El espacio de debate que aún queda vivo en el páramo en el que se ha convertido Twitter se mueve entre los aplausos hacia su nuevo jefe y las críticas hacia el circo sin límites en el que se puede convertir a partir de ahora.
Los primeros sueñan con recuperar la sana conversación. Y los segundos viven entre algodones en la política de la cancelación que decidió pulsar el botón de la polarización hacia un mismo extremo en una plaza pública donde son lanzados a los leones todos aquellos que alteren el orden establecido. Y no quieren perder su posición.
Viajemos al año 2020. Cada 45 milisegundos se publica un nuevo tweet relacionado con el Covid-19. El hashtag #Coronavirus se convierte en el segundo más usado. Y es el año en el que la red social, bajo el paraguas de los derechos humanos, termina de precipitar el “infierno para las libertades” al que alude ahora Elon Musk.
El antes y el después de la plataforma llega el 18 de marzo. En pleno confinamiento, Twitter España anuncia en su perfil oficial una serie de cambios en sus políticas internas de aplicación global y alardea de que gracias a ellos han conseguido eliminar más de 2.200 tweets con contenido “engañoso” y “potencialmente dañino” que genera “malestar social”.
Añaden que sus sistemas han frenado a más de 3,4 millones de cuentas que discutían sobre COVID-19 con intenciones manipuladoras. El ejemplo que aporta Twitter es este hipotético tweet: “El Coronavirus es un fraude y no es real -¡sal y visita tu bar local!” o “Ignora las noticias sobre el Covid-19, es solo un intento por destruir el capitalismo derrumbando el mercado de valores”.
El margen entre la moderación y la censura se estrecha hasta límites indefinidos. El cuestionamiento del intelecto y sentido común de las personas que saben diferenciar entre la razón y el sinsentido, también. Los argumentos en su normativa son tan difusos que hacen dudar de su encontronazo con el derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitucional Española.
Pero ese mismo derecho se enfrenta a su vez a una empresa privada y a sus reglas del juego. El abogado y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria Víctor Cortizo recuerda que “no es una red de libertad y libre expresión”. Si entras, aceptas las reglas de su jefe, que son públicas y accesibles para todos. Hasta ahí todos sabemos lo que firmamos. El problema es que vendan lo que no es.
Y bajo ese mantra paternalista y más propia de un escenario de Walt Disney se esconden centenares de cuentas suspendidas, cuyo número total se desconoce. El caso más sonado es el del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otros muchos tratan de volver a la red social con la creación de perfiles secundarios, aun con la amenaza del pájaro: “cualquier cuenta utilizada con el propósito de eludir la corrección de Twitter permanecerá suspendida”.
Y aunque el Covid-19 es el más sonado, otros tantos temas ponen en guardia al ejército de Twitter y su cultura de la cancelación, especialmente aquellos relacionados con las políticas identitarias. Paula Fraga, colaboradora de este diario, que se considera feminista y de izquierdas, ha sufrido el bloqueo permanente de su cuenta en dos ocasiones.
El motivo en una de ellas es el contenido de un tweet en el que expone el caso del nadador Lía Thomas, que en las categorías masculinas se posicionaba en el puesto 462 del ranking y pasó al número uno al competir con mujeres. Su objetivo era defender que el juego dejaba de ser limpio.
La abogada puso el caso en manos de abogados especializados para defenderse frente a las denuncias masivas que llevaron a la plataforma a cancelar su cuenta. Un modus operandi que pasa por grupos organizados en chats privados cuyo objetivo es tumbar toda cuenta crítica con la Ley Trans. ¿Puede una plataforma privada vulnerar la libertad de expresión de una ciudadana que difunde un discurso jurídico y pulcro en forma y fondo? De nuevo, la censura disfrazada de democracia.
Porque el debate será aceptado siempre que se cumpla el guion de lo políticamente correcto. La situación expulsa a decenas de usuarios hacia nuevas aplicaciones como Parler o Truth Social. La primera fue en un primer momento vetada por Google, Apple y Amazon que decidió retirarle el servicio de alojamiento web en sus servidores.
Ambas pasaron a etiquetarse como “conservadoras”. Los gigantes tecnológicos dominadores de la palabra en la web y de 3.800 millones de individuos activos en el mundo han justificado la censura aludiendo en todo momento a la defensa de los derechos humanos. Las libertades que han perdido unos la han ganado otros. Ha llegado un momento en el que se premia el anonimato que, con el poder de la denuncia, sirve de pretexto a las redes sociales para suspender cuentas.
“La comedia es ahora legal en Twitter”. “El pájaro ha sido liberado”. Elon Musk entra con un lavabo a devolver la palabra a los ciudadanos y anuncia un “consejo de moderación de contenidos”.
Y puede que la red social deje de ser una cámara de eco unidireccional y polarizado hacia el mismo extremo. Pero hoy esta criba afecta de lleno a la propia compañía que cerró el año fiscal con una cifra de 493 millones de euros en pérdidas. El número de usuarios activos se encuentra estancado en los 200 millones frente a los 1.000 millones de TikTok.
¿Cuántos de sus seguidores totales son bots usados en campañas para tumbar elecciones y de qué manera conseguirá Musk reducirlo? La compañía asegura que representan un 5% del total, pero su comprador reconoce que el número real puede multiplicarlo por cuatro.
Twitter se ha equivocado en su propia base: cuando tu activo son las personas, tratar de regular su comportamiento es lo mismo que darse un disparo en el pie. Y Musk necesitará algo más que un lavado de cara para curar la herida.
Marta García Bruno es periodista, profesora en la facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria y doctoranda en Comunicación Política.