A los tres inspectores de educación catalanes que han alzado la voz

Esta tarde se presenta en Madrid el libro Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar, un excelente trabajo del inspector de educación jubilado Jesús Rul, que se suma al alud de denuncias ya existente sobre la instrumentalización política del sistema educativo catalán. En la reciente presentación de este mismo libro en Barcelona, Rul defendió abiertamente la recuperación de las competencias en educación por parte del Estado.

Coincidiendo con esta primera presentación, EL MUNDO publicaba una entrevista en la que este inspector explicaba cómo en ocasiones sus informes, especialmente los que se referían a cuestiones lingüísticas, se guardaban en un cajón y cómo, para un funcionario que alza la voz, «la presión más ofensiva es el silencio, el aislamiento, sentir que estás marginado».

Rul fue testigo de la Fiscalía en el juicio por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, que concluyó con la condena por desobediencia a Mas, Ortega y Rigau.

Otro inspector que también declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por este mismo caso fue Rafael Alsina. Al igual que Rul, este inspector, aún en ejercicio, contribuyó a demostrar cómo desde el Departamento de Enseñanza se articuló, a través de las direcciones territoriales, la referida consulta, pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional.

Hace apenas un mes trascendía que Alsina, a raíz de su testimonio ante el TSJC, no fue renovado como coordinador del área de Badalona y que el mismo TSJC, a instancia suya, ha anulado el nombramiento de su sustituto, entre otras razones, por no haberse tenido en cuenta los principios de mérito y capacidad…

Este inspector, también en una entrevista concedida a este mismo diario, denuncia que la Inspección Educativa de Cataluña no se ocupa ni de vigilar los casos de adoctrinamiento ni de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en materia lingüística, por cuanto ambas cuestiones están fuera de su plan de trabajo.

Alsina explica así las consecuencias que tuvo para él dar testimonio de la instrumentalización política de los centros con motivo del 9N: «Noté que ya no contaban conmigo para nada. Mis superiores dejaron de encargarme las tareas que antes me encomendaban (…) sentí que ya no podía prosperar y que mi vida profesional estaba agotada».

Un tercer inspector que optó por no guardar silencio, en este caso en torno a la utilización de los centros educativos para la organización del referendo ilegal del 1 de octubre de 2017, fue Jordi Cantallops. Tras conceder una entrevista, también a este medio, fue víctima de un expediente administrativo, que se archivó en el contexto de aplicación del artículo 155.

En la entrevista se quejaba de la inacción de la Inspección cuando se colocó a los centros educativos en el foco del 1O: «Yo envié dos informes con demandas a las unidades correspondientes, sin recibir respuesta. El Gobierno autonómico ha utilizado recursos públicos para actividades partidistas ilegales y antidemocráticas».

El mismo día que se publicaba la entrevista, la Asociación de Inspectores de Educación de Cataluña (AIEC) emitía un comunicado desautorizando a Cantallops, que fue expedientado tres días después, acusado de una falta «muy grave». De inmediato, la Unión Sindical de Inspectores de Educación de España (USIE) exigió al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el sobreseimiento del expediente que, según este colectivo, constituía «un ataque frontal de la Generalitat a la libertad de expresión y a la independencia y autonomía de la inspección en Cataluña».

Los inspectores de educación eran ya una prioridad del Plan de nacionalización que Pujol presentó a su consejo de gobierno en 1990. Decía aquel infame documento (el denominado Programa 2000) que era esencial «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza», apuntando también que se habría de «vigilar de cerca la elección de este personal».

No parece casualidad que el acceso al cuerpo de inspectores fuese también una prioridad en la regulación de la «nueva República». Formaba parte de las materias que requerían un decreto de urgencia, tal como ha desvelado el análisis de los documentos encontrados en el registro del despacho de Josep Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda de la Generalitat, en la denominada Operación Anubis.

Al hilo de la presentación del referido libro de Jesús Rul he creído oportuno recordar en este artículo a estos tres inspectores (Rul, Alsina y Cantallops) que, en un contexto tremendamente hostil, han arriesgado sus opciones de promoción profesional y su tranquilidad vital priorizando sus obligaciones como funcionarios públicos.

Aunque sean minoría, dicen la verdad. Prueba irrefutable de ello es un documento poco conocido pero muy relevante en el que se recogen cientos de evidencias que corroboran sus testimonios. Se trata de un informe elaborado conjuntamente por la Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana y la Asamblea por una Escuela Biligüe de Cataluña, a partir de multitud de denuncias de padres, alumnos y profesores, recibidas por ambas entidades en los días que rodearon al referendo ilegal de 2017: Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre.

No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Isabel Fernández Alonso es profesora de Comunicación en la UAB, miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *