¿A quién le importa con quién me case?

Por Beatriz Gimeno, escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (EL PAÍS, 06/06/08):

Al reciente fallo del Tribunal Supremo de California declarando la inconstitucionalidad en ese estado norteamericano de las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo se acaba de sumar Nueva York. La bola de nieve de la igualdad sigue rodando, incluso en un país como Estados Unidos, que aún no ha terminado de superar su ciclo neoconservador.

En realidad, el fallo de California era esperable. Una cosa es que no existan leyes que reconozcan ciertos derechos, puesto que éstos son históricos y producto de largas batallas, y otra muy distinta que sea factible restringir legalmente el acceso a esos derechos, es decir, excluir explícitamente de su disfrute a un grupo de ciudadanos/as y hacerlo, además, en base a una conducta o a una orientación personal perfectamente legal y legítima, considerada igual a otra. Hoy día, ninguna constitución que tenga como uno de sus fundamentos el principio de igualdad puede dar cabida a ese tipo de exclusiones. Por eso la batalla por el reconocimiento de la igualdad legal de los homosexuales, esto es, por el acceso a las leyes matrimoniales (única legislación que en los países occidentales aún consagra la discriminación respecto a este amplio colectivo) está ganada, incluso aunque la victoria no haya sido aún formalizada en la mayoría de los países. No es más que cuestión de tiempo. A la luz del moderno concepto de igualdad no cabe otra cosa.

Los contrarios a la igualdad esgrimen a menudo argumentos jurídicos, pero es evidente que lo que esconde su oposición son argumentos morales: no creen que la homosexualidad tenga la misma legitimidad moral que la heterosexualidad. No nos equivoquemos, ésta nunca ha sido una batalla exclusivamente a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino entre dos modelos de sociedad.

Las luchas económicas y políticas del siglo XX han llevado a la izquierda a defender un modelo de ciudadanía que valora extraordinariamente la libertad individual pero que considera, al mismo tiempo, que esta libertad no puede quedar confinada al ámbito privado sino que tiene consecuencias políticas y sociales. Por el contrario, el modelo liberal-conservador insiste en que esa libertad debe quedar en el ámbito privado, quedando el ámbito público reducido a la expresión de los valores tradicionales.

Fue el movimiento feminista el que contribuyó decisivamente a redefinir los conceptos de lo privado y lo público y, apoyándose en esa redefinición, lesbianas y gays comenzaron a pelear judicial o legislativamente por la igualdad, por la equivalencia, en realidad, de homosexualidad y heterosexualidad tanto en el ámbito privado como en el público.

Si bien la lucha por el derecho a existir en igualdad es antigua, la reivindicación del matrimonio como expresión de esa igualdad es relativamente reciente, y por eso los países que han dado ese paso lo han dado ya en el siglo XXI: Holanda en el año 2001, Bélgica en 2003, Massachusetts en 2004, Canadá en 2005 y España y Suráfrica en 2006 componen ésta aún exigua lista. El resto de países occidentales que cuentan con algún reconocimiento legal para las parejas homosexuales lo hace mediante la figura de la ley de parejas. Los países que comenzaron antes, como los países nórdicos, tienen leyes de parejas que reconocen los mismos o muy parecidos derechos que el matrimonio, mientras que los demás tienen leyes que recogen sólo algunos derechos. Los primeros son un grupo de países que no reconocieron el matrimonio porque cuando aprobaron sus leyes, hace dos décadas, ni el propio movimiento homosexual demandaba la igualdad plena. Se trata de países con una fuerte tradición de combate de las discriminaciones desde el propio Estado; países donde, en general, la homofobia es combatida activamente desde las instituciones y las leyes. Esto ha podido contribuir a que la discriminación que supone el no tener acceso al matrimonio sea menos llamativa puesto que la igualdad es efectiva y está protegida en casi todos los ámbitos. Es el caso de Dinamarca (1989), Noruega (1993), Suecia (1995), Islandia (1996), Alemania (2001), Finlandia (2002), Reino Unido (2005), Nueva Zelanda (2005) y Suiza (2007). En todo caso, el reciente ejemplo dado por España ha hecho que algunos de estos países, como Suecia o Dinamarca, se estén planteando cambiar sus leyes de pareja por leyes de matrimonio.

