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Caminar solos y a oscuras

Vamos a dejar algo claro: la Constitución reconoce nuestros derechos, no los crea ni los otorga. Habrá que recordarlo en los tiempos recios que llegan, pues es el caso que, con el incomprensible y decepcionante auxilio de la mayoría de la oposición, el frente de la investidura, que antes fue de la moción y después del vaciado de sentido de las leyes, ha apuñalado al Estado democrático de Derecho.

Lo ha hecho al modo schmittiano (de Carl Schmitt), apoyándose en la Constitución. ¿A qué reformarla cuando aquí se la puede retorcer y estirar sin límite? Ha bastado con que el PP interiorizara la imagen deformada que le devuelven los esperpénticos espejos de RTVE y del resto de medios del régimen.…  Seguir leyendo »

El Real Decreto 926/2020, por el que se declara, por segunda vez, el estado de alarma en todo el territorio nacional, designa (artículo 1.2) como autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma al presidente de la misma. Con esta delegación gubernamental, las comunidades -ya lo están haciendo- van a limitar el ejercicio de algunas libertades constitucionales y a coartar los derechos ciudadanos. A los presidentes regionales, como autoridad competente delegada, el Gobierno les habilita (artículo 9) para:

  1. Restringir, salvo causa justificada, la entrada y salida de personas del territorio (o parte del mismo) de cada comunidad autónoma (artículo 6).
  2. Limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos o privados (artículo 7).
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No voy a referirme aquí a los muchos problemas que plantea la reciente declaración, por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del estado de alarma, entre ellos la dificultad, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de decretar un estado de alarma de ámbito nacional que, sin embargo, lo que hace es delegar (dentro de unos límites, claro está) en las comunidades autónomas el dictado efectivo de las medidas a adoptar, dando lugar a una especie de estados de alarma de “declaración autonómica por delegación”, que no concuerda con lo previsto en nuestro ordenamiento constitucional y legal, aparte de que podría originar una variedad de medidas territorialmente desconectadas.…  Seguir leyendo »

La declaración del estado de alarma mediante el real decreto 926/2020, de 25 de octubre, era una decisión obligada. El estado de alarma es el instrumento constitucionalmente adecuado para hacer frente a una crisis sanitaria como la provocada por la covid-19. En los últimos días, diferentes Administraciones autonómicas habían adoptado una serie de medidas restrictivas del derecho fundamental a la libre circulación (“toques de queda” y confinamientos perimetrales de municipios y comunidades autónomas) y otros conexos, que solo tienen cabida en el marco del estado de alarma. A pesar de ello, algunos tribunales avalaron esas medidas generando un nivel de inseguridad jurídica inaceptable en un Estado de derecho.…  Seguir leyendo »

¿Quién iba a sospechar, cuando el pasado jueves el Congreso ratificó en su puesto a Pedro Sánchez rechazando de forma clamorosa la moción de censura con que se pretendía su cese, que el agradecimiento del Presidente del Gobierno iba a concretarse, apenas tres días más tarde, en el mayor desprecio que nuestro legislativo ha sufrido en los últimos 39 años?

Y es que la pretensión de Sánchez de requerir al Congreso para que prorrogue por seis meses el estado de alarma que acaba de declarar equivale a privar durante ese mismo lapso de tiempo a la institución que más genuinamente representa a la ciudadanía de toda capacidad de decisión sobre la naturaleza o el alcance de las graves medidas que se prevén, sustituyendo su efectiva capacidad de control por la mera rúbrica de un cheque en blanco que trasferirá todo el poder al Presidente y a aquéllos en quienes tenga a bien delegarlo.…  Seguir leyendo »

Hablar de un estado de alarma que se prolongará durante seis meses es una contradicción en sus propios términos. El estado de alarma, por su misma configuración constitucional, ha de ser breve y limitado, al menos en el tiempo. Según el art. 116.2 CE, debe durar un plazo máximo de 15 días, y cabe prorrogar «dicho plazo» –no un plazo de mayor duración– con la autorización del Congreso. Es decir, que en ningún caso se puede prorrogar por más días de esos 15, y en buena lógica no permitiría encadenar una prórroga tras otra. Esto se deduce claramente de lo dispuesto para el estado de excepción (art.…  Seguir leyendo »

El estado de alarma es una previsión constitucional para crisis graves que, como cualquier instrumento, por sí mismo no resulta malo ni bueno. Lo que lo ha convertido en un tabú político es el abuso manifiesto de su aplicación que durante la primavera cometió el Gobierno al utilizarlo para anular la transparencia, ningunear al Parlamento y amparar caprichos como el de colocar a Pablo Iglesias en el comité de los servicios secretos. Esa borrachera de arbitrariedad, que llegó a extremos pintorescos, irritó a una población sometida a un largo encierro en el que se le habían confiscado sus derechos, y que sintió como un lógico agravio que las razones de fuerza mayor sirvieran de pretexto a una exhibición de poder sin barreras ni contrapesos.…  Seguir leyendo »

Shutterstock / frantic00

El día 22 de octubre de 2020 España registró 20.986 nuevos contagios, cifra récord que ha supuesto, junto con los datos arrastrados de la semana, la triste noticia de haber superado la barrera del millón de personas contagiadas por coronavirus en España desde el inicio de la pandemia.

Como viene siendo habitual, tanto el Gobierno central como los autonómicos en cuyos territorios se está descontrolando la expansión del virus, han puesto sobre la mesa nuevas medidas restrictivas como plan de respuesta ante la COVID-19.

En concreto, el martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid no descartó la conveniencia de solicitar al Gobierno el establecimiento de un toque de queda para limitar la circulación ciudadana durante determinadas horas del día, manifestación pública a la que se sumaron otros líderes autonómicos, como los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana.…  Seguir leyendo »

Con un Gobierno así no hay democracia que resista

Cuenta la leyenda que la ciudad griega de Argos, fiada a la palabra de su sitiador Cleómenes con quien había ajustado un armisticio de siete días, fue invadida la tercera noche por el ejército espartano esgrimiendo el tirano que no se había estipulado nada sobre la caída de la tarde, si bien luego los dioses vengarían la perfidia de quien entendía, como en los versos de Virgilio, que «valor o engaño, si es con el enemigo, todo es uno». Es lo que ha acaecido en la Comunidad de Madrid tras lo que apalabraron el 21 de septiembre, con alarde de banderas y timbales, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y al que el primero ha puesto fin este viernes a cañonazos.…  Seguir leyendo »

Abracadabra

El auto de la sección 8ª del TSJ de Madrid denegando la ratificación de las medidas adoptadas por Orden 1273/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (OCSCM) deja clara una cosa: que la OCSCM no ha invocado la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Es decir, si la hubiera invocado el TSJ tendría que haber ratificado la Orden.

Se trata, por tanto, de una omisión de la OCSCM y no parece que pueda considerarse como olvido intencionado. Hay que recordar que las declaraciones de actuaciones coordinadas declaradas por el Ministerio de Sanidad han de ser ejecutadas por las comunidades autónomas en ejercicio de sus propias competencias.…  Seguir leyendo »

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 21 de septiembre en Madrid. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Un Consejo de Ministros extraordinario ha decretado el estado de alarma durante 15 días, limitado esta vez a Madrid.

Mediante esta declaración el Gobierno central toma las riendas de la crisis y se responsabiliza de las decisiones que tome en lo sucesivo, asumiendo los eventuales costes sin pedir árnica a otros.

El estado de alarma no permite suspender derechos fundamentales (artículo 55 de la Constitución), aunque sí restringirlos. Aunque la frontera, después de estos ocho meses de pandemia, continúa siendo difusa, todo apunta a que la libertad de circulación volverá a ser ampliamente restringida. No obstante, queda algo de margen para la esperanza.…  Seguir leyendo »

Rompiendo el espejo

Los padres constituyentes (diputados y senadores) que aprobaron la Constitución consideraron imprescindible el estado de alarma para afrontar catástrofes naturales o industriales y epidemias según dejaron claro en los debates de la época. Quisieron que en el propio texto de la Constitución (artículo 116) quedase recogido de forma expresa que la declaración del estado de alarma correspondía en exclusiva al Gobierno por un plazo de 15 días. Y también de forma expresa que su prórroga solo sería posible si el Congreso de los Diputados la autorizaba. Con ello se corresponsabilizaba al Congreso —eventualmente con diputados de la oposición— en la lucha contra la pandemia.…  Seguir leyendo »

Una de las representaciones más exitosas de Estado es la del Leviatán. Acuñada en el año 1651 cuando Thomas Hobbes publicó su libro, su éxito debe tanto al frontispicio que lo acompaña desde entonces, obra de Abraham Bosse, como a la imaginación que hace volar. Es el nombre de un monstruo marino que encontramos en el Antiguo Testamento (Salmos 74: 13-14), descrito en Job 41 de una manera tan vívida que el lector sólo puede sentir terror: la rendición humana ante el poder de Dios. Es elocuente el que, para Hobbes, «ese gran Leviatán que se llama una república o Estado (civitas en latín)», es un «hombre artificial», surgido de «pactos o convenios», «aunque de estatura y fuerza superiores a las del natural, para cuya protección y defensa fue pensado».…  Seguir leyendo »

Poco después de que la Generalitat anunciara el confinamiento de Lleida y otros siete municipios de la comarca del Segrià, un auto judicial paralizaba las medidas. La juez de instrucción número 1 de Lleida no ratificaba la decisión, considerándola desproporcionada.

