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Hace un cuarto de siglo, entre los casos prácticos que abundaban en los manuales de ética aplicada -sobre todo anglosajones- nunca faltaba el del terrorista que ha puesto una bomba en alguno de los treinta colegios de la ciudad, para que estalle dentro de un cuarto de hora. ¿Debe la policía torturarle para que confiese cuál es el colegio amenazado y así poder salvar a los niños? Siempre contesté que yo, puesto en tal brete, probablemente destriparía al criminal con mis propias manos para sacarle la verdad (y luego, ya metido en faena, al inquisidor que me planteaba la cuestión de marras).…  Seguir leyendo »

De poco sirven ciertas afirmaciones abstractas (España es una democracia, un Estado de Derecho, un régimen parlamentario plenamente normalizado, etcétera) frente a una concreta acusación de tortura. Un Estado de Derecho no se caracteriza porque resulte físicamente imposible que sus fuerzas de seguridad se salten la ley, como parecen interpretar algunos, sino más bien porque en su interior laten dispositivos legales que posibilitan perseguir cualquier actividad criminal, también la realizada por las fuerzas del orden. Son tales dispositivos los que explican que la tortura y los abusos policiales se tornen menos probables en una democracia que en un régimen autoritario. Por ello, el sentido correcto de la línea argumental no es el que encontramos en el habitual «dado que somos un Estado de Derecho, no hay tortura», sino exactamente el inverso: «si no hay tortura, somos un Estado de Derecho».…  Seguir leyendo »