El guión, concebido en conversaciones clandestinas, incluso trazado negro sobre blanco en documentos incautados, se va cumpliendo. En enero, la tregua electoral. Ahora, la condena trampa. Todo con el mismo objetivo: regresar a las instituciones para retomar, ya públicamente, la negociación con los objetivos políticos de siempre: la autodeterminación del País Vasco y la anexión de Navarra.
Y los demócratas, ¿qué estamos haciendo? Por emplear la famosa frase con la que Mariano Rajoy denunció otra trampa casi tan triste pero mucho menos truculenta, nos hemos quedado mirando, embobados, el «rótulo luminoso en un solar vacío» que nos han colocado delante esos maestros de la mentira y la manipulación que son los propagandistas armados de Batasuna. Y no sólo de Batasuna. A la operación Blanqueo se han sumado con brío renovado los medios de izquierdas y, lo que es mucho más grave, el propio Partido Socialista con su Gobierno a la cabeza. «¡Oh! ¡Estarían dispuestos a rechazar la violencia futura de ETA!», nos dicen, como si eso constituyese un hito, como si equivaliese a condenar todo lo que ETA ha hecho, defiende y significa, y como si bastara para considerar a Batasuna un partido democrático, compatible con un régimen de derechos y libertades. Y a la par que aplaudan y magnifican el paso de gigante de los nuevos hombres de paz, empiezan a lanzar los primeros dardos contra quienes manifiestan la obviedad de que estos son los mismos perros con el mismo collar.
Lo hizo, para que se supiese, el presidente del Gobierno en la reunión de su Grupo Parlamentario. Lo hizo, a grito limpio, el vicepresidente en la sesión de control. Lo repicó, a modo de consigna, el ministro de la Presidencia 15 minutos después. El Gobierno se acerca a Batasuna y se aleja del PP, al que, una vez más, se intenta presentar como el gran saboteador de la paz.
En este campo embarrado por el engaño y por el cansancio de una sociedad demasiado ocupada en la ímproba tarea de llegar a fin de mes, hace falta más claridad que nunca. En sus dos acepciones: la de la pedagogía y la de la contundencia. Hay que definir bien los conceptos y desmontar las mentiras y medias verdades que podrían ahorrarle a ETA su derrota. Entre esas mentiras y medias verdades hay tres especialmente importantes, por sus implicaciones y por el nivel de penetración que han conseguido en estos últimos años.
La primera falsedad, o si se prefiere equívoco, es la que se refiere a la supuesta distancia, rayana en la ruptura, entre ETA y su brazo político. Llevamos tres años escuchando aquello de los duros y los blandos, los posibilistas y los maximalistas, los halcones y las palomas. La responsabilidad ha sido, sin duda, compartida entre políticos y medios de comunicación. Sin embargo, hay que reconocer la enorme contribución que a la confusión general ha realizado el propio ministro del Interior. El señor Rubalcaba ha acuñado una frase, redonda como muchas de las suyas, que ha hecho escuela: «O Batasuna convence a ETA para que deje las armas o Batasuna rompe con ETA». La afirmación parte de una premisa errónea: la idea de que Batasuna y ETA son dos cosas distintas. No lo son, y lo que es más relevante, tampoco quieren serlo.
La euforia generada en torno a la presentación del nuevo partido de ETA no tiene justificación. Sortu-Batasuna no condena ni va a condenar la historia de ETA porque sería condenarse a sí misma. Y Sortu-Batasuna no rompe ni romperá con ETA porque sería renunciar a su propia existencia. Aquí no hay una batalla entre pistoleros y hombres de paz, ni dos estrategias. ETA y Batasuna son las dos caras de una misma moneda. Forman parte indisoluble de un mismo tinglado del terror cuyo objetivo es el reconocimiento de Euskal Herria. Su estrategia es la negociación con el Estado y sus instrumentos, la política y las pistolas. ETA está dispuesta a enfundar temporalmente las pistolas para que Batasuna pueda hacer política, pero no las va a dejar porque no le interesa. Ni a ella ni a Batasuna. Las armas de ETA son la principal baza negociadora de Batasuna; su pasaporte hacia la autodeterminación.
Por eso, la cuestión relevante no es si los estatutos de Sortu-Batasuna rechazan mucho, poco o nada la violencia de ETA. Los estatutos, por sí solos, nunca han sido determinantes a la hora de dictaminar la legalidad de un partido. Ahí están los de ANV, PCTV y ASB: todos se comprometen con las vías lícitas, democráticas y exclusivamente políticas. La pregunta es mucho más simple: Sortu, ¿es o no sucesor de Batasuna? No hace falta ser un lince, ni siquiera un jurista, para contestar rotundamente sí. Nunca la sucesión ha sido más evidente; nunca ha habido más motivo para aplicar el artículo 12 de la Ley de Partidos. Sortu es Batasuna y Batasuna es ETA. Por lo tanto, Sortu es ETA y debe ser ilegalizado.
La segunda idea que convendría dejar clara en esta encrucijada es la responsabilidad primera, ineludible y fundamental del Gobierno en la vuelta o no a la legalidad de Batasuna bajo sus nuevas siglas. Esta responsabilidad se extiende, por supuesto, a cualquier vía alternativa que ETA intente utilizar para regresar a las instituciones, desde las plataformas hasta cualquier partido desahuciado que se preste a actuar como indigno vientre de alquiler. Aquí, una vez más, las palabras del ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno son motivo de inquietud.
De un tiempo para acá, el señor Rubalcaba aprovecha sus intervenciones públicas y supongo que también privadas para lanzar el mensaje de que corresponde a la Justicia decidir si un partido pasa o no el filtro de la legalidad. Lo ha hecho desde la tribuna del Congreso. Lo ha hecho en calidad de portavoz del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa. Y, lo más significativo, lo hizo en su primera declaración pública tras el anuncio de Batasuna de su intención de concurrir a las urnas bajo unas nuevas siglas. Concretamente, dijo: «Si los Estatutos de ese nuevo partido permiten (a Batasuna) sortear esa situación de ilegalización es algo que corresponde a los jueces». Lo que nos quiso decir el señor Rubalcaba es que si Batasuna vuelve a ser legal, no será culpa del Gobierno, sino del Tribunal Supremo o, más previsiblemente, del Tribunal Constitucional, que ya en su día permitió que se colara Iniciativa Internacionalista.
No especularemos sobre los motivos que pueda tener el ministro del Interior para mostrarse más complaciente que en otras ocasiones: los benévolos y los ingenuos dirán que se trata de una mera estratagema para no soliviantar a ese sector del electorado vasco proclive a pagar un precio por la paz. Los más desconfiados tendremos la sospecha de que algo se trae entre manos. En todo caso, lo importante es que nadie se llame a engaño: si finalmente Batasuna consigue pasar el filtro, bajo las siglas de Sortu o bajo cualquier otra fórmula, será porque el Gobierno ha querido que así sea. Como ocurrió con el PCTV. Como con ANV. Y también como con Iniciativa Internacionalista, que pudo presentarse no tanto por la falta de juicio de los jueces como por la falta de celo del Ejecutivo. A Rubalcaba le corresponde aportar las pruebas contra Sortu y de Rubalcaba será la responsabilidad si ETA vuelve a la legalidad.
Por último, el esfuerzo pedagógico imprescindible para la derrota efectiva de ETA tendrá que abordar, con valentía y claridad, uno de los mitos más profundamente arraigados en la mentalidad colectiva y que más están sirviendo para justificar la vuelta de Batasuna a las instituciones. Joseba Arregi se ha referido a él en muchas ocasiones y ayer mismo en un artículo publicado en este periódico: es la idea de que todos los proyectos políticos son válidos siempre y cuando sean defendidos con métodos pacíficos. No lo son. El proyecto de ETA y Batasuna no es válido porque niega el pluralismo y la libertad. No es válido porque somete a los ciudadanos a la tiranía de la tribu y la identidad. Es un proyecto excluyente, que pretende eliminar física, cívica o políticamente a quienes piensan diferente. En definitiva, es un proyecto «incompatible con un régimen de derechos y libertades». Así lo estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna. Esa sentencia es el mejor antídoto contra el engaño, la apatía y la cesión. No podemos aceptar un canje tramposo de paz por proyecto. No podemos aceptar el proyecto por el que ETA lleva 50 años matando para que ahora nos deje de matar. Batasuna y su proyecto son incompatibles con la democracia y España, menguante y en crisis, es y debe seguir siendo una gran democracia liberal.
Por Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Madrid y portavoz adjunta del Grupo Popular.