26-J: un ensayo de perspectiva

Una vez producida la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2000, el socialismo inició un camino equivocado. Sus 7.900.000 votos frente a los 10.300.000 del PP permitían dos salidas: la primera, permanecer en el centro para competir sin poner en cuestión los fundamentos del sistema; la segunda, renunciar a esa competición centrípeta sobre las políticas y activar un proceso centrífugo sobre la política, movilizando y cortejando a un votante disperso y pasivo que pudiera sentirse atraído por una interpretación crítica de la Transición. Se eligió lo segundo y, al hacerlo, se desencadenó un proceso de rédito inmediato -11.300.000 votos en 2008, frente a los 10.300.000 del PP-, pero de efectos devastadores en el medio plazo para el socialismo y para el sistema.

La intensa movilización del radicalismo exigió una teorización y una obra legislativa y simbólica efectiva que poco a poco fue situando a España de nuevo ante las mismas preguntas ya respondidas durante el proceso constituyente, sobre cuya legitimidad se arrojó una densa sombra de duda. Se alteró una agenda política centrada en los problemas de la modernización, hasta convertirla en una agenda sobre la continuidad misma del sistema y el papel de la derecha dentro de él. El estallido de la crisis, y especialmente la terrible sesión parlamentaria del 12 de mayo de 2010, cuando el presidente Zapatero hubo de situar al país ante un ajuste presupuestario de aparente origen foráneo para el que en absoluto había sido preparado, devolvieron transitoriamente la agenda a su terreno anterior e hicieron posible la sólida mayoría popular de 2011.

26-J un ensayo de perspectivaSin embargo, la profundidad de los problemas económicos, la gestión política desarrollada y la fuerza de la movilización antisistema ya iniciada convergieron para dañar drásticamente el apoyo del PP, que en diciembre de 2015 se situó en poco más de 7.000.000 de votos. En ese momento, la vieja aspiración de los revisionistas de la Transición, debilitado y desorientado el PSOE, se hizo extrañamente posible: plantear de nuevo a los españoles el dilema fundamental entre reforma o ruptura sobre la idea de que en aquélla residían las causas de los problemas actuales, y en ésta, las soluciones. El declive electoral de los partidos grandes no obedecía a motivos distintos de los habituales ni era una excepción europea, pero su simultaneidad hizo posible presentarlo, en unos medios quizás poco atentos, como la manifestación de un final de ciclo histórico inevitable.

Que ese dilema haya llegado a dominar el proceso electoral que nos llevó hasta el 26-J debe ser motivo de reflexión para todos. Especialmente para sus promotores, porque se trata seguramente de la única pregunta para la que los grandes partidos podían ofrecer todavía una respuesta solvente y creíble en mitad de sus crisis. Aceptado inexplicablemente que la pregunta clave de las elecciones fuera planteada por Podemos, tanto el PP como -en su circunstancia- el PSOE, pudieron respirar aliviados una vez planteada: «Esa nos gusta, esa nos la sabemos».

La pérdida de electorado del PP y del PSOE tiene causas vinculadas a su forma de gobernar, a la persistencia de la crisis, a los problemas sociales inducidos por un modelo de bienestar que es estructuralmente desigualador, a la corrupción, a un cambio cultural global y a los estilos de liderazgo. Pero ese descontento, aun siendo profundo y duradero, no alcanza el nivel crítico que habría hecho desistir masivamente del voto en presencia de una amenazante descalificación radical al modelo político. Obligar a los españoles a definirse sobre la continuidad de éste constituye un planteamiento político destructivo por polarizador, pero sobre todo electoralmente arriesgado y finalmente perdedor. Pero para saberlo es necesario conocer la historia real de la Transición y no creer en el mito revisionista.