Finalmente, el tercer grupo, los países, provincias o estados con leyes de parejas parciales, esto es, que recogen sólo algunos de los derechos del matrimonio, son los más numerosos. En Estados Unidos, Columbia (1992), Hawai (1997) y Maine (2004). En Israel (1994). En Europa, Hungría (1996) Francia (1999), Portugal (2001), Austria (2003), Croacia (2003), Luxemburgo (2004), Andorra (2005), República Checa (2006) y Eslovenia (2006). En Latinoamérica, Argentina (en Buenos Aires, 2003), México (en dos estados, Coahuila, 2007, y Distrito Federal, 2007), Colombia (2007-2008) y Uruguay (2008). Y en Australia, el Territorio de la Capital (1994), Queensland (1999, 2002), Victoria (2001), Nueva Gales del Sur (2002), Australia Occidental (2002), Territorio del Norte (2004), Isla de Norfolk (2006) y Australia del Sur (2007). Los movimientos de gays y lesbianas de estos países entienden que la ley de parejas es de menor rango que el matrimonio y en todos ellos sostienen que la batalla social y legal continuará hasta que se produzca la igualdad completa.

El debate que ha precedido a la aprobación de los derechos de las personas homosexuales ha sido el mismo en todas partes. Los conservadores más inteligentes intentan confundir a la opinión pública manifestando que es lo mismo una ley de parejas que reconozca todos los derechos que el matrimonio. La pregunta que cabría hacerse es: si es lo mismo, ¿por qué no es la misma ley?

Claro: es que no es lo mismo, ni para ellos ni para nosotros; y esto es así incluso en el caso de que se trate de una ley de parejas que reconozca exactamente los mismos derechos. Los movimientos de gays y lesbianas siempre han afirmado que esta batalla no era una cuestión de derechos en sentido estricto. Los derechos son importantes, cambian radicalmente la vida de la gente, pero nuestro objetivo iba más allá del hecho de conseguir derechos positivos, era una batalla por la igualdad y, sobre todo, por la dignidad. Somos un colectivo de personas a las que se ha privado de su dignidad durante demasiado tiempo.

No se debe confundir derechos con igualdad ni derechos con legitimidad. Se pueden tener derechos, incluso todos, y seguir siendo desigual. Es tan fácil como ponerle a los derechos de lesbianas y gays un nombre diferente al de aquel que se aplica a los heterosexuales para que las relaciones y las familias homosexuales sigan ocupando un lugar inferior al que ocupan las relaciones y las familias heterosexuales. Algo que no fuera matrimonio (aun con los mismos derechos) hubiera sido incluso más pernicioso que nada, porque hubiera venido a reforzar el mito de que la heterosexualidad es superior a la homosexualidad y que, por tanto, la sociedad la prefiere. Sólo una ley de matrimonio legitima la homosexualidad como igual que la heterosexualidad, merecedora de la misma protección por parte del Estado.

Pero el cambio legislativo, con ser importante, no es lo único que hará desaparecer la discriminación contra la población homosexual. Es necesario un profundo cambio cultural. Un cambio cultural que arrase con una cultura homófoba milenaria. Y ese cambio cultural sólo puede producirse si el Estado otorga las mismas cualidades a la homosexualidad y a la heterosexualidad. Y eso no se logra con leyes diferentes, sino haciendo que la orientación sexual de las personas deje de ser un dato legal relevante para pasar a ser un dato más de la identidad personal.

En eso estamos las personas lesbianas y gays. Porque mientras exista homofobia en cualquier lugar del mundo, no estaremos plenamente a salvo.