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EspañaJusticia,

Cuando el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional una ley del Congreso de los Diputados (y lo ha hecho en muchas ocasiones), en ningún caso éste, que es el máximo órgano representativo de la soberanía popular, se ha considerado desautorizado.

Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a anular, por inconstitucionales, sentencias del Tribunal Supremo, éste ha reaccionado desabridamente, alegando que se invadían sus competencias.

Hace unos días, se publicaron en todos los periódicos las quejas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y también del Fiscal General del Estado (antiguo miembro de dicha sala) por considerar que la reciente sentencia del pasado día 20 de febrero, que anula la condena a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, excede de las competencias del Tribunal Constitucional.…  Seguir leyendo »

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Por Bonifacio de la Cuadra (EL PAIS, 04/03/04):

La última edición, por ahora, del desencuentro entre los tribunales Constitucional y Supremo -especialmente desabrido cuando aparece en escena la Sala Civil de este último- ha planteado complicados aspectos de la interrelación entre ambos, así como ha reproducido antecedentes de reproches mutuos más próximos a un ajuste de cuentas que a la aplicación taxativa de las normas jurídicas. En cambio, ha quedado en un segundo plano de esta reyerta el papel de los ciudadanos, siendo así que es justamente la obligada protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales lo que constituye la razón de ser de esos dos importantes tribunales.…  Seguir leyendo »

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Por Pablo Saavedra Gallo, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (LA RAZON, 03/03/04):

Una vez más se ha reproducido la polémica sobre los «desencuentros» Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo. En esta ocasión, el «detonante» es la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en la que declara incursos en responsabilidad civil a once magistrados del TC; sentencia seguida por un acuerdo del TC denunciando la invasión de su jurisdicción. Y también como es costumbre, la mayor parte del debate mediático se ha centrado en los aspectos externos de la cuestión: «eterna pugna TC-TS», «pulso corporativista»...…  Seguir leyendo »

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Por Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, Álvaro Rodríguez Bereijo y Pedro Cruz Villalón, ex presidentes del Tribunal Constitucional (EL PAIS, 26/02/04):

Cuando apenas han quedado atrás las celebraciones conmemorativas del 25º aniversario de la Constitución, una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo viene a añadirse a la, por desgracia, larga serie de desencuentros entre algunas de sus más altas instancias de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, provocando una situación que consideramos está adquiriendo los caracteres de una crisis constitucional.

Resulta, en efecto, enormemente preocupante que dicha Sala de lo Civil, aunque sea sin unanimidad, en una resolución absolutamente sin precedentes, y bajo la forma de una condena por responsabilidad civil, haya entrado, en primer lugar, a examinar la mayor o menor corrección jurídica de la declaración de inviabilidad de una demanda de amparo cuando menos singular, haya concluido en un pronunciamiento de "ignorancia inexcusable" del Derecho y haya condenado, por fin, a todos y cada uno de los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional que adoptó la referida resolución, a indemnizar al demandante de amparo.…  Seguir leyendo »

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Por Margarita Uría, diputada del PNV en el Congreso de los Diputados (EL MUNDO, 17/02/04):

En muy poco espacio de tiempo se han sucedido dos decisiones judiciales que han saltado a las primeras páginas de los diarios. La primera fue la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que condenó a 11 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional a pagar una cantidad de 500 euros cada uno de ellos, en concepto de multa por no haber fundado debidamente la inadmisión a trámite de un recurso de amparo que todo el mundo ha considerado disparatado. La segunda ha sido el Auto de la Sección Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que ha inadmitido la demanda del Gobierno vasco contra la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Partidos (STC 48/2002).…  Seguir leyendo »

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¿La última palabra? Además de Liborio L. Hierro Sánchez-Pescador, catedrático de Filosofía del Derecho; Enrique Peñaranda Ramos, titular de Derecho Penal, y Juan A. Lascuraín Sánchez, titular de Derecho Penal, todos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), este artículo lleva la firma de 46 profesores más de la UAM, así como dos profesores de las universidades Carlos III y de Alcalá (EL PAIS, 13/02/04).