El momento político más delicado de la Transición española se produjo como consecuencia de la decisión del presidente Adolfo Suárez de legalizar el PCE. El rechazo por parte de todos los sectores de la derecha, incluidos los moderados, y las duras advertencias de los altos mandos de las Fuerzas Armadas pusieron al país al borde de un conflicto de dimensiones gravísimas. Tanto el proyecto de democratización de España como la posición política del presidente del Gobierno corrieron esos días serio peligro. Fuera como fuese, el Ejecutivo de Suárez decidió la legalización del PCE el 9 de abril de 1977, un Sábado Santo en el que, por ser vacaciones, era menor la capacidad de reacción de la clase política y de la prensa. Esta decisión estuvo acompañada de la desaparición del Movimiento y de la legalización dos días después del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña).
La legalización del PCE fue la decisión más arriesgada de toda la Transición política, una auténtica obra de artesanía jurídica. La noticia cayó literalmente como una bomba en España. Provocó el estupor y el miedo en la población no politizada, una indignación inmensa en la derecha franquista y una furia irracional en el seno del Ejército. El sábado por la noche, en cuanto la noticia se hizo pública, los ministros militares se pusieron inmediatamente en contacto entre sí y suspendieron sus vacaciones. Una indignación incontenible recorrió todos los cuarteles y la posición del presidente Suárez y la de la propia monarquía estuvo en el aire. Afortunadamente, el Ejército no tenía una cabeza dirigente ni una voluntad política precisa en aquellos momentos. En el extremo contrario, la alegría y el júbilo de los militantes del PCE fueron enormes, aunque siguiendo las directrices del partido los manifestaron con extrema prudencia, para que no se considerara una provocación.
El mayor peligro de la legalización radicaba en una acción inmediata de la ultraderecha franquista. El propio Manuel Fraga calificó lo sucedido como «un verdadero golpe de Estado», aunque pasado el tiempo rectificara. Recordemos que el proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como 'El Alcázar' o grupos políticos como Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar, que centraron sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como el GRAPO, que con sus ataques al Ejército y a las fuerzas policiales alimentaron las posibilidades de un golpe militar. La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977 (Semana Negra), cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la Transición (asesinato de un estudiante por Guerrilleros de Cristo Rey; secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Villaescusa, por parte del GRAPO; matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha, etcétera).
Treinta años después de aquel 'Sábado Santo rojo', recibido con gran alegría por los comunistas y los demócratas y considerado como una gravísima traición por el búnker franquista, es necesario recordar que en la legalización del PCE participaron muchos actores (Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Juan Carlos I, entre otros) y que entre ellos se encontraban los miembros de un partido que durante casi cuarenta años de clandestinidad, persecución y represión se convirtió en la principal oposición del régimen de Franco.
A partir de ese momento se produjo una aceleración política en la que el PCE de Santiago Carrillo fue injustamente castigado en las elecciones generales de junio de 1977, transitó por la deriva eurocomunista y apoyó los Pactos de La Moncloa. Las grandezas y miserias del partido se manifestaron durante estos años, iniciándose la larga y penosa travesía que lo llevó a la creación de Izquierda Unida y a la crisis que esta coalición sufre en estos momentos, en la que se recrudece día a día el enfrentamiento entre el sector afín a Gaspar Llamazares y el PCE de Francisco Frutos respecto a la confección de las listas electorales a dos meses de las elecciones. Pero lo que aquí se dilucida es quién debe mandar para buscar el espacio político de la izquierda alternativa en la España del siglo XXI, es decir, el eterno debate entre revolución o reforma del siglo pasado. De la unidad de 1977 y los años de la clandestinidad se ha pasado a la fragmentación y a la escasa representatividad que caracteriza al comunismo en el mundo occidental. El PCE, a treinta años de su legalización, debe hacer balance de las victorias y de las derrotas de esta experiencia histórica; debe recuperar y reinterpretar este periodo de su historia y debe redefinir su estrategia futura.
Esta catarsis es imprescindible para el resto de fuerzas del espectro político español cuyas lamentables carencias y mediocridades estamos sufriendo los ciudadanos. Cada día se acentúa la impresión de desconcierto generalizado en una política española en la que Gobierno, oposición, prensa y otros ámbitos de la vida pública están embarcados en una nefasta y absurda competición que está destruyendo gran parte de lo conseguido durante la Transición política (pensamiento democrático, dinamismo social, desarrollo económico, integración europea, etcétera). Transición que, con sus muchas carencias e imperfecciones, ha mantenido a raya los fantasmas del pasado, las cruces de Borgoña, los aguiluchos preconstitucionales, la España rencorosa y prepotente.
Daniel Reboredo, historiador.