A Europa lo que es de Europa

Por Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca (EL MUNDO, 12/05/08):

El título viene a cuento del Día de Europa, celebrado el pasado 9 de mayo, y de unas ufanas declaraciones de la ministra de Igualdad exhibiendo una sentencia que, según ella, aplicaba por primera vez la Ley de Igualdad de 2007 y declaraba la nulidad de un despido de una mujer por causa de su embarazo. Bibiana Aído apostillaba que era la primera sentencia relacionada con una empleada de hogar despedida por causa de su embarazo. Vayamos por partes. Al César lo que es de César, al Gobierno de Zapatero lo que es de su Gobierno -y del ex ministro Caldera-, pero a Europa, lo que es de Europa.

Todos los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea hacen un aprovechamiento falto de toda ética y estética de los grandes logros de la UE. Y todos se escudan en «decisiones de Bruselas» cuando tratan de eludir responsabilidades ante la ciudadanía o, simplemente, le endosan sus propias culpas a la vilipendiada Bruselas. Los cargos políticos comunitarios allí responden, con resignación bien estudiada, que ese endoso está incluido en su (astronómico) sueldo.

La prohibición de despido de una mujer por causa de su embarazo (no importa, señora ministra, su profesión ni su nacionalidad ni su situación regular o irregular, interina o de plantilla, pues hablamos del derecho de todo ser humano a no ser discriminado por razón de su sexo) se aprobó en la Directiva número 85 de 1992, que daba un plazo para ser transpuesta al Derecho interno de cada Estado antes de octubre de 1994. ¿Recuerdan quién estaba al frente del Gobierno entonces? El muy europeísta -de verdad- Felipe González. Pero se miró hacia otro lado y no se transpuso la Directiva hasta la Ley 39/1999. ¿Y quién gobernaba en 1999? Claro que el presidente Aznar también miró para otro lado durante tres años, pero, al fin, la hizo incorporar a nuestro ordenamiento.

Luego la protección judicial dada a la empleada de hogar no se debe a la excelente Ley Caldera, sino a una norma europea que está en vigor desde 1994. Se hace pasar como éxito propio, del socialismo español de 2007, un derecho que reconocía la legislación europea 13 años atrás y que se explicitaba en una ley española de 1999. Buena prueba de que ese derecho ya se podía exigir en España al amparo de la Directiva 85/1992 es que el Tribunal Constitucional tuvo en cuenta dicha norma, por vez primera, en una sentencia de 23 de julio de 1996 para declarar la nulidad radical del despido por causa del embarazo de una empleada del PP, a la sazón secretaria de una famosa diputada y madre de familia numerosa, ministra después y, además, recientemente nombrada consejera de Estado por el Gobierno socialista, en el puesto de un respetado y admirable antiguo magistrado en el Tribunal Constitucional, y de ejemplar actuación en pro de la integración europea y de su estandarte de igualdad entre mujeres y hombres, cuando fue magistrado del Tribunal de Justicia de la UE. Paradojas de la vida.

También recuerdo, por ejemplo, que en 1992 el Tribunal de Justicia de la UE estimó discriminatorio el cobro de entrada en el Museo del Prado y otros museos nacionales a los ciudadanos comunitarios frente a la gratuidad para los españoles que aprobó el Gobierno de González al poco de llegar al poder. El Tribunal europeo no dijo que los españoles tuviéramos que pagar, sino que con esa norma se discriminaba a los otros ciudadanos de la UE. González, el mismo que propuso crear la ciudadanía de la UE, presentó la medida que restablecía el pago de entrada a los museos para los españoles como una exigencia de Bruselas cuando pudo optar por el gratis total para todos los ciudadanos de la Unión…

Más allá del error anecdótico de la ministra de Igualdad y otros ejemplos poco europeístas, lo que se pone de relieve es que la falta de visibilidad de Europa para la ciudadanía y de interés de ésta por lo europeo se debe, en buena parte, a la mala fe de los gobiernos, y no sólo el español, a la hora de ocultar a la opinión pública el verdadero origen de muchas normas nacionales. Hacen pasar como iniciativas progresistas propias lo que se debe a la espectacular presión normativa de las normas europeas que aprueban en codecisión el Consejo y el Parlamento Europeo. Por el contrario, endosan sólo los marrones a la UE, por ejemplo, el canon digital o el pago en los museos.

