Recuerdo los veranos de estudiante en mi pueblo, cuando las campanas de la iglesia se lanzaban al vuelo, al llamado «toque de rebato», que anunciaba algún desastre que había que evitar o combatir, que en la mayoría de las ocasiones se trataba de un incendio urbano o forestal. Como entonces aún no había teléfonos móviles ni emisoras locales, los vecinos corríamos a la plaza del Ayuntamiento a recibir la información de lo que pasaba y las instrucciones de cómo podíamos ayudar. Se producía entonces una explosión de solidaridad ante un riesgo cierto o una catástrofe segura y se abandonaban simpatías y rencillas para unir esfuerzos ante el mal.
He recordado este «toque de rebato» al anunciarse la intención, manifestada desde el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de que la elección de los doce vocales, por mandato constitucional, han de ser jueces -y cuya elección parlamentaria fue introducida en 1985, desposeyendo ya entonces a los titulares de un poder del Estado de la facultad de elegir a sus representantes en su órgano de Gobierno-, pudieran ser elegidos a partir de ahora, no por mayoría reforzada de tres quintos (lo mismo que los ocho juristas no jueces habían de ser elegidos por imperio del Art. 122 CE), sino por mayoría absoluta. Con ello se anunciaba, en realidad, una mutación constitucional por la cual precisamente los vocales jueces del CGPJ iban a ser designados por los partidos políticos que apoyan al Gobierno, en lugar de por un consenso plural con la oposición.
No era solo una añagaza para romper el bloqueo del principal partido de la oposición, que se niega a buscar aquel consenso mientras en él participe el partido de la coalición gubernamental al que considera fuera del pacto constitucional, por su postura ante la Justicia; no se trataba solo de obligar al Partido Popular a sentarse en la mesa de la negociación, porque ya se ha presentado en el Parlamento la proposición de ley, que no proyecto de ley, para evitar la intervención del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado y del propio CGPJ, cuyos informes, con razón, se prevén radicalmente contrarios a la disparatada pretensión de acabar de meter del todo las manos de la política en la Justicia.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 13 de su sentencia 108/1986, después de reconocer que la elección por los jueces de los vocales judiciales era la que mejor cumplía la finalidad perseguida por la Constitución, al aceptar después la constitucionalidad de la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso y el Senado, lo hizo señalando que ya el legislador había tenido la «cautela» de fijar una mayoría reforzada de tres quintos. Esta es la que ahora se pretende dinamitar en los próximos dos meses, poniendo de manifiesto, con evidencia cegadora, su inconstitucionalidad, que se va a sumar a la que podemos considerar sobrevenida en la práctica de las designaciones de vocales de los sucesivos consejos íntegramente propuestos por las Cámaras, en los que se ha atendido siempre a la «división de fuerzas existentes en su propio seno» y distribuyendo «los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos». Eso es lo que literalmente, y en la misma sentencia, el TC consideró «un peligro», pero no suficiente para la inconstitucionalidad del sistema de elección exclusivamente parlamentaria, confiando ingenuamente en que los políticos de partido no aplicaran criterios partidistas en este caso.
Si de verdad lo que se quiere es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, como se proclama al anunciar la reforma, esta es la ocasión de atender a lo dicho por el TC y volver al sistema de elección de vocales judiciales por los propios jueces, como sucede en todos los países de la Unión Europea que tienen establecido este órgano de garantía de la independencia judicial, y que el Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) ha recomendado a España. Como también lo recomienda con carácter general el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) al Comité de Ministros del Consejo de Europa y que este asumió en su recomendación del año 2010, respecto a que «no menos de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial deben ser jueces seleccionados por sus homólogos….». Y como estableció la Comisión Europea, al decir que «en los Estados miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento sobre la independencia de los jueces…», que es justo lo que se va a incrementar exponencialmente si se sigue adelante con la reforma.
Todo lo anterior ha sido recordado en una declaración pública por la Asociación Europea de Jueces (que integra a las asociaciones judiciales mayoritarias de los países de la Unión Europea) y que constituye el Grupo Regional del viejo continente de la Unión Internacional de Magistrados, única ONG judicial de las Naciones Unidas y de la que forman parte los jueces de cerca de cien países de todo el mundo. Llama la atención que su enérgica oposición a la reforma legal anunciada se haya producido a las pocas horas de conocerse.
Resulta, además, sumamente triste, que España vaya a sumarse a lo que está sucediendo en Polonia y Hungría, aunque allí por la acción de la extrema derecha, y que terminemos en un expediente de la UE por vulneración de sus principios constitutivos.
Se ha producido una perceptible alarma no solo en las asociaciones de jueces y fiscales, no solo en los ambientes jurídicos y políticos, se trata del corazón de nuestro Estado de Derecho, de la división de poderes y de la independencia judicial. Ante el anuncio de un mal tan hondo y como en aquellos veranos de juventud, hay que esperar que suenen las campanas «a rebato» en toda España y en Europa.
Ramón Rodríguez Arribas fue presidente de la Unión Internacional de Magistrados.