Más aún que la moderada reacción de la derecha es clave el fracaso de ese planteamiento entre la izquierda dura pero con memoria institucional, su rechazo a tomar parte en el asalto a un sistema del que legítimamente se siente parte fundante; una izquierda tan escorada como se quiera, pero constitucional y unitaria. Pensar que quien ha persistido año tras año en el voto a IU, asumiendo resignadamente su infrarrepresentación aun disponiendo de ofertas mucho más rentables o mucho más desestabilizadoras, iba a aceptar sin más prestar su voto a un proyecto que esencialmente ridiculiza el valor de su fidelidad de tanto tiempo, se ha demostrado un cálculo erróneo, especialmente después de la experiencia de 2008-2011.

Paradójicamente, la estrategia electoral de Podemos ha dejado sin papeleta a una parte de la izquierda con cuyo concurso los resultados habrían sido, probablemente, muy distintos. El fracaso de Podemos el 26-J combina una cierta movilización de la derecha con una notable desmovilización de la izquierda.

Esta vez, la utilidad del voto no se dirigía a regenerar el sistema sino a evitar su quiebra, y, tomada genéricamente, también la posición de Ciudadanos puede producir una sensación de impugnación institucional, menos fiable en este punto y menos útil que la del PP.

Por tanto, planteado nuevamente el dilema Reforma vs. Ruptura, el radicalismo no ha logrado imponerse en el espacio de la izquierda. No es que la corrupción, los errores o el distanciamiento de los electores con respecto a los partidos no importen o queden convalidados, es que, para muchos, jerárquicamente se sitúan por debajo de cosas que ahora parecían estar realmente en juego.

Ésto ha de tenerse presente para extraer conclusiones razonables de los resultados electorales, porque difícilmente podrá hacerse girar de nuevo un proceso electoral sobre la disyuntiva agónica que parece estar detrás de la distribución de voto del pasado día 26, y raramente se producirá una nueva retracción de la izquierda como la que ha tenido lugar. Zanjan -o debieran hacerlo- el equivocado camino iniciado por el socialismo español hace ya casi dos décadas, que además de arrastrarlo a él al desastre electoral, ha favorecido procesos disolventes de fractura interterritorial e intergeneracional (no es posible ahora abordar ninguna reforma de la Constitución que no se salde con un claro revés en el País Vasco y en Cataluña), ha desviado la atención de la agenda de modernización y ha permitido al Partido Popular una relajación en la producción ideológica y en la propuesta política cuyos efectos debilitan más la posición del país que la posición del partido, que es y seguirá siendo un depósito de voto fiable cuando lo que se decida sea si se termina o no con el sistema de 1978. La izquierda, sometida forzadamente a la revisión de su propia historia, ha reafirmado mayoritariamente su adhesión a la obra común de la Transición, pese a lo que puedan parecerle las políticas.

Una vez superada la prueba sistémica por un margen suficiente pero nada tranquilizador, una vez constatado que ni la izquierda quiere poner en riesgo el sistema ni la derecha puede ser expulsada de él, quedan pendientes los problemas esenciales. Permanecen la fractura y las dificultades para la formación de un Gobierno, y apenas se revierten las pérdidas millonarias de votantes, que no están contra el sistema, pero tampoco a favor de sus partidos como lo han estado.

Si se hiciera del 26 de junio la coartada para eludir las rectificaciones que los resultados señalan, y no el punto de partida de los cambios de fondo que se necesitan, se cometería un error quizás irreparable. Es verdad que nada de lo que importa podrá hacerse sin activar una nueva corriente de opinión que prestigie la voluntad de acuerdo y la búsqueda de consensos, pero también lo es que, desde 1976, nuestros consensos se han forjado siempre alrededor de un liderazgo que trazó, contra el criterio inicial de muchos, el camino al que luego se sumaron. Así fue, para empezar, con la Ley de Reforma Política y con la propia Constitución, y, luego, con los hitos que marcan nuestra trayectoria de los últimos cuarenta años. El momento no demanda mucho menos que eso. Exige voluntad de gobierno y capacidad de ejercerlo.

Miguel Ángel Quintanilla Navarro es politólogo.

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