He leído con cierta inquietud las conclusiones de la última reunión de la llamada mesa de diálogo. En su día ya mantuve, y publiqué en este periódico, que no se trataba estrictamente de una mesa, sino de un simple velador, ya que tal ingenio contaba con una sola pata. Y describí con detalle las otras tres que le faltaban. Además, añado hoy, tampoco en ella se dialoga sino que su objeto es acordar las condiciones para que Esquerra siga respaldando a La Moncloa. La mesa de diálogo se transforma así en un "yo te apoyo y tú me das". Lo había advertido ya Rufián en el Congreso de los Diputados, al sostener en la tribuna de oradores que Madrid no obraba en ciertos temas por convencimiento sino por necesidad. Y repitió, con gran énfasis, el término ne-ce-si-dad. Todos lo sabíamos; pero por si alguien albergaba dudas todavía, la vicesecretaria general y portavoz de ERC, en declaraciones a la agencia EFE, lo acaba de aclarar. Cuando venga el presidente a buscar nuestros votos, ha dicho la señora Marta Vilalta, deberá traer hechos los deberes y ofrecer compromisos concretos. Gracias, doña Marta: lo ha explicado usted muy bien.
En lo que concierne a los acuerdos adoptados, los medios de comunicación informan de que han sido solo dos, relativos al idioma catalán y a lo que se describe como "desjudicialización del procés". Ninguno más. Deseo que así sea, y que no vuelva a suceder lo que ya tuvo lugar en el pasado, cuando alguien se fue de la lengua y nos enteramos de que también se habían discutido otros asuntillos menores. Concretamente tres: los respaldos políticos, la autodeterminación y los dineros. Punto este último que nunca ha faltado en las conversaciones con los secesionistas catalanes.
Respecto al primer capítulo acordado, el del idioma, quisiera señalar que nadie pone en duda el enriquecimiento que supone la pluralidad de lenguas existentes en España. El problema es otro. Y es que en Cataluña han decidido privar a los alumnos de la garantía que les otorga el artículo tercero de nuestra Carta Magna, que establece el castellano como "lengua oficial del Estado", añadiendo: "Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Barcelona ha procurado retorcer ese precepto y consagrar la vieja idea de Pujol: postergar el español y manipular los estudios al servicio de la catalanidad. Ignoro si el ex honorable conocía la famosa frase atribuida al mariscal Pétain. Es ésta: "Las batallas las ganan los militares, pero las guerras las ganan los maestros de escuela". Y eso es lo que el independentismo, durante 20 años, ha intentado: imponer su política sectaria en los centros de enseñanza. Con ello no solo se violenta la ley, sino que se priva a los alumnos de un derecho establecido en la Declaración de las Naciones Unidas de 1959, reconocido en nuestra Constitución y garantizado por los tribunales. Los padres de esos chicos se han planteado luchar por los derechos de sus hijos, y tienen toda la razón. Porque son conscientes de que, con la educación en español -"la lengua de las bestias", según Torra-, se les abren las puertas de más de 20 países, incluyendo EEUU (el español, hoy en expansión, es su segundo idioma), y se les facilita compartir la cultura y la fraternidad lingüística con 600 millones de hispanohablantes.
El segundo tema decidido en la reunión del pasado miércoles es considerado prioritario por los soberanistas: la necesidad de "desjudicializar" el procés. Desconozco los términos exactos del debate mantenido por los componentes de la Mesa, pero algo deseo precisar. Soy diplomático de oficio, y conozco bien los dos pilares en los que se basa mi Carrera: el diálogo y la negociación. Por tanto, he apoyado y apoyaré siempre el diálogo como forma de encontrar un acomodo entre las distintas posiciones. Pero con una exigencia ineludible: mantenerse siempre dentro de la legalidad.
¿Qué es lo que desean en Barcelona con su petición de "desjudicializar"? Muy sencillo: prescindir de las leyes de Madrid, para aplicar las normas caprichosas dictadas por la Generalitat; ignorar los derechos amparados por la Constitución, incluyendo la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, a fin de proteger con prioridad a los del lacito amarillo, únicos que pueden llamarse catalanes (ya se lo dijo Pujol a Josep Borrell: "Usted ha nacido en Lérida, pero no es catalán"); en fin, saltarse las sentencias de los tribunales para defender lo que de verdad les interesa: el indulto y la amnistía. Tengo ya escrito y publicado que la frase "no queremos jueces sino diálogo", tan cara a los golpistas, es lo que sostienen todos los delincuentes de este mundo. Porque no buscan un arreglo justo, sino la impunidad.
¿Desjudicializar, ha dicho usted?, lo que se precisa hoy en Cataluña es otra cosa: implantar el Estado de derecho y el imperio de la ley. Es decir: la democracia. Y hacer que se cumplan lo que los supremacistas califican despectivamente como "leyes de Madrid", incluyendo no solo la Constitución (votada libremente por el 92% de los catalanes) sino las sentencias de los tribunales, resultado del trabajo serio, competente y ejemplar de los togados. Porque en eso consiste el compromiso con la libertad que con la Transición nos hemos dado.
Esto, en lo que se refiere al encuentro del miércoles pasado. Para la próxima reunión del Velador, que supongo a más alto nivel, voy a prevenir a los negociadores sobre un punto que alguien podría suscitar: la autodeterminación. Los secesionistas catalanes insisten en el tema y suelen mencionar, como teoría, la doctrina de la ONU, y como práctica, las consultas celebradas en Quebec. En ninguno de estos casos les asiste la razón. El Tribunal Supremo canadiense, en su famoso dictamen de agosto de 1998, declaró tajantemente lo que sigue: "En Canadá, no existe el derecho de autodeterminación" y, por tanto, Quebec no lo puede invocar. Eso mantuvieron, por unanimidad, los nueve magistrados del Alto Tribunal, entre los que se incluyen, por imperativo legal, tres Jueces de Quebec.
Tampoco cabe en Cataluña, añado yo, donde no lo permiten ni los preceptos del Derecho internacional, ni la doctrina de las Naciones Unidas ni nuestra Constitución. Los separatistas citan en apoyo de sus tesis la resolución 1514 (XV), conocida como Carta Magna de la Descolonización, y subrayan el punto segundo de ese documento, porque piensan que les favorece. Pero, como consumados maestros en las difíciles y sutiles mañas de saltarse lo que no les aventaja, pasan por alto las estrictas condiciones fijadas en el párrafo primero. Y algo más: olvidan referirse al apartado sexto, que afirma lo siguiente: "Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
Es el mismo postulado que contienen dos documentos clave: el Acta Final deHelsinki (1975) y el Tratado deLisboa (2007). Tanto en uno como en otro caso se defiende un principio básico para el desarrollo pacífico de las relaciones internacionales: el respeto a la integridad territorial de los Estados. Y es bueno tenerlo presente. En lo que a la Unión Europea se refiere, habrá que decir a los integrantes de la mesa de diálogo, de la actual y de las que hayan de venir en el futuro próximo, que los intentos rupturistas no tienen cabida en el proyecto europeo. Eso lo saben y lo han repetido numerosas veces en Bruselas; los soberanistas catalanes no se han enterado todavía.
José Cuenca es embajador de España.