A igual trabajo, igual salario

A finales de los 90, con la movilización sindical y una iniciativa legislativa popular, conseguimos todo un hito en ese momento: equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal con los trabajadores de las empresas usuarias. Si hacían el mismo trabajo, ¿por qué debían cobrar entre un 10% y un 20% menos? Con el tiempo, las empresas han encontrado una nueva fórmula de explotación laboral que les permite, siempre legalmente, pagar menos a sus trabajadores o a una parte de la plantilla: las empresas multiservicios.

Las empresas multiservicios, de servicios integrales o facility services hace años que existen, pero en los últimos tiempos se han convertido en una verdadera lacra en nuestro mercado de trabajo. Hablamos de empresas que ofrecen todo tipo de servicios (limpieza, seguridad, mantenimiento, hostelería, transporte…) a terceras empresas. Las principales son Randstad, ISS, Constant, CTC, ATE, Acciona, Eulen, Iman, Duna Tecnics, Claro Sol, ESC Servicios Generales, Mullor, Avanza, Prosegur Multiservicios, Doctus España (Adecco) o Grupo LD, que ocupan en todo el Estado a decenas de miles de trabajadores. Muchas son propiedad de ETTs.

A las empresas, externalizar parte de su actividad les sale muy a cuenta. Pero la reducción de costes empresariales nunca sale gratis, siempre hay alguien que lo paga, y normalmente no hay sorpresas: son los trabajadores. Las empresas de servicios integrales evitan aplicar a su personal el convenio colectivo correspondiente, ya sea el del sector o el de la empresa contratante, y regulan sus condiciones laborales mediante convenios propios que difícilmente superan el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional.

Algunos ejemplos con nombres y apellidos: una camarera de piso debe cobrar 1.286 euros según el convenio de hostelería de Catalunya, pero a través de Constant cobra 674. Un mozo de almacén tiene un sueldo de 1.292 euros por el convenio de transporte y logística de Barcelona, pero Ranstad le paga 601. El operario de mantenimiento y montaje de categoría más baja en el convenio del metal de Tarragona cobra 1.251 euros; contratado por Instaebre Morelló recibe 683. El convenio estatal de pastas, papel y cartón recoge que los trabajadores que fabrican estos materiales deben cobrar 1.329 euros, pero Torraspapel externaliza plantilla a través de empresas como CTC, que paga un sueldo de 658.

No solo debemos denunciar que se trata de una forma clara y abusiva de reducción de derechos laborales y de salarios, sino que además existe un trato desigual no justificado para trabajos de igual valor, lo que va en contra incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como hemos visto, un trabajador subcontratado a través de una empresa de servicios integrales cobra hasta un 50% menos por hacer el mismo trabajo, muchas veces por una jornada más larga. Los 600 euros que dejan de cobrar la limpiadora de habitaciones de hotel o el carretero de almacén se los están repartiendo como beneficios entre la empresa cliente y la multiservicios. No se trata de un ajuste de costes necesario ni de una mejora de competitividad, sino sencillamente de avaricia.

La crisis se ha utilizado para crear un mercado laboral basado en la explotación: empresas multiservicios que rayan la cesión ilegal de trabajadores, jornadas parciales que esconden horas extras gratuitas –o, en el mejor de los casos, pagadas en negro–, inmigrantes obligados a formar parte de falsas cooperativas en el sector cárnico, grandes operadoras de telefonía que subcontratan empresas que a su vez subcontratan falsos autónomos, un sector de la hostelería que incumple todas las normas laborales posibles… Las nuevas contrataciones que tanto alegran a nuestros gobernantes porque hacen bajar las cifras del paro se están produciendo en estas condiciones. Y lo saben.

No nos podemos permitir esta salida de la crisis. Desde nuestra organización hemos iniciado una ofensiva para denunciar a las compañías que explotan trabajadores a través de empresas multiservicios y para impedir que apliquen sus convenios de miseria. Pero es imprescindible la actuación de los diferentes gobiernos: con la derogación de la reforma laboral, que consolida el convenio de empresa por encima del sectorial; con cambios legislativos para evitar que los trabajadores subcontratados tengan condiciones de segunda realizando el mismo trabajo; con condiciones dignas en las contratas de la Administración, y con una inspección de trabajo que actúe de verdad para frenar el fraude empresarial.

Camil Ros, Secretario general de la UGT de Catalunya.

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