14D: Sin precedentes y tan determinante

La Jornada de Paro General de 24 Horas (así fue registrada la convocatoria) del 14 de diciembre de 1988 es un hito histórico porque no tiene precedentes y porque treinta años después sigue patente su trascendencia social, sindical y aún política.

Las huelgas generales anteriores (agosto, 1917; octubre 1934 o la más extraña de junio de 1959 convocada por el buró político del PCE dirigido de hecho por Santiago Carrillo, aunque Dolores Ibárruri aún era la secretaria general y había desaconsejado convocarla) quisieron ser políticas para cambiar regímenes y gobiernos allí donde las fuerzas políticas del momento no alcanzaban a concitar mayorías suficientes para procurar los cambios anhelados. La del 14D de 1988 la convocaron los sindicatos CC OO y UGT unitariamente desde su más celosa autonomía. No se concibió para alterar el corolario parlamentario e institucional de la voluntad popular sino las injustas políticas socio-económicas del gobierno que por cierto sí faltaba al compromiso con sus electores ya que contravenían absolutamente su programa electoral.

La sugerencia partió de la Comisión Ejecutiva de CC OO reunida el 8 de noviembre de 1988 pero autoimponiéndose que solamente se convocaría si lo hacían ambos sindicatos de común acuerdo y al unísono. Hicimos pública la convocatoria con más de un mes de antelación con el fin de difundir con la mayor amplitud posible los motivos de la huelga; y también para darle un nuevo margen al Gobierno por si se decidía a retomar las negociaciones y encauzarlas constructivamente.

14D Sin precedentes y tan determinantePero el axioma neoliberal que disocia crecimiento de distribución, asumido y vulgarizado por el presidente del Gobierno Felipe González al poco de instalarse en el palacio de la Moncloa sentenciando: “para repartir la tarta primero tiene que crecer” anegó el espacio. Las formas y consistencia de las tartas —por utilizar el mismo símil— dependen de sus ingredientes. Si el crecimiento de la economía se fragua reduciendo los salarios reales para recomponer la tasa de beneficio de las empresas y añaden políticas fiscales regresivas; cuando se alcance el deseado crecimiento no se pasará como por encanto a la restitución de la calidad en los empleos y a la recuperación del poder de compra de los salarios, ni la fiscalidad se tornará en equitativa para reestablecer el equilibrio en el reparto de la renta nacional. Los datos lo demuestran: se retomó la senda del crecimiento del PIB desde 1.2% en 1982 hasta el 5,8% en 1988. El decreto Boyer de 1983, provocó una caída acumulada de —12,6 puntos porcentuales de los costes laborales unitarios entre 1984 y 1988. Simultáneamente aquel equipo económico legalizó los primeros artilugios para la elusión fiscal de las grandes fortunas como las SICAV e introdujo todo tipo de desgravaciones, entre otras a la compra de viviendas, fuese la habitual o la enésima que pudiera comprarse. El PIB fue creciendo hasta el 5,8% en 1988. Pero si la participación de las rentas del trabajo en la distribución de la Renta Nacional representaba el 53% en 1982, seis años después había caído al 48% en favor de los excedentes empresariales. Mientras los beneficios de las empresas no financieras se duplicaron en 1987 y los de la banca crecieron el 45%.

Sin embargo, el paro creció en casi dos millones y la protección por desempleo cayó al 28,8%. El gasto social contrajo su ritmo de crecimiento de 7 puntos porcentuales entre 1977 y 1981 a 1,64 puntos porcetuales en el período 1982-87. El gasto sanitario permaneció estancado desde 1982 hasta 1988 mientras subía en seis millones el número de beneficiarios. Ahora bien, las subvenciones de diverso tipo y deducciones fiscales a las empresas crecieron exponencialmente.

Para colmo el Gobierno pactó con CSIF —sindicato corporativo y minoritario entonces— un incremento retributivo del 4% a los empleados públicos. Rubricaron una subida el 5,35% las pensiones con una extraña asociación llamada Unión Democrática de Pensionistas —CC.OO. y UGT reclamaban el 6,6%—. Y aprobó por decreto el Plan de Empleo Juvenil, que solo ofrecía meros “pretextos de empleo” para sustituir trabajo fijo por precario.

Nada más conocerse la convocatoria, el gobierno empezó a sembrar el temor entre la población. La patronal CEOE-CEPYME tildó la huelga de “política, desestabilizadora y antisocial”; pretendió que se declarase ilegal y transmitió a todas sus organizaciones instrucciones para coaccionar a las plantillas.

Fallaron los malos augurios y la jornada transcurrió con bastante normalidad. Tampoco hubo ocasión para la “guerra de cifras”; el éxito de participación resultó indiscutible.

Lejos de debilitarla fortaleció la democracia. Habíamos creído que nuestra Constitución era la más progresista de Europa, pero sólo era la más reciente. Desde el limitado reconocimiento del papel de los sindicatos (artículo 7 de la Constitución) hasta el del derecho de huelga (artículo 28.2), la española es más restrictiva que las constituciones más antiguas como la francesa de 1946 o la italiana de 1947 o la portuguesa de 1974 que amparan las huelgas políticas y de solidaridad. Es decir, el 14D indujo una lectura más avanzada de la constitución de la que en principio podría haberse desprendido de su literalidad. La dimensión social del autogobierno autonómico le debe casi todo al 14D y a la iniciativa de UGT y de CC OO que inmediatamente después emplazaron a los correspondientes gobiernos regionales a reproducir las negociaciones en sus territorios.

Y se consiguieron casi todas las reivindicaciones del 14D. Un 67% más en recursos para el desempleo; el 16% para pensiones y se fijó por primera vez el derecho a la revalorizarlas anualmente, así como los salarios de los empleados públicos; o el incremento del 15% en gasto sanitario que hizo realidad la universalización de la sanidad pública, son una muestra de los múltiples logros alcanzados.

Las nuevas organizaciones del trabajo en el contexto de la revolución tecnológica y la era digital han ido arrumbando las derivadas del viejo fordismo industrial. Mutaciones que entrañan más desafíos para los sindicatos en todos los planos y que probablemente estén requiriendo formas de encuadramiento más ágiles y una acción sindical más inteligente que en etapas pasadas. Denostando la nostalgia que solo sirve para anclarse en el pasado, evocar el 14D tiene sentido si contribuye a alentar al movimiento sindical en su lucha por un mundo mejor con más libertad, justicia y solidaridad.

Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CC OO entre noviembre de 1987 y abril de 2000.

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