29-M: si no es ahora, ¿cuándo?

No exagero cuando digo que estamos en el peor momento y el más trascendental y delicado de los últimos 25 años. Por razones económicas, por la fractura social y también por la degradación democrática e incluso moral. Después de una crisis económica provocada por el exceso de desregulación financiera parece que la solución solo pasa por debilitar más los servicios públicos, como si el magro Estado del bienestar de nuestro país fuera el gran culpable de todo.

Pero lo que viene es más de lo mismo, sin valorar que el déficit se debe principalmente a la caída de ingresos y que los nuevos recortes solo agravarán esta situación, creando más paro. Los gobiernos miran para otro lado cuando los inspectores de Hacienda explican que el 73% del fraude proviene de empresas que ganan más de seis millones de euros al año: por cada euro de recorte en la función pública se dejan de recaudar 60 céntimos, pero se opta por ello, y como consecuencia la crisis es el argumento para hacer que el acceso a la salud y la educación vaya en función de la capacidad económica de cada uno, fiándolo todo a la bondad del mercado.

Y la gran paradoja es que el paro, los más de cinco millones de personas que ahora se utilizan como escudo para justificar la reforma laboral, es en realidad el gran olvidado de nuestros gobiernos, tan obsesionados en contener el déficit. Incluso EEUU se permite dar lecciones a la vieja Europa de cómo salir de la crisis.

La última vuelta de tuerca que nos proponen es la contrarreforma laboral con el objetivo de conseguir el trueque de trabajadores más caros por otros más baratos, y a su vez caminar vertiginosamente hacia un marco de relaciones laborales que en vez de conseguir una mayor implicación del trabajador produzca su absoluta sumisión. De nuevo son indiferentes los datos del detalle contable del PIB, en el que las rentas empresariales superan por primera vez a las salariales en la culminación de un prolongado retroceso de los salarios. Y a pesar de que el sentido común, incluido el de los sectores económicos de la economía productiva, aconsejaría más carga sobre los beneficios empresariales que no se reinvierten. La propuesta está hecha a favor de la empresa y la economía cortas de miras, abocándonos a un escenario de disminuciones salariales, una mayor contracción del consumo y mayor conflictividad social.

En este contexto se presenta la convocatoria de una huelga general el 29 de marzo. Una huelga que se convoca contra una reforma laboral injusta, inútil e ineficaz, que en lo que lleva aplicándose ha multiplicado los expedientes de extinción de empleo. Una huelga razonada y razonable. Y una huelga que se convoca después de muchos recortes, y cuando la perspectiva es continuar recortando.

Y mientras las razones sobran para sumarse a la huelga, a su vez es una huelga con escaso acompañamiento mediático, y sobre la que repite de forma insistente un doble argumento. El primero de ellos discute la utilidad de la convocatoria. El segundo -se dice o se insinúa- es el miedo que hoy recorre los centros de trabajo. Miedo e inutilidad son las razones que se emplean para noquear la indignación y hacer que esta no germine en oposición a las políticas que se están haciendo.

Pero la mejor manera de responder a dichos argumentos es entender que la huelga es el mejor instrumento para decir que la ciudadanía no va a dar un cheque en blanco a la continuidad de dichas políticas. Para vencer los miedos y demostrar su utilidad, la huelga debe poder expresarse de diferentes maneras. Una huelga social del siglo XXI. Una gran movilización donde también sean parte activa los parados, los jubilados, los estudiantes, los precarios, los autónomos. Una huelga social en la que participar sea no ir a trabajar, pero también dejar de consumir, movilizarse, reducir o evitar desplazamientos, consumir menos electricidad. Una huelga que exprese la dignidad de la gente a través de la reivindicación de nuestros derechos. Un momento para decir que no estamos ni vencidos ni resignados. Y una huelga para decir no a la reforma laboral y a los recortes, pero también para decir a la inversión en educación, en salud y a la consiguiente creación de lugares de trabajo para dar asistencia pública y ampliar el Estado del bienestar, al derecho a la vivienda y por la dación en pago. Una huelga como instrumento para hacer rectificar.

Se cree que los derechos que hoy tenemos han sido una concesión graciosa que nos otorgaron tiempo atrás. Lo que hoy nos jugamos es si los derechos que consiguieron madres, padres o abuelos nos los dejamos arrebatar para nosotros y para las generaciones que vendrán. Estamos decidiendo si lo hacemos sin ni siquiera rechistar. Y nos jugamos algo más. Si la salida de la crisis se construirá sobre unos cimientos de una sociedad dualizada o sobre un país basado en valores tan antiguos y tan actuales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por eso me pregunto, si no es ahora, el 29 de marzo de este 2012, si no es ahora, ¿cuándo tenemos que ir a una huelga general?

Por Joan Herrera, Secretario general de ICV.

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