El Congreso de los Diputados aprobó en octubre la Ley de Contratos del Sector Público que se publicó en el BOE del 9 de noviembre como ley 9/2017. Imaginemos que el BOE, en lugar de seguir el criterio habitual de publicación de las normas, hubiera decidido publicar esta ley en dos documentos: uno, el proyecto de ley que envió el Gobierno, y otro, las modificaciones que le han hecho las Cortes Generales. Así, en el segundo texto leeríamos, aproximadamente, que se aprueba el proyecto de ley 121/002 “con los siguientes condicionamientos y modificaciones”: en el artículo 1 se añade un párrafo estableciendo que “en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales”.…  Seguir leyendo »