Lunes, 16 de febrero de 2004

Por Josep-Maria Terricabras, catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona y miembro del Institut d'Estudis Catalans (EL PERIODICO, 16/02/04):

Hace ahora más de seis años, el Parlament discutía y aprobaba la ley de política lingüística todavía vigente. Entonces, algunos colectivos --entre ellos, el PSC--, se oponían a que la ley previera sanciones. Esta oposición resultaba incomprensible. "¿Una ley sin sanciones? ¡Esto no es una ley, es una homilía!", me decía un amigo. Y es que, por definición, una ley impone obligaciones, y como las impone, tienen que cumplirse, y quien no las cumpla tiene que ser sancionado. Todo ello, bien simple.…  Seguir leyendo »

Por Josep M. Fradera, catedrático de Historia Contemporánea en laUniversitat Pompeu Fabra (EL PAIS, 16/02/04):

Una de las consecuencias de la insensata pirueta de Josep Lluís Carod Rovira es haber desplazado el eje del debate sobre el Estado autonómico hacia el único lugar que nada aporta al debate sobre la posición de Cataluña en la democracia española. El ex conseller en cap ha hecho la única cosa que no podía hacer. En política, un error de este calibre se paga caro, más todavía si quien lo comete no es capaz de comprender la dimensión moral del asunto. No obstante, y haciendo de la necesidad virtud, el único aspecto positivo de esta crisis política es lo mucho que revela sobre la cultura del nacionalismo en Cataluña, un punto que deberá ser objeto de análisis detenido.…  Seguir leyendo »

Por Jaime Lissavetzky, portavoz del PSOE de Ciencia y Tecnología (EL PAIS, 16/02/04):

El informe Main Science and Technology Indicators, recientemente publicado por la OCDE, resalta que España es el primer país europeo en porcentaje de los presupuestos públicos de I+D dedicados a la defensa y el último en porcentaje de gastos del PIB en investigación básica. No es mi objetivo analizar en este artículo la conveniencia o no de los programas militares, ni sus efectos en la industria de este país. Ése es otro debate. Reclamo un modelo para la política de I+D, que no enmascare los datos reales, que se base en fortalecer el sistema público, teniendo como eje fundamental una política de recursos humanos y en facilitar el trasvase del conocimiento generado en el mismo al sector privado, promoviendo, por tanto, la innovación en las empresas y su transformación en beneficios sociales y económicos.…  Seguir leyendo »