A la presidenta del Congreso

Es la segunda vez que me dirijo a la señora Batet, antes como ministra y ahora como presidenta del Congreso de los Diputados. La primera vez lo hice por el susto que me produjo su voluntad de incluir en la Constitución las identidades territoriales. Como considero que mi identidad está caracterizada por su complejidad al beber de fuentes variadas y diversas que no pueden precipitarse en componentes químicos puros, me asustaba la posibilidad de que administrativamente se me purificara, limpiara étnicamente territorializando mi identidad con valor constitucional.

Vuelvo a la carga por otra razón, aunque no esté desligada del todo de la anterior. Decía en la ocasión anterior que quien firma estas líneas es vascoparlante monolingüe, con el euskera como lengua materna, paterna, fraternal, filial. Decía también que, aunque aprendiera el castellano o español en la calle y en la escuela, desde hace muchos años considero el español lengua tan mía como el euskera, tan propia la una como la otra. Añado hoy que toda mi formación intelectual se ha producido en español, latín, francés y alemán. Y que mi labor docente se ha desarrollado tanto en la Escuela Diocesana de Magisterio de San Sebastián como en la EHU/UPV en euskera -salvo las clases a los mayores de 55 años-.

Sin que sea mi poeta favorito, leí de joven la obra de Gabriel Celaya. En una de sus poesías se decía que, gracias en parte al euskera, el castellano podía decir las cosas con claridad, que pronuncia las vocales separándolas claramente, que era el castellano una lengua directa. Pero parece que no es tal el caso. Intelectuales con más autoridad que la mía han hablado de la degeneración a la que está expuesto el lenguaje hoy en día. Alguna vez he reflexionado sobre la razón de que el diálogo tan cacareado y tan poco practicado -algo que suele estar casi siempre en proporción inversa- es imposible si cada hablante se considera dueño del significado de las palabras que utiliza y no respeta el significado objetivo de los términos que emplea, si se cree un pequeño dios que puede crear universos lingüísticos como escenarios y ocasión para la manifestación de su subjetividad, escenarios que puede destruir si no le complacen. La imposibilidad radical del diálogo, del entendimiento, del pacto, de la negociación, pues cualquiera de ellas exige respetar algo objetivo en lo que nos podamos poner de acuerdo. Sin ese mínimo objetivo cada uno queda encerrado en su solipsismo o autismo omnipotente, incapaz de comunicarse con sus semejantes.

Una muy mal entendida idea de la tolerancia, y una también muy mal entendida idea de la libertad (incluida la de expresión) parece que obliga a aceptar que cada cual pueda dar a las palabras que emplea el contenido que le plazca. Pero eso no es verdad, ni conduce a libertad alguna, ni es digno de tolerancia alguna, pues destruye lo que constituye al hombre y no está a su disposición, sino a su servicio siempre que se someta a las normas gramaticales y semánticas -lo que no significa que en ellas no puedan producirse cambios y que los que poseen capacidad literaria no contribuyan incluso voluntariamente a ello-.

Ni en nombre de la tolerancia ni en nombre de la libertad se puede admitir que se renuncie al principio de contradicción ni al principio de responsabilidad. Máxime en el espacio público por excelencia cual es un parlamento, al que no se acude a expresar exabruptos, ni sentimientos, ni simples opiniones, sino a argumentar discursivamente para que se produzca un acuerdo entre quienes pueden tener puntos de vista diferentes al servicio del bien común. Quien habla debe cumplir con reglas mínimas de coherencia. Quien habla debe ser responsable de su acto de hablar, de las consecuencias que pueden producir las palabras que pronuncia. Y debe saber que no puede valerse del fácil recurso de la buena intención. Y todo esto vale con más razón cuando se usa la lengua con la solemnidad requerida por el acto de posesión del cargo de representante de la nación política por medio de promesa y juramento, promesa de acatar la Constitución, juramento de acatar la Constitución.

Si alguien en ese momento dice: «Por la libertad de los presos políticos y exiliados políticos, por la República Catalana, sí prometo», pretendiendo así responder a la pregunta de si acata o jura la Constitución española, está pronunciando una contradicción evidente, está diciendo que promete lo que niega, no está engañando a nadie, está poniendo de manifiesto que no debe lealtad alguna a la CE, sino que se debe en lealtad a otras instancias que nada tienen que ver con la CE ni con lo que esta representa. Por lo menos mis humildes entendederas no dan para más, ni mi pobre castellano, mi pobre dominio del español dan para más por muchas vueltas que le de.

