San Agustín, Santa Fe, Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, San Diego, San Antonio, Santa Bárbara, El Paso, Florida, San José, Carolina, Toledo, Alburquerque, Las Vegas, Sacramento, Nevada, San Luis, Colorado, Durango, Santa Cruz, Santa Clara, Palo Alto, Fresno... Estos topónimos son solo algunos de los muchos que todavía hoy, cinco siglos después, se encuentran desparramados por todo el territorio de los Estados Unidos de América.
Quiero creer que en algo de esto pudo pensar Pedro Sánchez cuando, hace unas semanas, reivindicó nuestro idioma en la Universidad de California en Los Ángeles. Afirmó con acierto que el español es una «lengua de progreso, modernidad, futuro y emprendimiento». Y no solo lo anterior, habló también de «la necesidad de protegerlo y darlo a conocer». Creo que, al menos por esta vez, no habrá un solo español que no suscriba las palabras pronunciadas por Sánchez. La cuestión es que, por desgracia, lo que merece la pena defenderse a 9.500 kilómetros de España, no parece que sea tan importante hacerlo a 400 kilómetros de Madrid.
Acabamos de conocer la respuesta trasladada por el Ministerio de Educación a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en relación con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba, al menos, a que un 25% de las clases se impartieran en castellano en esta Comunidad. En dicho escrito el Gobierno, incapaz de garantizar la enseñanza en castellano en toda España, se escuda en que la sentencia no es firme y su interpretación, en todo caso, flexible. No han leído mal, no, la respuesta no es del Gobierno de la Generalidad, es nada menos que del Ministerio de Educación del Gobierno de ¿España?
Esta solicitud de información del Parlamento Europeo es consecuencia de una queja trasladada por la asociación ‘Asamblea por una escuela bilingüe’. Asociaciones de este tipo, hartas de la indefensión de nuestro Gobierno ante los atropellos del separatismo en relación con el idioma, están defendiendo en Cataluña, País Vasco, Baleares, Valencia, Navarra y Galicia los derechos de los castellanoparlantes. No piden la exclusión del vascuence, el catalán o el gallego del sistema educativo, en absoluto. Solo piden poder matricular a sus hijos en un modelo que garantice lo que dice el artículo tres de nuestra Constitución: «El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Por eso está muy bien que el presidente del Gobierno hable del español como lengua de progreso y también de la necesidad de protegerlo. Pero la velocidad se demuestra andando. De nada vale sacar pecho en Estados Unidos si luego en el Congreso se apoya en separatistas, golpistas y testaferros de ETA para entregarles España por fascículos. Los arrestos hay que tenerlos para defender el castellano en Llodio o en Mataró, en Barcelona o en San Sebastián. Se trata de defender nuestro patrimonio común, que es la base de la nación española. En esta materia, como en otras, sobra postureo y falta voluntad política. Si Sánchez, por cobardía o falta de convicción, no está dispuesto a cumplir con su deber, que ceda los trastos y dé la alternativa al siguiente, porque instrumentos existen, y de sobra, para garantizar el cumplimiento de la ley.
Si continuamos respondiendo a los ataques que sufre España y sus señas de identidad con cesiones cada día más intolerables -acabamos de conocer la pretensión de entregar el MIR a la Generalidad rompiendo un pilar básico de la Sanidad- terminaremos haciendo desaparecer España. Cuando el Gobierno no es capaz de plantar cara a quienes quieren romper España, es obligación de todos los españoles hacerlo movilizándonos. Como dice el verso del ‘Cantar del Mío Cid’ «Dios que buen vasallo si oviese buen Señor». España, no hay duda, ha sido y es un ‘buen vasallo’, seámoslo nosotros también hasta que llegue ‘un Señor’ -un Gobierno- digno de tal nombre.
Carlos de Urquijo es Director de Proyectos.