Ahora se debate si una jueza ordinaria (de un juzgado de guardia en funciones) puede parar una decisión tan trascendental tomada por un gobierno en una situación de emergencia como es una pandemia.

Antes de entrar a analizar el auto, hay que aclarar que la Generalitat solicitó esta autorización y, al hacerlo, estaba dando ese poder a la jueza. La aplicación de las medidas dependía de su ratificación.…  Seguir leyendo »

Tras casi tres meses de confinamiento de la población española a través de la aplicación de un estado de alarma excepcional, cuya denominación más adecuada sería la de una excepción que genera alarma, el Gobierno, con mando único conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a través de las diferentes fuerzas policiales, lleva generando, que no gestionando, cerca de un millón de denuncias por desobediencia a la ingente normativa que rodea esta situación, y que deberán ser tramitadas en las próximas semanas por las correspondientes Administraciones, máxime cuando el pasado 1 de junio se reanudaron los plazos administrativos en virtud del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo.…  Seguir leyendo »

La sexta prórroga del estado de alarma sigue la línea de polémica de las dos anteriores. En ellas me pareció claro que el mantenimiento del estado de alarma era la solución jurídicamente correcta. Sin embargo, en esta sexta estoy confuso y no sé muy bien si estoy a favor o en contra. Me siento como aquel alcalde de la Transición que decía “no sé si ya soy de los nuestros”. Mi duda surge por las “importantes modificaciones” que nos dice el Gobierno que podría tener el nuevo período de alarma; en especial, no veo claro que sea posible delegar en el ministro de Sanidad la competencia para determinar que “unos territorios salgan antes que otros de la alarma por la evolución que tengan" y se me escapan las ventajas del estado de alarma sobre la legislación ordinaria (en primer lugar, la Ley Orgánica 4/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública) para permitir que las Comunidades Autónomas tengan “manos libres” para marcar los ritmos de la desescalada.…  Seguir leyendo »

Un estado de alarma no constitucional

El presidente del Gobierno, en su comparecencia del sábado pasado, nos anunció que iba a solicitar otra prórroga del estado de alarma. Con una desagradable novedad. No contento con colarnos de rondón un estado de excepción, eludiendo los controles que la Constitución establece para éste, aclaró que la nueva prórroga duraría «alrededor de un mes» en lugar de los 15 días de hasta ahora. Rápidamente en los medios se afirmó que la medida era perfectamente constitucional, pues el artículo 116.2 de la Constitución y el 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981 establecían que el plazo máximo de 15 días sólo regía para el decreto inicial, que había servido al Gobierno para activar la alarma.…  Seguir leyendo »

Cada nueva prórroga del estado de alarma trae una nueva polémica política y otra jurídica. Esta quinta, que votará el Congreso de los Diputados este miércoles, nos trae la novedad del voto en contra del PP

Los populares consideran que jurídicamente no es necesario el estado de alarma para mantener las medidas de limitación de la movilidad que los expertos en epidemiología consideran necesarias. Su Plan B consiste en usar la legislación ordinaria para lograrlo, como la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de sanidad pública que permite adoptar disposiciones “oportunas” para el control de los enfermos, así como otras “que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.…  Seguir leyendo »

El periodista Guillermo Cano, director de El Espectador, fue asesinado por sicarios del narcotráfico tras su firme denuncia contra los crímenes del cartel de Medellín y de su líder, Pablo Escobar. Antes de morir, dejó escrito que cuando se pierde la credibilidad, desaparece el prestigio y el respeto de la opinión pública. Esas palabras, pronunciadas por alguien dispuesto a tanto por defender la verdad, me influyeron en gran medida porque creo que, en nuestro tiempo, no hay nada más reprochable a un dirigente público que no tener palabra, que no ser de fiar.

Estas semanas, me ha sido imposible no recordar la reflexión de Cano y advertir de que España tiene un problema de credibilidad que aumenta a diario de la mano de un Gobierno que ha dañado la reputación de un país y que ha perdido el respeto de la ciudadanía.…  Seguir leyendo »

Es posible que a los que hemos pasado por una Facultad de Derecho y hemos estudiado Derecho Romano la palabra dictadura no nos produzca repulsión, al menos no de entrada: el dictador era una magistratura de Roma en tiempos de la República que asumía el poder absoluto en caso de guerra y otras calamidades.

Poder absoluto no implicaba poder arbitrario: el dictador asumía el poder de manera temporal, sometido a la Ley y su función consistía en asegurar la vigencia y la subsistencia de la Constitución -entiéndase, las normas y principios fundacionales- de la República.

Que no nos produzca repulsión -de entrada- no quiere decir que no nos tomemos la palabra con prevención.…  Seguir leyendo »