A qué llamamos transparencia

En estos días, la palabra «transparencia» está en todas las bocas, en el Parlamento, en todos los medios, en todas las tertulias. A tenor de cuántos nuevos casos de corrupción van desvelándose cada día, razones no faltan para que los ciudadanos, primero perplejos y luego estupefactos, acabemos escandalizados ante tanta desvergüenza. La transparencia aparece como el antídoto contra la corrupción y, de hecho, lo es.

Sin embargo, corremos el riesgo de que, bajo el manto respetable de la transparencia exigible, todo esto degenere en puro morbo en un país que ha elevado la picaresca a la categoría de gran literatura: La Celestina, el Lazarillo de Tormes, etc. Los españoles tenemos, sin duda, muchos valores pero debemos reconocer que trampear, engañar, disimular, aprovechar la situación en provecho propio, cultivar el anonimato, y un largo etcétera de similares comportamientos, forman parte de nuestra lista de «antivalores» desde mucho antes de que el Gran Capitán presentara a Fernando el Católico sus célebres cuentas: «Picos, palas y azadones, cien millones de ducados…». Añádase como agravante que la envidia es nuestro pecado capital nacional.

Todo esto se traduce hoy en el éxito de revistas y programas televisivos que deben su éxito al cotilleo y al striptease de quienes, voluntaria o involuntariamente, forman parte de la categoría de los «famosos». Cualquier nimio detalle de sus vidas privadas hace furor mientras en encuestas dedicadas a la población infantil, muchos niños responden con natural inocencia que su deseo es ser famosos cuando sean mayores.

A partir de estas premisas, no es de extrañar que nuestro concepto de transparencia se oponga al derecho a la privacidad. Queremos saberlo todo, del Rey abajo, todo: cuánto gana fulano, en qué gasta mengano, dónde compra zutano, quién es la amante de perengano. Y queremos saberlo para rasgarnos las vestiduras al conocer que un neurocirujano de prestigio internacional, un ministro de Estado, un banquero o un empresario de éxito ganan mucho, muchísimo más que un tornero, un conserje, un barrendero, un enfermero, un maestro o, lo que es peor, que nosotros mismos. Hace tiempo que las repúblicas socialistas soviéticas y su concepto de igualitarismo colapsaron –aunque sus mandatarios, rodeados de opacidad por cierto, siempre vivieron muy por encima del resto de los ciudadanos–, pero la memoria selectiva nos ha llevado a olvidar que, en política y en economía, la igualdad matemática de las retribuciones acaba en inequidad e inhibe el desarrollo por falta de incentivos.

Soy de los que creen que la transparencia en España es manifiestamente mejorable y este es un problema que hay que atajar por higiene social, imagen internacional y ética personal. Sin embargo, no termino de entender esa manía de airear salarios individuales y declaraciones fiscales pormenorizadas y espero que la moda no cunda, entre otras razones, porque los ingresos ilícitos, si los hubiere, no serán visibles en esos papeles. Me parece que la solución pasa por una buena intervención de cuentas, auditorías independientes de todo tipo de instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y mediopensionistas, como los partidos políticos y, en su caso, por la justicia. Desde luego, es necesario revisar leyes laxas que dejan en pocas manos decisiones de las que puedan derivarse golosas rentabilidades. Simplemente porque «quien quita la ocasión, quita el peligro»… Exponer a la mirada pública documentos privados que solo interesan al contribuyente, a la Hacienda pública y, en su caso, a los tribunales, es una práctica que no aporta nada al asunto que nos ocupa y nos preocupa, y sólo sirve para despertar envidias, rencores, reacciones negativas y hacer tambalear la convivencia social, ese otro gran valor en peligro de extinción.

No nos dejemos engañar por ese falso concepto de transparencia que, a veces, se usa como antónimo de corrupción. No demos por buenas sin mayor reflexión las filtraciones de despechados que, en algún momento, han sido colaboradores necesarios de la corrupción que ellos mismos denuncian ahora. La tradición está plagada de pequeñas y grandes corruptelas, quizás hoy magnificadas por la crisis, que los mediterráneos vivimos con toda naturalidad y me temo que estas prácticas están bien asentadas en todas las clases sociales: operarios que cobran una reparación doméstica sin factura ni IVA, subvenciones mal justificadas, recomendaciones a un puesto de trabajo o a la concesión de un crédito, favores solicitados o recibidos, cobro del paro combinado con chapuzas en negro, venta de objetos pirateados, enfermos imaginarios, muertos que siguen generando pensiones, y tantas cosas más que, de publicarse nuestros correos electrónicos o de ser objeto de escuchas telefónicas, quizás nos sacarían los colores. Me dirán que se trata de cantidades menores, de pequeños favores, de gente sencilla que lo está pasando mal… Y tendrán razón. Debemos ser mucho más exigentes con las personas públicas. Pero… y si aquellas otras personas tuvieran algún día responsabilidades públicas y se vieran confrontadas a una tentadora corrupción. ¿Qué harían?

Muchas veces nos admira que en Alemania altas personalidades políticas hayan dimitido al haberse descubierto que plagiaron parte de su tesis doctoral allá en su lejana época de estudiantes, que no pagaron una multa de tráfico o que, ocupando un elevado cargo, consiguieron una rebaja en la adquisición privada de un coche de alta gama. Reconozco en ellos a la misma Alemania en la que yo viví durante los años 70. En aquella época, una vecina y buena amiga de mi suegra alemana –ya muy mayor y casi ciega– la denunció a Hacienda por haber observado que una joven peluquera, hija de otra vecina, venía a peinarla a domicilio cada viernes sospechando que era una actividad profesional en negro. Así era –seis marcos semanales–, tal y como mi suegra y la peluquera reconocieron de inmediato, con gran bochorno, ante el inspector de Hacienda para luego pagar la multa que les fue impuesta a ambas, avergonzadas por su mala conducta. Conviene saber que este tipo de denuncias no son raras, ni mucho menos anónimas, para valorar el hecho de que tal incidente no alterara en nada la antigua amistad entre las tres vecinas, ni impidiera que, con motivo de una multitudinaria fiesta familiar en casa de la denunciante, mi suegra y la peluquera le prestaran sus vajillas, cubiertos y cristalería como siempre lo habían hecho en ocasiones anteriores. A ese nivel de detalle llega la conciencia fiscal del ciudadano de a pie en aquel país. ¿Creen ustedes posible que algo así hubiera podido suceder en España? Y, en tal caso, ¿cuál hubiera sido la reacción de las protagonistas denunciadas?

En todo caso, abogo por la máxima transparencia de las cuentas, tanto en todas las administraciones como en las empresas, partidos políticos, sindicatos y otros agentes sociales, ONG, fundaciones y cuanto tenga contacto con dineros públicos. Pero también creo que el desnudo total en el escaparate público no puede ser obligatorio por respeto a la privacidad a la que todos tenemos derecho en un Estado democrático. Y, por fin, me declaro en guerra contra el anonimato en el mundo real y en el virtual. Salvo en el caso de regímenes autoritarios, único justificable para quienes creemos en la libertad de expresión, solo sirve para amparar la impunidad, las revanchas y los arreglos de cuentas.

Milagros del Corral, asesora de organismos internacionales.

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