Volviendo a la Ley de Igualdad de 2007, ésta se debe a la espléndida Directiva número 73 de 2002, que mejora y desarrolla una norma de 1976, y que debía estar en vigor antes del 5 de octubre de 2005. Por tanto, pudo haberle correspondido al Gobierno de Aznar la gloria de la Ley de Igualdad si hubiera sido diligente. Tampoco se dio mucha prisa por cumplir el plazo Zapatero y llegó la Ley de Igualdad con casi dos años de retraso. Ciertamente, ésta reconoce en el Preámbulo que viene predeterminada en buena parte de su contenido por concretas y múltiples obligaciones exigidas por la normativa europea y la jurisprudencia obligatoria del Tribunal de Justicia de la UE. Esa mención la exige la UE para que se deje ver la naturaleza comunitaria de la norma nacional y su conformidad con el derecho europeo. Pero el preámbulo lo lee poca gente. Y, durante el debate de esa Ley, raramente se hizo mención a que fuera fruto de la integración europea ni por el Gobierno, que lógicamente quería ponerse todas las medallas, ni por la inconsistente oposición del PP en la pasada legislatura.

Claro que en honor de la verdad, del Gobierno y de las Cortes, hay que decir que esa Ley va más allá de lo exigido por las Directivas y abre nuevos caminos y vías a la igualdad que no exige Bruselas. Por todo ello, la receta europea y los ingredientes añadidos en España, es una excelente Ley. Lo que hace falta es que se haga aplicar y cambie comportamientos todavía ancestrales en algunas instituciones del Estado y de la sociedad.

¿Por qué los políticos nacionales y los líderes sindicales, que tanto presumen de europeísmo, acusan a Europa de falta de sensibilidad social cuando buena parte del nivel de bienestar social -además del económico- y protección ecológica de la ciudadanía española se debe a las políticas sociales en sentido amplio de la Unión? Le imputan a la UE el supuesto déficit de la Europa social, habiendo logrado generar un falso tópico sobre la endeblez de esta materia.

Puede hacer mucho más, pero, desde los años 70, la UE ha dado batallas espectaculares en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, como las normas citadas. Se podrían mencionar de pasada otras directivas europeas, por ejemplo, sobre permiso parental por nacimiento o adopción de hijos, o la que permite la inversión de la carga de la prueba en las discriminaciones indirectas -será el empleador el que tiene que probar que no discrimina-, o la igualdad de trato en relación al acceso a bienes y servicios y a su suministro -por ejemplo, el problema de las primas de los seguros que afectan a la larga vida de las mujeres-, o de protecciones de los varones frente a discriminaciones inaceptables (aunque parezca mentira, a veces también son discriminados y… sufren), o la jornada laboral máxima, o los horarios de determinados puestos de trabajos en la sanidad, etcétera.

También podíamos hablar de sus exigentes normas de protección de los consumidores, o de los parques naturales, o de la prevención de la contaminación que por sus costes económicos jamás hubieran sido aprobadas por iniciativa propia de ningún Gobierno de España y, de hecho, somos remolones y cumplimos a la baja y condena tras condena en Luxemburgo… Europa nos ha librado de arbitrarias decisiones como las que provocaron la guerra digital en 1997 o la OPA sobre Endesa; y puede que a nosotros nos libre del céntimo sanitario y a los napolitanos de la podredumbre de sus basuras… Y qué decir de las normas que han llevado a la cohesión social y económica de ciudadanos y territorios y a un bienestar que nunca en la historia de España las generaciones que nos precedieron pudieron soñar.

En junio de 2009, habrá elecciones al Parlamento Europeo y hay que motivar a la opinión pública diciéndole la verdad sobre lo que hace Europa. A mayor abundamiento, España asumirá en el primer semestre de 2010 la Presidencia de la Unión y debe atraer nuestro interés sobre esa importante responsabilidad. Sin duda, también habrá que contar con la ciudadanía para debatir sobre los desafíos pendientes, las debilidades de la integración y ciertos fracasos sonoros. Pero no se debe ocultar lo que de positivo se hace y mucho menos aún apropiarse del capital europeo y hacerlo pasar como propio debilitando a la UE ante la ciudadanía.

Justo es reconocerlo cuando se acaba de celebrar el Día de Europa, 58 años después del inicio de la sin par aventura de 27 estados para compartir un destino común en paz y alto bienestar.