Es evidente que la política española se ha radicalizado desde 2014 (elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo) y dio un paso más allá en 2018 (elecciones andaluzas del 2 de diciembre), con la aparición en la escena política de Podemos y Vox, respectivamente. A esto tenemos que unir la deriva del nacionalismo catalán, que en el año 2015 adopta claramente la vía rupturista y que culmina en el esperpento de octubre de 2017. Son tres elementos que han distorsionado enormemente nuestra vida pública y que es bueno no perder de vista.
A estos tres elementos hemos de unir la crisis económico-financiera del año 2008, que ha dejado a España muy seriamente tocada junto con la pandemia de la Covid-19 de marzo de 2020 y la guerra de Ucrania de 2022. Entre este contexto nacional e internacional, cobra especial protagonismo el desprecio que el PSOE y el PP han tenido siempre por la independencia del órgano de gobierno del poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde 2014 nos lleva llamando la atención el Consejo de Europa a través de GRECO -Grupo de Estados contra la Corrupción- y sus informes bianuales, especialmente críticos los de 2017, 2019 y 2021. Los gobiernos de Rajoy y Sánchez, en cuanto a la independencia del CGPJ, siempre han mirado para otro lado. Es ya ineludible volver al sistema de elección anterior al año 1985, donde, de los 20 vocales del CGPJ, 12 eran elegidos por los jueces y magistrados y ocho por el Congreso y el Senado. Un sistema mixto que se da en todos los países de la Unión Europea, con la lamentable excepción de España.
Respecto del Tribunal Constitucional las cosas no han sido tan graves, pero tampoco es que haya sido un ejemplo de despolitización en cuanto a la elección de los magistrados. No dudo de la competencia jurídica y profesional de todos ellos, pero sí de que se podía haber mejorado en cuanto a su independencia y neutralidad respecto de los partidos políticos. Esto exigiría reformar el artículo 159.1 CE, en el sentido de que el Congreso elija a cuatro magistrados, el Senado a otros cuatro, como en la actualidad, y el CGPJ eligiera no a dos sino a siete magistrados, sin que el Gobierno elija a ninguno. Teniendo un total, por tanto, de 15 magistrados: un necesario número impar para evitar el voto de calidad del presidente. Tal reforma aportaría una muy necesaria independencia política al Tribunal Constitucional.
Partidos radicales como Podemos y Vox no van a favorecer la convivencia de los españoles; basta con mirar nuestras últimas sesiones parlamentarias en la Cámara Baja. Y desde luego, hacer el juego al nacionalismo rupturista tampoco. En este contexto solo veo una salida al laberinto en el que estamos por la irresponsabilidad principalmente del PSOE y no a mucha distancia del PP. Ambos partidos saben perfectamente lo que han hecho mal y cómo han manipulado las instituciones estos años: el CGPJ especialmente, que a día de hoy continúa sin ser renovado; el Tribunal Constitucional, que por fin ha regularizado su anómala situación y otros órganos de poder mediático, como se ha visto en la elección del consejo de administración de RTVE en 2021 y de su actual presidenta en septiembre de 2022. Estas tres realidades han sido todo un despropósito democrático e institucional. Normal que el jefe del Estado esté preocupado por la deriva institucional, tal y como reflejó en su muy sensato discurso de Nochebuena. Qué importante labor de estabilidad institucional está desarrollando Felipe VI.
El bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial es inadmisible a todas luces y en este punto se ha equivocado enormemente, creando un problema institucional de primera magnitud. La respuesta del PSOE, de la mano del populismo antisistema de Podemos y de ERC, no parece que sea aceptable en términos constitucionales, legales ni democráticos, vulnerando diferentes preceptos constitucionales. Y en esas estamos. La pérdida del sentido común y de la responsabilidad de nuestros gobernantes.
¿Qué futuro nos espera? Pues un año político 2023 terrible e irrespirable, con las elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo y las elecciones generales a finales de año o primeros del 2024. Todo ello aderezado con la presidencia española de la Unión Europea desde julio a diciembre de 2023.
Tenemos un problema político de enorme magnitud institucional. Para mí los principales responsables son el PSOE, que está en el Gobierno de España, y el PP, como principal partido de la oposición. De Podemos, Vox y los nacionalistas yo no esperaría mucho, pues su apuesta es el radicalismo y la competencia electoral centrífuga, esto es, siempre hacia los extremos.
Siendo muy sintético y yendo a lo esencial, la política española hoy se divide entre la política de trincheras y la política de puentes. Quien tenga un mínimo conocimiento de la política española de los últimos 200 años sabrá cómo le ha ido a este país siguiendo una u otra. Sin duda hoy está triunfando la política de trincheras o bloques incomunicados y esa es una pésima noticia. El único camino que veo a medio plazo es un PP moderado que asuma la alta responsabilidad que le tocará afrontar y abandone el inadmisible hecho de los bloqueos institucionales a la renovación del CGPJ.
Respecto del PSOE, creo que Pedro Sánchez está invalidado y tendrá que pasar como presidente del Gobierno. El PSOE tiene que recuperar su sentido de Estado: no puede continuar de la mano de Podemos, ERC y, especialmente, EH Bildu. Todos ellos son partidos antisistema -EH Bildu es algo aún peor- que no creen en la Constitución de 1978 ni en el régimen democrático por ella desarrollado. Lástima que Ciudadanos esté en crisis desde 2019. Veo muy complicado que pueda remontar. Cuánto bien podría hacer a España, al PSOE y al PP un partido liberal que proporcionara estabilidad gubernamental y centralidad.
Hoy las personas sensatas y moderadas se encuentran huérfanas de proyecto político. Necesitamos partidos prudentes, que velen por el bien común de los españoles, que no nos mientan ni manoseen nuestras instituciones y demuestren un poco de madurez política y miras a medio y largo plazo. Que se centren en los gravísimos problemas de nuestros hijos, los que menos futuro tienen de toda la UE, con el paro juvenil más alto y la mayor dificultad para acceder a una vivienda.
Espero que todavía quede gente sensata en el PP y en el PSOE, que piensen en el futuro de 47 millones personas, que se olviden de una vez del nacionalismo que está destrozando la vida política de este país. No es posible que nuevamente se hable de un referéndum en Cataluña cuando los sufridos catalanes -especialmente los no nacionalistas- han quedado destrozados desde el referéndum del 1 de octubre de 2017. Internacionalmente fue un ridículo sin paliativos, ninguna democracia del mundo lo apoyó. Desde la perspectiva de la UE, la soledad del independentismo fue total. La reacción de las empresas y el dinero fue radical: más de 7.000 empresas huyeron de la locura nacionalista. Jurídica y constitucionalmente es inviable y democráticamente nadie puede defender la «privatización de un territorio» que es de todos y que unos pocos se quieren quedar. Curiosa forma de entender la democracia: lo que es de todos, quiero que tras un referéndum sea solo mío.
Es tiempo de soledad para los sensatos, para los que nos gustan los puentes y no las trincheras, para los que creemos en la moderación y no en el radicalismo, para los que nos gustan las discusiones racionales, argumentativas, y rechazamos las manipulaciones emocionales y los discursos que generan odio y exclusión del diferente. Me acuerdo ahora de Suárez, Tarradellas, de Carrillo y Fraga, de Rubalcaba, Peces-Barba, Gabriel Cisneros... Parece que el pueblo español olvida con facilidad lo que no ha sido nada fácil construir. Por eso el respeto a las instituciones es sagrado y ahí el PP y el PSOE se han equivocado gravemente. La única mirada útil es al futuro. El PP tiene una enorme responsabilidad y espero que haya aprendido algo y esté a la altura. Que Feijóo no cometa los mismos terribles errores de Sánchez. No hay populismo bueno, ni de derechas, ni de izquierdas. El PSOE está quemado; lo han quemado Podemos, ERC y Bildu. Son unos compañeros de viaje que la izquierda moderada no puede ni debe aceptar. Necesitamos el PSOE del futuro, que vuelva a recuperar el sentido de Estado y la moderación que siempre ha funcionado en nuestra querida España, hoy excesivamente visceral.
David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.