Estoy trabajando, desde hace dos años, en una tesis doctoral sobre la política económica de la II República. Ya en los primeros avances en la investigación y con las primeras lecturas especializadas me embargó una extraña y amarga sensación al constatar que España perdió una gran oportunidad a finales de 1935.
Aunque la crisis económica mundial iniciada en 1929 afectó, sobre todo a partir de 1933, a determinados sectores (agricultura de exportación, marina mercante, inversión extranjera, retorno de emigrantes…), España soportó mejor que otros países el impacto global de la Gran Depresión. Entre 1931 y 1935 hubo una gran estabilidad de precios y la renta nacional a precios constantes tuvo un crecimiento anual medio entre el 1 y el 1,5 por ciento. En 1935 -tras dos años sucesivos de crecimiento económico y atenuadas las causas internas de la depresión- España podía considerar superada la crisis económica.
Desde las elecciones de noviembre de 1933, se formaron diversos gobiernos de centro-derecha, presididos por miembros del Partido Radical de Alejandro Lerroux y apoyados por una coalición parlamentaria en la que también estaban la CEDA, el Partido Agrario, los liberales-demócratas y la Lliga. Con un Parlamento elegido hasta noviembre de 1937, se esperaba rectificar los excesos del periodo 1931-1933, fomentar la economía y el empleo y reformar la Constitución y la ley electoral.
En mayo de 1935 el ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta, presidente del Consejo de Ministros a partir de septiembre de dicho año, presentó un ambicioso plan de austeridad presupuestaria y de reformas fiscales, lo que permitiría reducir notablemente el déficit del Estado en 1935 y alcanzar en 1937 el equilibrio presupuestario. Está política fiscal no encontró el respaldo unánime de la CEDA, que tampoco quería limitar el gasto para sus programas sociales y de empleo, lo que unido a los problemas del Partido Radical tras los casos Straperlo y Tayá, debilitó la cohesión interna de la coalición y acabó produciendo la crisis de Gobierno de diciembre de 1935.
Por otra parte, el PSOE, desde la derrota electoral de 1933, había entrado en una espiral de radicalización, dispuesto a llegar al poder por las urnas o por la fuerza, como demostró en la Revolución de Octubre de 1934 contra el Gobierno legítimo de la República. También la izquierda burguesa se fue alejando de la moderación, lo que culminó en la entrada de Izquierda Republicana y Acción Republicana en el Frente Popular.
Sin embargo, la catástrofe de 1936 no se habría tal vez producido si el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, no se hubiera negado -tras la caída del Gobierno Chapaprieta- a encargar la formación del nuevo Gobierno a José María Gil Robles, líder del partido con más escaños, la CEDA. Nombró en su lugar a Manuel Portela Valladares, con el inviable objetivo de crear un partido de centro y con el encargo de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.
Lo que ocurrió después es bien conocido. Las fuerzas políticas acudieron a las elecciones de febrero de 1936 enfrentadas en dos bloques irreconciliables. Tras unos comicios desarrollados con gran crispación y notables irregularidades, el Frente Popular reclamó con urgencia el poder. Portela abandonó irresponsablemente la presidencia del Consejo de Ministros y Azaña formó un Gobierno de republicanos apoyado por el resto del Frente Popular.
En los meses siguientes la radicalización política, la violencia sectaria, los conflictos sociales y la inseguridad jurídica acabaron con la normalidad política y económica en España. Se deterioraron gravemente la seguridad ciudadana y la convivencia social, un proceso que culminó con el asesinato de Calvo Sotelo y con el inicio de la Guerra Civil. Muchos españoles iban a perder la vida en los frentes de batalla y en las represiones de retaguardia de ambos bandos, incluyendo a 69 diputados, pertenecientes a casi todos los partidos, y entre ellos a mi abuelo Juan Bautista Guerra, diputado de la CEDA por Palencia. Ya que no podemos cambiar nuestra historia, aprendamos de ella. Tras la dura crisis de los años 2008 a 2013, los gobiernos del PP volvieron a colocar a España a la cabeza de la creación de empleo en Europa, con una economía que creció a más del 3 por ciento anual de 2015 a 2017. Una coalición parlamentaria de socialistas, comunistas, nacionalistas y separatistas privó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, sustituyéndole por un irresponsable que enseguida, embriagado por los oropeles del poder, incumplió su promesa de convocar nuevas elecciones.
El sectarismo y la irresponsabilidad privaron a España de su gran oportunidad en 1935, llevando a nuestro país a la gran tragedia de la Guerra Civil. Estamos a tiempo de impedir que, 84 años después, el sectarismo y la irresponsabilidad pongan en peligro nuestros derechos y libertades, nuestra convivencia, nuestra economía, la unidad de España y el futuro de las próximas generaciones.
Luis Peral Guerra es economista y abogado.