En España, la Ley sobre la Orden Europea de Detención y Entrega (Ley 3/2003, de 14 de marzo) fue derogada por la de Reconocimiento mutuo de Resoluciones penales en la Unión Europea, (Ley 23/2014, de 20 de noviembre). Mientras la primera constaba de 29 artículos, la vigente tiene nada menos que 200 y es sabido que la complejidad de las normas es deleite de leguleyos porque ofrece múltiples posibilidades de impugnación e incumplimiento.

Conviene contrastar las exposiciones de motivos de ambas normas. Mientras la de la primera hablaba de que se trataba, «de la creación de una verdadera comunidad de Derecho en la que se asegure la protección jurídica efectiva de los derechos ciudadanos y en la que la lesión de tales derechos cuente con la respuesta de un sistema judicial sin fronteras dentro de la Unión», la de la segunda lo hace de que «el principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros y consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la «piedra angular» de la cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea, ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los Estados miembros, al permitir que aquella resolución emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos que permita denegar su reconocimiento».…  Seguir leyendo »