Martes, 27 de diciembre de 2005

Por José Manuel Villar Uríbarri, abogado del Estado excedente, doctor en Derecho (ABC, 27/12/05):

En el actual momento, cobra especial importancia el marco constitucional que regula la garantía de las libertades de expresión, opinión y comunicación.

Desde que se promulgó la Constitución de 27 de diciembre de 1978 hasta ahora, ninguna ley estatal o autonómica había pretendido residenciar el control del ejercicio de la libertad de expresión y el de sus límites constitucionales en órganos distintos de los insertos en el Poder Judicial.

Ello ha sido así porque, con arreglo al artículo 53.2 de la Constitución, es a los tribunales a los que corresponde determinar si esos límites se han excedido o no, lo que guarda estrecha conexión con la circunstancia de que, con arreglo al artículo 20.2 de la Constitución, la censura está proscrita en nuestro ordenamiento constitucional y ningún órgano creado en la estructura del Estado distinto de los órganos judiciales tiene capacidad para fiscalizar la adecuación al ordenamiento jurídico de la información que, en ejercicio de su libertad, generan los medios de comunicación.…  Seguir leyendo »

Florentino Portero es secretario general del Grupo de Estudios Estratégicos (Cuadernos de Pensamiento Político nº 8, FAES, DIC/05).

En el ámbito de las relaciones internacionales, el «buenismo», en su versión actual, viene marcado por los atentados del 11 de septiembre y por la revolución estratégica consiguiente, la «Guerra contra el Terror». No es éste el lugar para adentrarnos en el análisis de esa nueva estrategia, pero sí de subrayar sus ideas más sobresalientes para entender los fundamentos del «buenismo» internacionalista y de la Alianza de Civilizaciones.

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Por Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y Participación y presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (EL PAÍS, 27/12/05):

El hilo conductor de buena parte de las críticas que ha recibido el proyecto de Estatuto de Cataluña es que plantea un cambio en el reparto territorial del poder político de forma unilateral, sin tener en cuenta el conjunto del Estado, prefigurando un marco desigual o asimétrico en competencias, financiación, derechos y deberes, que vendría amparado por el reconocimiento de Cataluña como nación. Estos aspectos, esgrimen sus críticos, vulneran la Constitución y atentan contra el interés general. De ser ciertas estas afirmaciones en el proceso de reformas estatutarias no habría más opciones que el camino de la disgregación o el camino de un modelo territorial con Estatutos fotocopiados.…  Seguir leyendo »