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En el año 1985, ante la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), algunos se manifestaron en el sentido que era inconstitucional "de la cruz a la fecha" (Alberto Ruiz-Gallardón). Se lamentaba el que entonces era portavoz del Partido Popular que una ley tan importante se hubiese aprobado por medio del rodillo, esto es, de la amplia mayoría absoluta que disponía el Gobierno socialista, en lugar de consensuarse con la oposición. Y aprovechó para exponer la diferencia entre dos concepciones, a su juicio, enfrentadas: "la socialista, que desea una dependencia del poder judicial respecto del Ejecutivo; y la nuestra, que propone dejar en manos del órgano del Gobierno fuertes dosis de autonomía para que haya una independencia auténtica".…  Seguir leyendo »

La Constitución Española de 1978, en el art. 122.3, después de declarar que el Consejo General del Poder Judicial estará presidido por el presidente del Tribunal Supremo y lo compondrán veinte miembros, declara: «De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y más de quince años de ejercicio en su profesión».

El término «entre», referido a la elección de los doce miembros que han de ser jueces, fue entendido en el sentido de que tanto la propuesta como la elección de los miembros judiciales del CGPJ era cosa solo de los jueces, como sucedía en el Consejo Superior de la Magistratura de Italia, que fue el modelo de los constituyentes y es lo que sucede también en otros países de nuestro entorno.…  Seguir leyendo »

Escribir sobre la independencia judicial obliga a aclarar algo que parece redundante y es que el juez -individualmente considerado- ha de ser independiente. Y para conseguirlo la receta es clara: pruebas públicas de ingreso, especialización como jurista, carrera asegurada sin sobresaltos ni trampas, trabajo valorado con objetividad, sueldo digno, jubilación reglada. Dicho de otra forma: un estatuto jurídico regido por el principio de legalidad, alejado de componendas políticas y asociativas.

Ahora bien, ocurre que el poder político condiciona su carrera y, en este sentido, es tradicional el uso de las jubilaciones (o los antiguos magistrados suplentes del Tribunal Supremo) como arma para influir en la actividad jurisdiccional.…  Seguir leyendo »

Para alejar la política de la Justicia

Una de las propuestas del programa de reforma del Estado presentado por Ciudadanos que ha suscitado más polémica ha sido la de supresión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la atribución de sus funciones al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, asistido por dos adjuntos. He podido leer descalificaciones personales ("botarates", "ignorantes") y de otro tipo ("absurda", "barbaridad", "grandísimo error"). También nos alertan de sus consecuencias: "Acaba con la independencia judicial". Sin olvidar, el consabido ataque gremial que explica el merecimiento de los anteriores calificativos, por la condición de catedráticos de Derecho administrativo que reunimos algunos de los asesores.…  Seguir leyendo »

Independientemente de los magistrados que ascienden a los distintos cargos en función estricta de su puesto en el escalafón, desde siempre aquellos que han de figurar en la cúspide del Poder Judicial –por ejemplo, pero no sólo, en el Tribunal Supremo (TS)– han sido y son elegidos en virtud de otros criterios distintos al de su antigüedad. Durante la dictadura franquista era el Poder Ejecutivo el que designaba a esos altos cargos judiciales que recaían en magistrados que le eran afines.

Con la llegada a España de la democracia en 1978 se despojó al Gobierno de su facultad para realizar esos nombramientos discrecionales, encomendándose ahora la selección, siguiéndose fundamentalmente los modelos constitucionales italiano y francés, a un órgano en principio «independiente» del Poder Ejecutivo como lo sería el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que resuelve, entre otros, los nombramientos del presidente del Tribunal Supremo (TS) y de los magistrados y presidentes de Sala de ese Tribunal, de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias Provinciales o de la Audiencia Nacional.…  Seguir leyendo »

La colonización política de la Justicia

No es sencillo hablar de la politización de la Justicia sin correr el riesgo de ser injusto con algunas personas. Porque si bien es cierto que el control del funcionamiento de la Justicia -por lo que a la judicatura se refiere- se realiza a través del politizado CGPJ, lo cierto es que para materializar ese control se precisa de un cierto número de jueces elegidos por razones fundamentalmente de afinidad política o ideológica. Un cierto número, sí, pero pocos. La mayoría de los jueces en España son ajenos -y hasta hostiles- a este sistema y muchos jueces dan testimonio de ello con su trabajo diario.…  Seguir leyendo »

