A la octava tampoco irá la vencida

Asistimos, con el escepticismo que produce la contumacia en el error, a la presentación de la octava ley educativa de nuestra democracia: tras la Loece, la LODE, la Logse, la Lopeg, la LOCE, la LOE y la Lomce, llega ahora la Lomloe, también conocida como Ley Celaá. Al igual que sus predecesoras, la Lomloe nace sin consensos transversales y sin los acuerdos de amplio espectro que deberían sostener las políticas de estado. La educación es la más importante de las inversiones a largo plazo que puede hacer una sociedad: los modelos de éxito se basan en marcos legislativos claros, estables, ajenos a las disputas propias de la política cortoplacista del aquí y ahora.

Para no fundirse en la insignificancia del tragicómico manojo de siglas que vino a suceder la ley educativa de UCD, la Ley Celaá debería ser una Ley de Todos, o al menos de una mayoría que vaya mucho más allá de la precaria y voluble aritmética que sostenga al Gobierno de turno. Una ley educativa con vocación de permanencia y servicio a las nuevas generaciones debería contar además con el respaldo de los profesionales de la educación. Tendría que aspirar al acceso universal a una educación de calidad, que facilite la movilidad social, la igualdad de oportunidades y la mejora, adaptabilidad y transformación del tejido económico español.

La Ley de Educación debería sentar las bases de un futuro sin la lacra de un paro juvenil sistémico, sin fuga de cerebros, con menos precariedad laboral, con más competitividad en las diferentes ramas científicas y de conocimiento. En definitiva, una Ley de Educación de largo recorrido debería poder concitar a las mentes más comprometidas del país en una empresa tan apasionante como acuciante: la de educar en libertad a los españoles en el pensamiento crítico para un futuro lleno de desafíos globales. No se trata de una utopía, aunque la exigencia de voluntad política, generosidad y diálogo lo parezca en estos tiempos de mercadotecnia demoscópica y polarización interesada. Sin luces largas, la Lomloe está condenada al fracaso, y nuestros jóvenes a la frustración de sus legítimos proyectos vitales. La Lomloe no solo se obstina, redoblándolo, en el empeño de sus predecesoras en ignorar las sensibilidades políticas ajenas: su proceso de aprobación también excluye, de manera explícita, a las sociedades científicas.

Así, a pesar de las advertencias realizadas, ya en mayo, por las sociedades de Física, Química y Matemáticas, la Lomloe no corrige el grave error que supone la exclusión de las Matemáticas del listado de materias troncales del Bachillerato. Es una ausencia que condena al fracaso a muchos alumnos con vocación científica, pues no se les capacita con las herramientas necesarias para afrontar con garantías las exigencias de una carrera de esta rama tan crucial para el desarrollo tecnológico y económico, la investigación y la innovación. Esta carencia del borrador sigue hoy sin subsanarse.

Además, durante el debate parlamentario se excluyó también a las entidades de la sociedad civil de las comparecencias que habían sido habituales en comisiones anteriores. Una ley de educación que no se esfuerza por convencer no puede arraigar en una sociedad libre: con tales formas y hechuras, la ley nace sin visos de supervivencia. Si en materia educativa, la forma es tan importante como el fondo, cabe también cuestionar el ethos que apuntala esta propuesta legislativa, y que viene a insistir en una filosofía pedagógica que ya ha demostrado sobradamente su fracaso desde que se consolidara en la Logse, hace ya tres décadas. El Real Decreto Ley del 30 de septiembre, lejos de atender las razonables observaciones de los profesionales, adoptó «medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria» que consistían en permitir a los alumnos pasar de curso con asignaturas suspendidas y a las CCAA contratar personal sin la capacitación del máster.

