En las últimas semanas hemos oído hablar mucho del Ingreso Mínimo Vital, una propuesta incluida por el PSOE en su oferta de negociación a otros partidos y que podría contribuir a facilitar acuerdos a izquierda y derecha. Esta iniciativa, hecha pública ya en julio de 2015, plantea dedicar 6.500 millones de euros anuales (0,6% del PIB) a asegurar un ingreso mínimo garantizado para los cientos de miles de hogares sin ningún recurso, o con recursos insuficientes, existentes en España. De esta suma, algo más de 1.000 millones estarían destinados a una Renta de Infancia que elevaría a cuantías dignas las miserables prestaciones por hijo a cargo que actualmente reciben las familias más desfavorecidas. Esta propuesta del PSOE no es nueva, ya que en su Conferencia Política de 2013 había adquirido el compromiso de diseñar una garantía de ingresos para los hogares sin recursos y varios de sus programas autonómicos para las elecciones de 2011 y 2015 incluían iniciativas de este tipo.
Dicha propuesta recoge, al menos en su espíritu aunque pueda diferir en detalles, demandas muy extendidas en el mundo sindical y social a favor de una mejora de la cobertura de las prestaciones por desempleo y de las rentas mínimas. Igualmente están reflejadas las propuestas de organizaciones proinfancia (Save the Children, Unicef, Fedaia) para reforzar la protección de este colectivo tan castigado en nuestro país por la falta de políticas de transferencias específicas. Conecta asimismo con demandas ciudadanas expresadas, por ejemplo, en la Iniciativa Legislativa Popular en Cataluña que en 2014 pedía a la Generalitat la creación de una renta garantizada. Está también en sintonía con iniciativas legislativas de CIU en el Congreso durante la pasada legislatura que trataban de mejorar las prestaciones por hijo a cargo, así como con planteamientos más recientes de Podemos y de Ciudadanos encaminados a mejorar la protección de los colectivos más vulnerables.
El PSOE hace una apuesta decidida por acompañar la prestación monetaria con un reforzamiento de las medidas destinadas a favorecer la incorporación al mercado laboral de los beneficiarios de ese programa. Así, se espera que las inversiones adicionales que realizaría el Gobierno central en este ámbito liberarían recursos que las CC AA destinan actualmente a asistir monetariamente a las familias más vulnerables (a través de los programas de Rentas Mínimas) y que podrían destinar así a favorecer la inserción sociolaboral.
A través de este doble énfasis en la garantía de ingresos y la activación, esta iniciativa conecta también con las recomendaciones de organismos internacionales que reclaman a España una mejora de su sistema de protección social y de sus políticas de empleo. Los debates internacionales acerca de la necesidad de modernizar los Estados de bienestar europeos con objeto de que continúen siendo eficaces social y económicamente enfatizan la idea de que éstos deben reparar las situaciones de necesidad, al tiempo que prevengan el surgimiento de nuevas situaciones de exclusión social. Se trataría de apostar decididamente por políticas educativas que acompañen a los ciudadanos a lo largo de su vida y por programas de activación que refuercen y faciliten las oportunidades de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, complementando estas medidas con un programa de garantía de rentas como los existentes en la mayoría de países de nuestro entorno.
El Ingreso Mínimo Vital no es, por tanto, una ocurrencia de última hora improvisada como señuelo para un pacto. Las semillas de la propuesta vienen de lejos, mucho antes de que Podemos defendiera (en abril de 2014) una Renta Básica Universal, propuesta que luego retiraría para desarrollar un programa que presenta muchas concomitancias con la propuesta socialista. A diferencia de la Renta Básica Universal, el Ingreso Mínimo Vital requeriría de un volumen razonable de recursos fiscales, sin desequilibrar los presupuestos públicos, ni precisar de reformas fiscales dudosamente viables.
Las críticas que el PP y sectores mediáticos afines han dirigido a esta propuesta, acusándola de tener un coste inasumible, resultan difícilmente comprensibles. En 2012, España dedicaba aproximadamente 1,4 puntos de su PIB a política de apoyo a las familias y la infancia y 0,2 a la lucha contra la exclusión social, mientras que el gasto medio en estas políticas en la UE-15 era de 2,3 y 0,4, respectivamente. La aplicación de la propuesta de Pedro Sánchez reduciría a algo menos de la mitad la brecha de 1,1 puntos actualmente existente.
Los niveles de vulnerabilidad social y desigualdad existente en nuestro país no permiten la inacción. Poner en marcha esta iniciativa contribuiría a restañar (cierto, solo en parte) la enorme brecha social que la crisis ha generado. No es una cantidad que España no pueda permitirse generando los recursos necesarios a través de una reforma fiscal (evitando rebajas fiscales a los más ricos), luchando contra el fraude y reorientando otras partidas de gasto.
Continuar mostrándose mezquinos con los más necesitados tras una crisis tan devastadora como socialmente injusta sería no solo indigno, sino, fundamentalmente, constituiría una mala decisión económica. Tanto la literatura académica, como los informes más recientes de la OCDE o del FMI, reconocen que la pobreza y la desigualdad tienen costes significativos para una sociedad en el medio y largo plazo, lastrando el crecimiento económico y el progreso social. Las sociedades desiguales presentan peores indicadores de salud y en ellas la población vive menos años. La exclusión social genera fracturas que a menudo desembocan en segregación, deterioro de la confianza, tensiones sociales y violencia. En las sociedades desiguales los pobres y las clases trabajadoras viven muy mal y los sectores más acomodados se sienten inseguros. Mayores tasas de pobreza y desigualdad acarrean índices más elevados de fracaso escolar, de manera particularmente aguda entre colectivos más desfavorecidos: niños que quedarán descolgados y no podrán aportar a la sociedad todo lo que su talento potencialmente les habría permitido si hubieran disfrutado de oportunidades para ello.
La magnitud del reto exige respuestas decididas, y éstas sacrificios razonables que puedan explicarse y ser respaldados por amplias capas de la ciudadanía. Anticipar y prevenir los costes de la desigualdad es una estrategia inteligente y responsable. Y sale a cuenta.
Pau Marí-Klose es profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, y Francisco Javier Moreno Fuentes y Eloísa del Pino Matute son investigadores del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC).