estudios sobre el comportamiento electoral han comprobado que los votantes, aunque suelan carecer de mucha información sobre la política, toman decisiones que no son caprichosas o arbitrarias, sino razonadas y basadas en un amplio abanico de temas. La utilización de distintos atajos o mecanismos para adquirir información les permite comportarse prácticamente como si dispusieran de un conocimiento más que suficiente. No hace falta, en fin, estudiarse los programas de los partidos para votar como si se hubieran leído.

Pese a ello, algunos partidos que han gobernado, y culpan a los ciudadanos de su derrota tras unas elecciones, acostumbran precisamente a reprochar a los votantes la falta de cualquier atisbo de decisión racional o al menos razonable a la hora de valorar con sus votos la actuación gubernamental durante la legislatura. Además, cuando sucede un acontecimiento relevante y de última hora (como los atentados del 11-M), la frontera que separa este discurso de malos perdedores de la deslegitimación de los resultados electorales, en tanto dependientes de un estado de ánimo emocional y pasajero de los votantes, es tan delgada que no es extraño que algunos partidos caigan en ella plena e irresponsablemente.

Para el Gobierno saliente y los dirigentes del PP, así como para ciertos sectores conservadores en Estados Unidos, las ganancias socialistas de cerca de tres millones de votos y las pérdidas populares de algo más de un millón doscientos mil tendrían que ver exclusivamente con las viciadas reacciones a los atentados. Los españoles, o al menos aquellos que cambiaron su comportamiento electoral entre el 11 y el 14 de marzo, habrían cedido así al chantaje terrorista. En lugar de valorar adecuadamente su tarea de Gobierno en los últimos cuatro años y la consistencia de sus propuestas, habrían votado cobarde e impulsivamente, puestos de rodillas, para evitar ser golpeados de nuevo por Al Qaeda. Esta supeditación de la razón a la emoción en los resultados del 14-M no parece fácilmente rebatible. Para EL PAÍS (24-11-2004), y por citar sólo uno de los lugares en donde se ha escuchado, el supuesto de que los atentados influyeron en las elecciones es sólo una “posibilidad inverificable, pero defendible”.

Creemos que esa posibilidad puede comprobarse. La posición que defendemos, basada en los datos de una encuesta postelectoral realizada por Demoscopia para un grupo de investigadores universitarios, entre los que nos encontramos, se opone radicalmente a esa consideración deslegitimadora del 14-M. Pocos días antes del 11-M, e incluso hasta el mediodía de la víspera electoral, las encuestas indicaban que el PP y el PSOE estaban técnicamente empatados; es decir, las diferencias entre ellos eran menores que los márgenes de error de las encuestas. Eso quería decir que cualquier resultado era factible: ciertamente el PP podía haber ganado, pero también cabía prever la victoria del PSOE. La reacción de los españoles a los atentados desequilibró esa situación. Pero no se produjo como consecuencia de la irracionalidad de unos ciudadanos conmocionados o manipulados, sino que fue mucho más sencillo: los españoles decidieron su voto en base a los principales mecanismos de la democracia representativa.

En las democracias, los Gobiernos son representativos porque son elegidos. De acuerdo con la conocida como teoría del control, las elecciones sirven para hacer responsables a los Gobiernos de los resultados de sus acciones pasadas. Como anticipan la evaluación de los votantes, los Gobiernos tienen un fuerte incentivo para desarrollar las políticas que consideran serán mejor valoradas por los ciudadanos. Al final de cada legislatura, los Gobiernos rinden cuentas al electorado por su gestión de los asuntos públicos. El electorado valora su actuación y vota en consecuencia.