La igualación en la mediocridad perjudica, sobre todo, a quienes dice proteger: a aquellos alumnos que no pueden costearse suplementos privados a una educación pública devaluada, periódicamente zarandeada por los informes PISA, y cuyas tasas de fracaso y abandono siguen siendo catastróficas, casi sin parangón en el mundo occidental. Esto impide que los más vulnerables se suban al ascensor social, perpetuando una injusticia que debería merecer el rechazo unánime de todo el arco parlamentario.

Este nuevo proyecto de ley desaprovecha además una nueva oportunidad para reforzar la Alta Inspección Educativa. Es decir, no solo renuncia de antemano a su permanencia en el tiempo, sino que, en la práctica, se resigna a la irrelevancia, pues será previsiblemente ignorada por unas CCAA que son celosas depositarias de la mayoría de las competencias del ramo.

La falta de un modelo vertebrador de educación común para todo el territorio español no es un problema nuevo, pero se ha agravado en los últimos años con violaciones de los derechos civiles y lingüísticos de profesores y alumnos en varias CCAA, con la instrumentalización de la educación para fines políticos, generalmente disgregadores, y con el incumplimiento generalizado de sentencias de los tribunales en defensa de, por ejemplo, los derechos de los alumnos en lo referido a su lengua materna.

Esto último es especialmente sangrante. Perpetuar la inmersión lingüística en Cataluña, a pesar de los estudios que reflejan que los alumnos castellanohablantes sufren un mayor fracaso escolar que los catalanohablantes, es otro ejemplo de iniquidad. Por si fuera poco, extender este modelo excluyente a otras CCAA como la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares no es más que el reflejo de una clase política que, en el mejor de los casos, considera que admitir y corregir errores es muestra de debilidad y, en el peor, antepone el cálculo político a los intereses de los jóvenes. La enmienda a la Lomloe que abre la puerta a la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza incumple de manera flagrante las recomendaciones del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo realizado por la Unesco. Este estudio global muestra cómo impartir enseñanza a los niños en su lengua materna garantiza el máximo aprovechamiento de la educación recibida.

Durante la Transición, los nacionalistas esgrimían, con razón, el argumento de la lengua materna para defender las lenguas cooficiales y su uso en la enseñanza obligatoria. Hoy, sin embargo, las políticas de inmersión ya no mencionan tan loable fin: su objetivo, bien al contrario, es convertir el castellano, lengua materna mayoritaria de los niños catalanes, en una lengua extranjera. La educación se subordina a la agenda política, esta sí sostenida en el tiempo, de los nacionalismos. Desde el Foro de Profesores hemos venido documentando y denunciando estos abusos. Muy recientemente, y tras recibir una carta firmada por más de 700 docentes y académicos, el gabinete de la ministra Celaá nos denegó una reunión «por problemas de agenda». Nuestro próximo paso será buscar el amparo de las instituciones comunitarias mediante una carta a Mariya Gabriel, Comisaria de Juventud de la Unión Europea.

En definitiva, esta ley no va a solucionar los problemas de una educación que sigue estando muy por debajo del desempeño de sus profesionales, del talento de sus estudiantes y de la concordia real que existe entre los españoles. Su aprobación será otro ladrillo en el muro que impide a nuestros políticos ejercitar la altura de miras que España se merece, y que les condena a pasar con más pena que gloria por sus quehaceres gubernamentales. La ministra Celaá tiene ante sí una oportunidad que muchos españoles de espíritu reformista desearían tener: la de hacer historia, convirtiéndose en la primera ministra de Educación en España que promueve el diseño de una ley educativa con un consenso transversal y con el acuerdo de las asociaciones que representan a la sociedad civil. Se trataría de un empeño tan noble, transformador e inspirador, que nos negamos a perder la esperanza de que la educación se convierta, por fin, en una prioridad común que se refleje en una ley de todos y para todos.

Carlos Conde Solares es profesor de la Universidad de Northumbria y Marta Díez Castellnou es investigadora de la Universidad de St Andrews. Ambos son coordinadores del Foro de Profesores.