Las Constituciones en España no se reforman, sino que se deforman. Esto es, en casi todos los supuestos de nuestro constitucionalismo histórico, la reforma de la Constitución, a diferencia de lo que ocurre en otros países democráticos, aparece como un tabú y, por lo tanto, no se utilizan los mecanismos previstos para acomodar la Norma Fundamental al paso del tiempo. Ahora bien, las Constituciones en España, como no se reforman, se deforman, en el sentido de que sin modificar su letra, cambian de significado a causa de que suelen manipularlas los partidos que gobiernan para amoldarlas a sus intereses partidistas y no en beneficio del interés general.…  Seguir leyendo »

Agradezco, una vez más, la hospitalidad de ABC por darme acogida en esta Tercera y brindarme la oportunidad de poder opinar sobre una cuestión de gran calado en el ámbito del gobierno judicial que está pasando en gran medida inadvertida. Me refiero al papel que el Tribunal Supremo está llamado a desempeñar, como institución central de nuestro sistema judicial, en el renovado Consejo General del Poder Judicial una vez que se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, impulsada por el Gobierno de España, está a punto a aprobarse por las Cortes Generales.

Hace unos años y en esta misma sede me sentí obligado a romper mi modesta lanza en defensa del Alto Tribunal ante un atrabiliario proyecto que el anterior Gobierno pretendía llevar a cabo sobre el recurso de casación, en aras de supuestas mejoras técnicas y organizativas, y que, de no haberse frustrado, hubiera convertido al más señero de nuestros tribunales en una institución irrelevante.…  Seguir leyendo »

La Constitución dibujó un Poder Judicial integrado por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Piedra angular del sistema es el Consejo General del Poder Judicial, al que se atribuyó el gobierno de la Justicia. Para garantizar a su vez la independencia de dicho órgano, la Constitución previó que, de sus veinte miembros, doce serían nombrados por el Rey «entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales», siendo los otros ocho designados a partes iguales, a propuesta del Congreso y el Senado, «entre abogados y juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».…  Seguir leyendo »

Hay muchas razones para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Una es, sin duda, que la forma en que se elige a sus integrantes los divide en bloques cercanos a los partidos. Pero hay otras: que el Consejo así nombrado escoge luego a los cargos judiciales con un sistema de cuotas; que funciona con la ineficiencia de los antiguos consejos del Antiguo Régimen; que busca nuevos campos y recursos con el instinto de supervivencia tan presente en las organizaciones como en los seres vivos. Y, sobre todo, que ha resultado un fracaso en su misión constitucional, que es la de ayudar a los jueces a defender su independencia en los casos difíciles por su relevancia social, política o moral e impulsar una cultura de la independencia judicial; pero en la que resulta tan inane que los deja solos ante el peligro, cuando no más desmoralizados y perplejos.…  Seguir leyendo »

En materia judicial siempre ha sido muy difícil para los Gobiernos del Partido Socialista desarrollar una política acertada. Sin duda existen factores de peso y circunstancias atenuantes -como el enraizamiento del pensamiento conservador en la carrera judicial- que han impedido que las políticas de progreso se desenvuelvan en el ámbito judicial con el mismo éxito alcanzado en otros también tradicionalmente muy difíciles para los socialistas como puede ser el militar, y donde no obstante se han hecho importantes cambios y transformaciones en la organización y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas.

Desde la izquierda hemos hablado y escrito mucho sobre esa patología del "corporativismo" judicial expresado con toda crudeza con motivo de la polémica decisión del Consejo General del Poder Judicial sobre la sanción disciplinaria impuesta a un juez de Sevilla a raíz del llamado caso Mari Luz.…  Seguir leyendo »

Por débil que sea la personal esperanza en una regeneración social e institucional (Consejo General del Poder Judicial incluido), hay momentos en que el silencio podría parecer indiferencia y aceptación. Lo que ahora mismo sucede en relación con la Justicia me impone no callar.

Sin duda, es legítimo discrepar de las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. No es legítimo, en cambio, pretender que el CGPJ rinda cuentas ante el Parlamento. Porque el CGPJ es (lo dice la Constitución Española y el Tribunal Constitucional) el principal órgano de gobierno del Poder Judicial, creado para garantía de la independencia judicial y, en un régimen de separación de poderes, esa separación y esa independencia dejarían de existir si lo que decide el CGPJ estuviese sometido al control parlamentario.…  Seguir leyendo »

Formulo el título en términos afirmativos, aunque, a tenor de la experiencia, sería más realista presentarlo como pregunta. Pues tanto al que escribe como al lector, le asiste toda la legitimidad del mundo para albergar un hondo pesimismo y fundada falta de confianza en la autonomía del próximo Consejo General del Poder Judicial. Para temer que pudiera tratarse de otro mandato -visto lo visto, de un número indefinido de años- de malas prácticas y del peor ejemplo en el terreno de la administración de la jurisdicción y del estatuto de los jueces.

Ahora bien, lo cierto es que, al fin, el futuro inmediato de tan malhadada institución quedará en manos de 20 personas.…  Seguir leyendo »

El, por ahora, desenlace del expediente sancionador abierto al magistrado Rafael Tirado por su actuación en la ejecución de la condena de un pederasta no deja en buen lugar la capacidad de respuesta del CGPJ. Sin embargo, esperar de este consejo otra cosa sería pedir peras al olmo .

Ahora, la actuación del juez Tirado se califica de "falta grave" y se sanciona con una de la más leves sanciones previstas para estas infracciones. Se razona que el expedientado no es él único responsable; ello es cierto, pero en materia sancionadora no es aceptable la compensación de culpas. Véase, si no, el informe de la Inspección de Tribunales antes de que estallara el escándalo (finales del 2007), que relata que en el negociado de ejecutorias --la actividad judicial que ejecuta las sentencias-- del juzgado a cuyo frente estaba el sancionado, ni existía control judicial de las ejecutorias, dado que no eran revisadas, ni había mecanismos de control y revisión y, en fin, que ese negociado encontraba ralentizado, por lo que la tramitación de las ejecutorias era deficiente.…  Seguir leyendo »

Por Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo (EL MUNDO, 17/12/07):

La Justicia es una señora embarazada permanentemente de problemas. Testimonio acaso de su fecundidad, pero lo cierto es que todos le agradeceríamos una cierta contención. A veces, sin embargo, del parto sale una criatura rolliza. Tal es el caso de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del pasado 27 de noviembre por la que se anulan algunos nombramientos de magistrados en ese Alto Tribunal. Como se sabe, la promoción a esa elevada categoría dentro de la carrera judicial se alcanza por el nombramiento del Consejo del Poder Judicial, refrendado por el ministro de Justicia, constituyendo ésta su atribución más importante, pues las demás del Consejo podrían ser asumidas sin dificultad por otros órganos del Estado (tal ocurriría con la potestad disciplinaria o la de formación de jueces).…  Seguir leyendo »

Por Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza (ABC, 13/02/07):

TENGO para mí que una de las instituciones mejor considerada y, por ende, en la que más confían los españolitos de nuestra hora es la que podemos denominar, en términos generales, administración de justicia. O, si se prefiere, Poder Judicial. Para hacer esta afirmación, no resulta necesario estudiar las recientes encuestas. Es suficiente con observar el común decir de los ciudadanos. Eso de tener «fe en los jueces» y sus decisiones parece un prius generalizado. Y, por supuesto, todo el mundo aclara que «respeta, acepta y acata» la decisión del juez.…  Seguir leyendo »

Por Antonio Bar Cendón, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia (EL CORREO DIGITAL, 13/02/07):

Se registra en España una creciente e insoportable, verdaderamente asfixiante, bipolaridad. Una escisión política en dos bloques antagónicos cuya confrontación ha permeado las instituciones y buena parte de la sociedad en su conjunto. La confrontación política es normal en los sistemas democráticos y encuentra en los parlamentos nacionales y en las demás instituciones electivas o de representación popular su foro propio de expresión. El problema es que en España, y más que nunca desde el inicio de la actual legislatura, esta simplista y monocorde confrontación política -el tradicional 'o conmigo o contra mí'- ha rebosado el marco de esas instituciones electivas y salpica ámbitos que deberían permanecer absolutamente al margen de la misma, como lo es, desde luego, la Justicia.…  Seguir leyendo »