Tras el 11-M, muchos españoles decantaron su voto a través de dos procesos complementarios. Situaron en un primerísimo plano, acaso el único, sus opiniones sobre la política exterior del Gobierno, en particular su decisión de apoyar la invasión de Irak. Y a ellas añadieron sus percepciones sobre la gestión informativa del Gobierno hasta el mismo 14-M. Los datos son concluyentes. Según la ya citada encuesta de Demoscopia, casi ocho de cada diez españoles pensaban en términos negativos sobre la decisión del Gobierno de apoyar la invasión de Irak; casi nueve de cada diez creían que no respondía a la voluntad de la mayoría, y otros nueve de cada diez declaraban que esta guerra no había valido la pena. Esos datos resultaron incluso empeorados por la denuncia de manipulación en el tema de las armas de destrucción masiva. Y se agravaron aún más tras los atentados: el 19% de los españoles responsabilizó de ellos al Gobierno por su política exterior. En suma, el Gobierno no siguió las políticas que demandaba la inmensa mayoría de los españoles, y tampoco fue capaz de convencerles de su idoneidad. Cuando esta situación ocurre, no es extraño que sea castigado en las urnas: el 21% de los españoles declaraba tras las elecciones que la invasión de Irak había contado mucho o bastante en su voto. Y un 16% reconocía que lo más decisivo en su voto fue la gestión de la información sobre la autoría de los atentados que realizó el Gobierno.

Los mecanismos de la democracia representativa han funcionado, pues, razonablemente bien. Tras los atentados, la valoración negativa de la política exterior del Gobierno del PP fue particularmente importante para movilizar a los abstencionistas y para canalizar hacia el PSOE a algunos antiguos votantes de IU y en menor medida del PP. Del mismo modo, las opiniones acerca de la gestión de la información sobre la autoría de los atentados explicarían también el voto al PSOE de antiguos abstencionistas, pero no contaría para los votantes de IU. Pero estas reacciones sólo pudieron mostrarse mediante una condición adicional que suele olvidarse con demasiada frecuencia. Se trata de la evaluación de la gestión del Gobierno del PP a lo largo de sus cuatro años de mayoría absoluta. De nuevo con los datos de la encuesta de Demoscopia, todas las políticas públicas protagonizadas por el Gobierno, excepto la economía y el empleo, eran negativamente valoradas por los españoles. Las evaluaciones negativas eran especialmente intensas en las políticas relativas a la vivienda, la emigración, pero también eran mayoritariamente críticas en lo que hace al terrorismo, la política exterior, las políticas sociales y la educativa. Estos juicios retrospectivos se convirtieron así en una condición necesaria para que, tras la terrible conmoción de unos atentados de los que se responsabilizaba a la política exterior conservadora, el PSOE recibiera a antiguos votantes de IU o del PP, convenciera a antiguos abstencionistas para que dejaran de serlo o atrajera a jóvenes votantes.

¿Qué hubiera ocurrido si no se hubieran producido los atentados del 11-M? Con las lógicas precauciones que se derivan de la imposibilidad de reconstruir el comportamiento electoral del 14-M, los análisis contrafácticos permiten realizar aproximaciones sobre acontecimientos teniéndolos como no producidos. Para ello, hemos llevado a cabo simulaciones suponiendo que ninguno de los entrevistados en la encuesta de Demoscopia pensara que los atentados fuesen consecuencia de la política del Gobierno, criticara la gestión informativa del Gobierno en los días posteriores o las dos cosas. Los resultados indican una reducción en unos pocos puntos porcentuales del PSOE. Dados los márgenes de error que manejan las encuestas, sólo cabe concluir entonces que el ganador, ya fuera el PSOE o el PP, lo habría hecho por un escasísimo margen. Pero esos análisis ratifican que la parte del león del retroceso electoral del PP tendría que ver fundamentalmente con su actuación durante la legislatura.

El problema de la derrota del PP no radicó, pues, en los terribles atentados del 11-M, sino en el funcionamiento de los mecanismos básicos de control y responsabilidad de nuestro sistema democrático. A la hora de expresar su decisión electoral, cada uno de los ciudadanos españoles recordó sin duda a las víctimas; pero todos ellos depositaron su voto con la misma libertad y capacidad que en todas las anteriores elecciones. Al decidir colectivamente castigar al PP y ofrecer el Gobierno al PSOE, los resultados del 14-M han supuesto una vuelta de tuerca en el control que los españoles ejercen sobre sus gobernantes y sobre las políticas que desarrollan. Y esto es algo por lo que, aún con el ánimo entristecido por tantas víctimas, debemos felicitarnos los demócratas. A la postre, también los votantes españoles tomamos decisiones razonables.