Si en la misma ceremonia solemne alguien que quiere tomar posesión como diputado electo responde a la pregunta citada anteriormente diciendo: «Como preso político y con lealtad al mandato democrático y al pueblo de Catalunya por imperativo legal, lo prometo», está utilizando el acto solemne que requiere un lenguaje solemne y claro que su lealtad no se la promete a la Constitución, sino al pueblo de Catalunya. No creo que sea necesario explayarse diciendo lo que significa pueblo de Catalunya para quien ha pronunciado dicha «promesa» de acatamiento de la Constitución: un ente separado del pueblo español constituido precisamente como comunidad política por la Constitución que los diputados deben acatar, un pueblo entendido precisamente en su separación y diferencia respecto al pueblo español representado en la Constitución que promete acatar.

Esta contradicción que anula lo que dice la promesa se pone de manifiesto con meridiana claridad si quien la profiere se encuentra precisamente procesado por seguir en su actuación política desde funciones públicas del Estado organizado sobre lo establecido en la Constitución lo contrario de lo que implica acatar la CE porque su lealtad no es debida a la CE, sino al pueblo de Cataluña: la contradicción se resuelve al aclarar que la promesa es un engaño.

El TC dictaminó en su momento que se podía variar la fórmula de prometer o jurar la Constitución. La fórmula ante la que sentenció era la de prometer o jurar la Constitución «por imperativo legal». Arguyó que «no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración». No sé, pues no soy jurista, si expresar una contradicción clara y evidente constituye un formalismo rígido. Las normas gramaticales y los significados semánticos son formales pero no creo que se puedan reducir a su formalidad. Son algo más, pues son parte del lenguaje. Incumplir todas las reglas gramaticales del español, y despreciar el significado de los términos recogidos en el diccionario de la RAE, y pretender dialogar con alguien en español no es cuestión de formalismo rígido, sino una simple imposibilidad de hecho.

Las «otras consideraciones» a las que se refiere el TC son el pluralismo, la relativización de las creencias, la libertad ideológica, el pluralismo político. Creo que fue el muy citado Giovanni Sartori quien dejó escrito que el pluralismo solo significa algo si se produce dentro de un horizonte común de referencia; que en caso contrario se trata de yuxtaposición de elementos dispares. Si no tengo a mano la palabra fruta, peras y manzanas no constituyen ninguna clase de pluralismo. Si hablo de frutas, no incluyo piedras. Ahora se está reclamando que el término hombre no incluya a mujer, y que se cambie el diccionario. La referencia a la Constitución española incluye a Cataluña porque incluye a los ciudadanos catalanes que constituyen el universo -parte del sufragio universal al que se refiere la sentencia citada del TC- de la ciudadanía española que elige las Cortes (obsérvese que no se habla del universo de hispanohablantes, ni del universo de quienes se sienten solo o fundamentalmente españoles ni de otras caracterizaciones étnicas, sino de ciudadanos iguales en derechos), pero excluye si no quiere autodestruirse la idea de un pueblo de Cataluña separado y diferente y contrapuesto al pueblo español, un pueblo de Cataluña que no forma parte del universo de ciudadanos españoles que votan en las elecciones al parlamento español. Me niego a creer que el profesor Tomás y Valiente lo viera de otra forma.

Una última indicación. En repetidas ocasiones la ya presidenta del Congreso, la señora Batet, ha afirmado últimamente que es preciso dialogar con los nacionalistas catalanes, pero siempre dentro de la ley. Mucho me temo que el significado de la última parte de la frase, «dentro de la ley», pueda formar parte en un futuro de frases tan contradictorias como las pronunciadas por algunos diputados en el momento de acceder precisamente a su condición de diputado, dejando no entrever, sino ver con mucha claridad, que el acatamiento y la lealtad que dicen prometer no es a la Constitución objeto de la pregunta que se les dirige, sino a la república catalana, al pueblo catalán, al mandato democrático dado el 1 de octubre -para la autodeterminación de Cataluña-, a cualquier objeto menos a la Ley de Leyes que constituye a los ciudadanos españoles en comunidad política.

Joseba Arregi fue consejero del Gobierno Vasco y es ensayista.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *